Nunca en la historia de la Generalitat ha habido un fracaso tan rotundo como los errores cometidos en las oposiciones de personal eventual que han llevado a la suspensión de las pruebas y dimisión de la directora general de la función pública. Nunca por ahora había habido tantos altos cargos y medios personales en la función pública, con una cúspide configurada por la consejera, la secretaría general de función pública, la directora general de función pública y los correspondientes jefes de servicio y secciones, que además cuentan con la ayuda académica de la escuela de función pública. La incapacidad del gobierno Aragonés para realizar cosas que son normales, como llevar a cabo unas oposiciones, señala un problema estructural que sólo puede resolverse con unas nuevas elecciones.
Pero esta manifestación de incapacidad afecta a aspectos mucho mayores y profundos. Unos los vemos porque la realidad los hace evidentes, pero otros permanecen ocultos hasta que acaban estallando. Entre las evidencias está la sequía.
No se trata sólo de que en estos momentos el gobierno todavía esté negociando un plan para darle respuesta, que no resolverá la ruina literal de la agricultura y ganadería catalana, sino que el problema arranca de mucho antes, de años de dejadez, fruto del desconocimiento, la irresponsabilidad o ambas cosas.
Concretémoslo: Cataluña es un país que vive estructuralmente, por razones geográficas y climáticas, en una situación de estrés hídrico. Este concepto hace referencia a las dificultades que puede tener un determinado territorio para disponer de la cantidad de agua necesaria. La escala internacional, que sitúa el mayor o menor riesgo, define 4 niveles:
- Menos de 500 m³ por habitante y año, que es un escenario extremo y en el que el agua se convierte en un problema vital.
- De 500 a 1.000 m³ por habitante y año, señala una situación de escasez de agua alta y puede provocar limitaciones en su uso cotidiano.
- De 1000 a 1700 m³ por habitante y año, se considera una situación de escasez de agua moderada y puede provocar restricciones en períodos de sequía.
- Y un último nivel, más de 1.700 m³ por habitante y año, en el que el agua no representa ningún problema en ningún escenario.
Estas cifras estándar pueden verse modificadas a consecuencia del cambio climático y el aumento de las temperaturas, porque su consecuencia es el aumento de la evaporación y de la evapotranspiración que, por un lado, reduce la disponibilidad de agua y, por otro, genera una mayor exigencia de consumo humano y sobre todo por parte de la vegetación.
Cataluña, según el plan hidrológico de 2020, tiene unas disponibilidades en condiciones normales de 1.197 m³ al año y por habitante, o sea que está ligeramente por encima del segundo nivel, aquel que define una escasez alta y al inicio del tercero que determina problemas cuando hay sequía.
En estas condiciones, una administración pública normal realiza obras públicas para prever que no falte el agua, no ya de boca, sino en la agricultura. No es el caso de Catalunya. El estado de los regadíos de nuestro país, con la salvedad del más reciente del Segarra-Garrigues (que también sufre el problema de la falta de agua por imprevisión), son los que técnicamente han evolucionado menos de toda España. En el Canal d’Urgell, de los mayores, se sigue regando más o menos como en tiempos de los árabes, con canalizaciones abiertas en las que el agua se evapora y a manta, es decir anegando el terreno, que tiene una eficiencia bajísima.
Comparamos nuestra situación con la de Israel. Este país tiene unas disponibilidades de sólo 225 m³ al año por persona. Y a pesar de ello tiene una agricultura de regadío potente y no tiene problemas de agua. Es para hacérselo mirar, 4 veces menos recursos por habitante, riegan sin problemas y no hay restricciones para el consumo humano ni industrial como las que imperan en Cataluña.
Si a este hecho se le añade que los períodos de sequía son recurrentes en nuestro clima; es decir, se producen periódicamente y con cierta regularidad, es evidente que la imprevisión es brutal.
Y como todo lo que se hace mal puede ser peor, basta recordar que, además, la Generalitat de Catalunya es la que tiene una mayor tributación autonómica. Y no es poco. Un 23,8% más que la media de las demás comunidades españolas. Le siguen a distancia la Comunidad Valenciana (16,3%) y Aragón (15,3%). Madrid es la que tiene la presión fiscal más baja (-23,8%), inferior a la media, junto al País Vasco.
Esto es lo que en catalán se dice ser cornudo y pagar la bebida.
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