La Vanguardia anunciaba en su editorial del 13 de noviembre que España vive una grave crisis social. Era levantar acta notarial de una evidencia. La segunda ola de la pandemia ha vuelto a coger desprevenida a la administración de manera incomprensible y han multiplicado todo lo que iba mal, lo que se puede resumir en un concepto: la administración no funciona y no se adoptan medidas de envergadura para cambiar esta situación. Las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas sólo llegan al 10% de la población (en Cataluña al 11%). El ingreso mínimo vital no está funcionando y no hay coordinación entre las medidas autonómicas y las estatales. El SEPE (el Servicio Público de Empleo Estatal) está desbordado, pero no se les ocurre establecer una coordinación con el SOC (Servicio de Ocupación de Cataluña). Hay mucha gente sin ingresos, entre otras razones porque por ejemplo muchos parados que lo son desde agosto todavía no han cobrado. Y mientras tanto la respuesta social es Cáritas, el Banco de Alimentos, entre otros, que intentan paliar la situación, pero cada vez están más desbordados por la magnitud de la demanda social.
Tampoco el alquiler social, a pesar de la narrativa de Podemos, tiene ningún papel. En España sólo el 1,5% de los alquileres tienen esta característica, 10 veces menos que en Europa.
La pandemia está destruyendo el futuro de los jóvenes en paro que sobre el 40 – 45%, 622.000 menores de 25 años, están en estas condiciones. Las nuevas ofertas salariales hasta un 15% inferiores a las precedentes, presionan a la baja.
Asimismo el gasto que el gobierno español ha hecho para paliar la crisis es de las menores de Europa. Significa un 3,5% del PIB, por un 5,1% de Italia y el 6,2% de Francia. Y las garantías públicas representan sólo el 14,1% por un 32,8% de Italia y el 14,8% de Francia.
Habrá que gastar los ayudas europeas 72.000 millones de euros en tres años, y habrá que hacerlo bien, porque de lo contrario, el remedio será peor que la enfermedad. Pero la base de partida es francamente mala porque la administración española hasta ahora ha demostrado que tiene poca capacidad de ejecutar proyectos. Tanto es así que en plena crisis de la pandemia todavía hay 36.000 millones de euros para gastar del anterior presupuesto comunitario; es decir, se dispone de 108.000 millones. ¿Pero si a duras penas no conseguimos alcanzar el nivel de gasto con los anteriores recursos de la UE, que eran cifras menores, se conseguirá ahora cuando el ritmo debe ser mucho mayor y la complejidad también lo es? La referencia concreta es que España sólo ha conseguido aplicar el 34% de lo que disponía con los fondos. Este es el punto de partida. Por lo tanto, problemas de índole diversa y grave en la máquina de la administración pública en todas sus vertientes, crisis de empleo y desastre social.
En este contexto, ¿cuáles son las leyes que el gobierno impulsa en el Congreso?:
- Una ley de la eutanasia sin querer hablar de reforzar la migrada situación de los cuidados paliativos.
- Una ley de enseñanza que levanta conflictos partes.
- Una ley para las personas trans.
- Un anuncio de leyes para ampliar el aborto.
Esta es la agenda legislativa socialista ante la situación española.
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