El Comisario Europeo de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, ha declarado que «Europa está experimentando, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, una recesión económica sin precedentes desde la Gran Depresión de 1929».
A pesar de la terrible crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo, 2020 pasará a la historia como un año excepcional para la vertebración de la Unión Europea (UE).
La primera respuesta de la UE a la crisis provocada por la pandemia consistió en facilitar el endeudamiento de los Estados miembros ante grandes gastos sobrevenidos, levantando restricciones -topes de déficit y deuda- y proporcionando recursos para financiar las necesidades más inmediatas de trabajadores y empresas, al tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) intervenía abaratando el precio del dinero e inyectando liquidez al sistema financiero.
En julio de 2020 llegó una segunda respuesta, consistente en un plan de recuperación con el que también se pretende la transformación del conjunto del sistema económico europeo con dos objetivos: hacer la economía más competitiva mediante su digitalización y hacerla más limpia impulsando la transición energética mediante un Pacto Verde Europeo. Esta era la propuesta estrella del programa inicial de la Comisión Europea Von der Leyen, presentado por ella misma ante el Parlamento Europeo en diciembre de 2019, antes del estallido de la crisis sanitaria, que fijaba un modelo de crecimiento sostenible para Europa.
La presidenta de la Comisión ya declaró entonces que «el Pacto Verde Europeo será la estrategia de crecimiento de la UE».
Para hacerlo posible, la UE ha hecho un gran paso adelante en su proceso de federalización, diseñando un plan de acción que se financiará con la emisión de deuda pública por parte de la Comisión Europea. Por primera vez en su historia, la UE se endeudará de manera común en forma de eurobonos e irá a captar a los mercados financieros 750.000 millones de euros, que llegarán desde Bruselas a los Estados miembros para combatir las terribles consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Estamos ante una operación sin precedentes.
La Comisión Europea comenzará a acudir a los mercados a partir del próximo mes de junio, emitiendo deuda por valor de entre 150.000 y 200.000 millones de euros al año hasta el 2026, con la intención de financiar el fondo de recuperación llamado a revitalizar la economía europea. La UE se convertirá en uno de los emisores más grandes en euros del mercado. Un 30% de los 750.000 millones de euros del plan de recuperación serán bonos verdes, para ser consecuentes con el compromiso de la UE sobre transición ecológica.
Con los fondos procedentes de este programa, Europa pretende alcanzar su soberanía tecnológica y convertirse en el tercer polo de «la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China». Se trata de una gran apuesta estratégica de la UE.
España puede recibir, entre subvenciones (transferencias directas) y préstamos, 140.000 millones de euros (20% del total, cuando el peso de España dentro de la UE sólo es de un 10%, un 11% del PIB de España ), siendo el segundo país más beneficiado, después de Italia.
Italia y España son los dos países más afectados por la pandemia y los dos que más preocupan en Europa. Es por eso que son, al mismo tiempo, los más beneficiados por el plan de recuperación.
Los fondos europeos llegarán a España entre 2021 y 2027. Las transferencias directas (72.000 millones) llegarán antes de 2023. En los Presupuestos Generales del Estado del 2021 ya se prevé avanzar 27.000 millones para inversiones públicas financiadas con los fondos europeos. Hay que sumar, al plan de recuperación antipandemia, el impacto de otros programas comunitarios, como las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común), del FEDER (Fondo Regional), de React EU ( Recovery Assistance for Cohesion , política de cohesión), del Mecanismo SURE (instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar el riesgo de paro en caso de una emergencia), etc., que suponen la llegada de otros 80.000 millones de euros entre 2021 y 2027.
España se juega su destino con estos fondos europeos. Pueden suponer, si se hacen bien las cosas, un cambio en el modelo económico de dimensiones comparables con el Plan de Estabilización de 1959 o con la entrada en la Comunidad Europea en 1986.
Si España no lo consigue, puede convertirse en un país de segundo o tercer rango con graves problemas institucionales y de cohesión territorial de muy difícil solución, por el camino de la argentinización.
