La dramática expilación de un centenar de emigrantes que vivían en una nave de Badalona y que provocó un gran despliegue de los Mossos y situaciones de tensión en las personas que allí vivían, y que ahora se encuentran en la calle, y la gente que les apoyaba, muestra claramente las contradicciones políticas del momento en el que vivimos.
Los Mossos, como siempre, dieron la cara, como instrumentos que son de las decisiones judiciales, y ésta se produjo porque el propietario del almacén no aceptó ningún acuerdo ni aplazamiento de los plazos. La dimensión política del caso se multiplica por el hecho de que el titular era la SAREP, es decir, el llamado “banco malo”, que es el organismo creado por el estado para acoger en su momento activos inmobiliarios de la banca en crisis. En definitiva, se trata de una instancia que, en último término, depende del gobierno del Estado.
Y aquí es donde estalla con toda su fuerza la contradicción. Un gobierno de izquierdas en Madrid integrado por socialistas, podemitas y comunistas asume con indiferencia como gente que no dispone de nada es expulsada de donde vivía, a pesar de tener en su mano, precisamente por la titularidad pública del bien, haber encontrado una solución, y que esto se produce además en una ciudad, Badalona, donde la conjunción de todas las fuerzas guiadas por la izquierda y ahora gobernadas por los socialistas echó al alcalde del PP, Xavier García Albiol.
En torno a estas necesidades se han organizado mafias, que son las que realmente realizan, organizan, dinamizan y se lucran de las okupaciones que, en gran parte, afectan a personas privadas a las que les desgracian la vida. Ante este fenómeno creciente, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno español, como son tan de izquierdas, se ponen de perfil porque consideran que el atrocinio de la okupación es «una respuesta social» en lugar del resultado de organizaciones de delincuentes que se lucran de las necesidades de vivienda mal satisfechas por nuestros gobiernos.
La información sobre el modus operandi de las mafias que viven de okupar pisos es ya bien conocida por los juzgados.
Todo ello dibuja una situación tan contradictoria como caótica, y tan injusta que llama a la insumisión.
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