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Badalona: cuando estallan las contradicciones de la política de vivienda

La dramática expilación de un centenar de emigrantes que vivían en una nave de Badalona y que provocó un gran despliegue de los Mossos y situaciones de tensión en las personas que allí vivían, y que ahora se encuentran en la calle, y la gente que les apoyaba, muestra claramente las contradicciones políticas del momento en el que vivimos.

Los Mossos, como siempre, dieron la cara, como instrumentos que son de las decisiones judiciales, y ésta se produjo porque el propietario del almacén no aceptó ningún acuerdo ni aplazamiento de los plazos. La dimensión política del caso se multiplica por el hecho de que el titular era la SAREP, es decir, el llamado “banco malo”, que es el organismo creado por el estado para acoger en su momento activos inmobiliarios de la banca en crisis. En definitiva, se trata de una instancia que, en último término, depende del gobierno del Estado.

Y aquí es donde estalla con toda su fuerza la contradicción. Un gobierno de izquierdas en Madrid integrado por socialistas, podemitas y comunistas asume con indiferencia como gente que no dispone de nada es expulsada de donde vivía, a pesar de tener en su mano, precisamente por la titularidad pública del bien, haber encontrado una solución, y que esto se produce además en una ciudad, Badalona, ​​donde la conjunción de todas las fuerzas guiadas por la izquierda y ahora gobernadas por los socialistas echó al alcalde del PP, Xavier García Albiol.

Toda una constelación de la izquierda, a la que debería añadirse la Generalitat convertida en invitado de piedra, es incapaz de dar una respuesta, no ya humana sino justa, al problema de este centenar de personas. Agravado por el hecho de que una parte de ellas, además, procedían de otra gran nave que se incendió a finales del 2020 y que estuvo a punto de provocar una gran tragedia. ¿Acaso tantas administraciones, tantos miles de millones como mueven, tantos bienes inmobiliarios como los que disponen, no son capaces de encontrar soluciones mínimamente humanas para sólo un centenar de personas? La respuesta es claramente que no.
Y ahí se produce otra gran contradicción. El poder de la SARET no tiene ninguna dificultad en expulsar de golpe a tanta gente, y mientras tanto muchos ciudadanos individuales sufren la expropiación práctica de tantas y tantas okupaciones que se van produciendo en términos crecientes y de forma especial en Cataluña, y sobre todo en Barcelona. Mucha de esa gente que okupa están absolutamente necesitadas de vivienda, pero el problema es la incompetencia de los poderes públicos.

En torno a estas necesidades se han organizado mafias, que son las que realmente realizan, organizan, dinamizan y se lucran de las okupaciones que, en gran parte, afectan a personas privadas a las que les desgracian la vida. Ante este fenómeno creciente, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno español, como son tan de izquierdas, se ponen de perfil porque consideran que el atrocinio de la okupación es «una respuesta social» en lugar del resultado de organizaciones de delincuentes que se lucran de las necesidades de vivienda mal satisfechas por nuestros gobiernos.

La información sobre el modus operandi de las mafias que viven de okupar pisos es ya bien conocida por los juzgados.

Por ejemplo, el último caso, una juez de Barcelona que acaba de condenar a 3 hombres de entre 27 y 30 años que ocuparon 2 entresuelos de una finca del Raval. La sentencia los considera autores de un delito de coacciones y otro de robo, porque se llevaron a 2 televisores cuando dejaron los apartamentos que habían sido rehabilitados y vendidos, pero estaban pendientes de ser entregados a los propietarios. Este es un hecho innovador porque normalmente las sentencias no van en este sentido y tienden a proteger al okupador.
Otro caso que no llegó al juzgado es el de una inmobiliaria que tuvo que indemnizar a 3 hombres para que se marcharan de los pisos que habían okupado. Estas mafias proporcionan el local, incluso hacen falsos contratos de alquiler, llegando en algún caso a la “venta”. Se conocen casos de haber pagado 300.000 euros por un hogar okupado. Ésta es una de sus vías de ingresos. La otra es sencillamente hacerse con el piso y señalarle al propietario un precio para abandonarlo y de este modo evitarse el largo proceso judicial para conseguir su recuperación.
También los problemas de okupaciones masivas de bloques de pisos, que se dan sobre todo fuera de Barcelona. El último caso es en Sant Pere de Ribes donde se ha producido la okupación de 2 bloques de obra nueva. En estos escenarios, el problema añadido no es sólo el de la pérdida de la seguridad en la propiedad, algo singularmente grave en un estado de derecho, sino que, al tratarse de grupos de okupantes, alteran la vida social del barrio, atemorizan a los vecinos y se producen problemas de convivencia, daños en zonas comunitarias, que no hacen más que atizar el conflicto comunitario que la okupación ha producido.
Hay que considerar que entre enero y septiembre del pasado año se produjeron en España 13.389 okupaciones, que no es una cifra pequeña, porque señala que cada día 49 personas vieron cómo su inmueble quedaba en manos de mafias o también de familias vulnerables. Durante el mismo período del año anterior, la cifra fue menor, de 11.319 casos, pero lo más remarcable de todo es que quien ocupa el primer puesto de forma rotunda es Cataluña y en concreto la provincia de Barcelona, ​​porque ella sola denunció 4.229 okupaciones. Mientras, la Generalitat ni se hace presente ni se la espera.

Todo ello dibuja una situación tan contradictoria como caótica, y tan injusta que llama a la insumisión.

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