La UE también se juega el futuro: no es seguro que los países más competitivos quieran seguir por tiempo indefinido el juego de la mutualización (eurobonos) y las subvenciones o transferencias directas a los menos avanzados.
La concesión de subvenciones y préstamos está condicionada a la aceptación por parte de la Comisión Europea de un programa detallado de reformas y de uso de los fondos por parte de los países receptores que, en caso de no cumplirse, puede parar su obtención.
Bruselas nos proporcionará 140.000 millones de euros con un control riguroso sobre su destino y con la condición de la adopción de reformas estructurales muy exigentes (mercado de trabajo, pensiones, etc.). La Comisión Europea ha elaborado una extensa guía para orientar a los Estados miembros en la realización de sus respectivos planes nacionales, así como recomendaciones específicas para cada país.
Proyectos de todo tipo se están entregando en estos momentos al Gobierno español en el marco de 30 capítulos de actuación definidos (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación). Comunidades Autónomas como el País Vasco o Valencia plantean escenarios de futuro ambiciosos, bien diseñados y con colaboración pública, por ejemplo en el campo de la energía.
Cataluña necesita completar un proyecto coherente y consensuado con los actores económicos y sociales de lo que se quiere hacer y cómo se debe financiar.
En este terreno, no se puede desaprovechar la bandera recientemente levantada por el grupo Volkswagen sobre el coche eléctrico en Martorell y la necesidad de un hub de coches y baterías. Como también hay que seguir de cerca el anuncio de una alianza entre el Gobierno de España, Seat e Iberdrola, a la que se añadirían CaixaBank y Telefónica, sobre la construcción de la primera fábrica de baterías eléctricas en España. Se trata del primer ejemplo de cómo deben funcionar los fondos Next Generation EU.
España presenta a la Comisión Europea su plan nacional este mes de marzo, con el objetivo de recibir la aprobación el mes de junio. España deberá cumplir los criterios y superar los controles específicos establecidos para asegurar que las ayudas se destinan realmente a los objetivos fijados. Una vez aprobado el plan, recibirá un 13% del total como anticipo, lo que supone unos 10.000 millones de euros en transferencias. La previsión es que este desembolso llegue en verano, pero está condicionado no sólo a que se apruebe el plan, sino también que los 27 ratifiquen la decisión sobre nuevos recursos propios antes comentado.
España y el conjunto de sus Comunidades Autónomas tienen ante sí un nuevo proyecto colectivo que no hay que inventar. Simplemente hay que integrarse. La UE ha propuesto una hoja de ruta ambiciosa de transformación y de recuperación económica postpandemia: el programa de la presidencia Von der Leyen de la Comisión Europea. España y sus Comunidades Autónomas tienen bases importantes sobre las que apoyarse para cumplir la hoja de ruta. Lo que flojea en nuestro caso son los dis-funcionamientos políticos, que preocupan en Europa.
Los fondos europeos de la Next Generation EU tienen como misión transformar la economía para hacerla más eficiente, sostenible y justa. Si se titulan Next Generation es precisamente porque pretenden que las futuras generaciones, a través de un aumento imprescindible de productividad del sistema económico, puedan disfrutar de niveles elevados de empleo con salarios dignos y se consiga la solidaridad intergeneracional. Se trata de una oportunidad histórica (tal vez la última que nos ofrece la UE) que no podemos perder.
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Víctor Pou es doctor en derecho y licenciado en ciencias económicas por la Universitat de Barcelona, MBA por la IESE Business School de la Universidad de Navarra y Graduado en Integración Europea por la Universidad de Ámsterdam. Es profesor del IESE Business School y de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Es Socio de la consultoría TAS Europrojects (Bruselas). Ha sido Ninguno de Unidad y Consejero de Relaciones Exteriores a la Comisión Europea (Bruselas). Ha sido Director del Patronato Catalán pro Europa y Director General de Adecuación a las Comunidades Europeas de la Generalitat de Cataluña.