Los daños que el actual período de sequía provocará serán extraordinarios.
En primer lugar, en la agricultura, donde las pérdidas pondrán en riesgo muchas explotaciones de secano y regadío, porque las dosis de riego se habrán reducido un 40%. La plana de Lleida y la fruta dulce sufrirán. El cultivo del maíz resulta imposible y deberá ser sustituido por opciones menos rentables. Las comarcas que riegan de las cuencas internas de Catalunya tendrán las mayores afectaciones.
Pero también la industria se verá afectada por las reducciones y creará una factura, consecuencia de la irresponsable imprevisión del gobierno de Catalunya.
Algo que no se limita sólo a la actual, sino que se arrastra desde la última sequía en el 2008. Pero que en la actual toma toda su dimensión porque tenían años para actuar y no lo han hecho. Han visto cómo la Agencia Catalana del Agua (ACA) estaba prácticamente en bancarrota y sólo tenía recursos para pagar los intereses de su gran endeudamiento, lo que ha paralizado todo tipo de obra y, pese a esta realidad, no se ha hecho nada para evitarlo.
Lo que ocurre es que el actual gobierno de la Generalitat sufre una muy grave incapacidad técnica y política, en el sentido que más importa, la capacidad de diseñar políticas públicas. Más atentos a los artificios del diseño y de la imagen que a la realidad, como demuestra el cambio de nombre del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación por el de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Son incapaces de pedir y hacer lo que conviene. Y éste es un hecho que en el caso de la sequía censura a la titular del departamento, Teresa Jordà i Roure, una licenciada en Historia que ejerció de guía en el Monasterio de Ripoll y trabajó en la oficina de Correos del municipio. Y al propio presidente de la Generalitat Pere Aragonès, que se caracteriza por tener tantos asesores que incluso tiene uno para aconsejarle cómo vestirse.
Ahora, a toda prisa, han aprobado nueve acciones prioritarias: la desalinizadora en Blanes, el incremento de potabilización en Sant Joan Despí, la mejora de la capacidad de tratamiento de Abrera y Cardedeu, nuevas captaciones y potabilizaciones en el Besòs, ampliación del tratamiento biológico de la depuradora de El Prat, la corrección de las escandalosas fugas en Badalona, la ampliación del aprovechamiento de las aguas regeneradas en la Zona Franca, así como en las depuradoras de Sabadell, Cerdanyola y Sant Cugat y nuevos pozos por la potabilización de Sant Joan Despí.
Pues bien, de todas ellas, salvo esta última intervención que es de emergencia, las ocho restantes son obras estructurales que están previstas desde hace años y que no se han llevado a cabo. En otras palabras, el listado de actuaciones es la mejor demostración de la incapacidad del gobierno de haber realizado en tiempo y forma lo que le tocaba hacer.
Cataluña es, en el ámbito español, la décima comunidad con riesgo de sequía, prácticamente al mismo nivel de la Comunidad Valenciana, con índices acusados como los de Valencia en lo que se refiere a la agricultura. Sabiendo este hecho, conociendo que el riesgo de sequía es permanente y no circunstancial, teniendo conocimiento de las predicciones de los modelos del cambio climático relacionados con las precipitaciones, no se entiende no haber hecho nada durante estos últimos años, incluso cuando la sequía hace meses que era una evidencia.
Por si esto no fuera suficiente, que lo es, cabe preguntar al gobierno de Cataluña qué pasa con la conexión de la cuenca del Ebro por medio del Consorcio de Aguas del Tarragonés con las cuencas internas de Cataluña, la red de aguas ¿Ter-Llobregat? Se trata de una obra inacabada y de fácil resolución en tiempo y dinero. Poco más de 3 meses de trabajo. Pero ¡vaya! el gobierno no se atreve a llevarla a cabo porque es el paso de una cuenca a otra. Además de incapacidad, hay miedo.
En estas condiciones, con un gobierno ultraminoritario, que vive de favor en el Parlamento y que no sabe abordar las grandes urgencias del país, sólo hay una respuesta racional en una democracia: disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones para que sean los ciudadanos de Cataluña quienes resuelvan cómo debemos ser gobernados para salir de este extremado callejón sin salida.
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