Gloria ha sido uno de los episodios atmosféricos más dañinos de este siglo. Ha afectado a las comarcas de Girona servidas por el Ter y la Tordera, incluida la capital. Ha dañado todo el litoral, arrasando las playas, paseos marítimos y buena parte de la primera línea de mar. De hecho, las playas no se recuperarán completamente después del paso del Gloria.
Habrá un antes y un después, y los costes para restablecer la normalidad serán cuantiosos. Hay que entender el proceso natural de recuperación para ver la dificultad que ahora atraviesa el litoral central y norte de Cataluña, sobre el que reposa gran parte de su capital turístico. La arena ha sido recuperada por el mar; es lo que sucede en mayor o en menor medida en invierno, aunque en esta ocasión la destrucción ha sido histórica.
Después, en el periodo de verano con el buen tiempo, el oleaje mucho más suave ejerce una función inversa: va aportando arena que recupera lo perdido durante el invierno.
Pero esta acción natural será en este caso insuficiente, porque la destrucción ha sido muy grande, y también por una segunda causa: la orientación de los puertos de todo el litoral catalán dificulta el movimiento natural de recuperación de la arena, que se produce en un sentido longitudinal. Los puertos orientados para proteger el oleaje norte y nordeste acumulan la arena que debería alimentar la recuperación de las playas en su parte sur.
Los daños van más allá de las playas. Afectan a la agricultura, sobre todo en el Valle de la Tordera, y todavía más porque el impacto supera las 3.000 hectáreas, el Delta del Ebro, que ha quedado en su mayor parte inundado, también por agua de mar, con el consiguiente efecto sobre las superficies agrícolas. La agricultura, una de las fuentes de riqueza de la zona, ha quedado totalmente dañada, así como sus infraestructuras.
Las inundaciones han afectado, sobre todo en el área de Girona, a instalaciones industriales, comerciales, y urbanas. Diversas infraestructuras han quedado dañadas y una ciudad como Blanes estará entre 6 y 9 meses sin tren. Los desprendimientos de tierra han castigado muchos puntos de la infraestructura viaria, y una vez más se notan los déficits en el mantenimiento.
Todo el daño no era evitable, pero una parte del mismo hubiera sido menor con una mejor conservación por parte de la Generalitat. Hay además otras pérdidas desperdigadas por todo el territorio y que afectan a la pequeña actividad económica, y que no solo incluyen las consecuencias de la lluvia y el mar, sino también la nieve en comarcas del sur de Cataluña, cómo la Terra Alta.
Se han producido como mínimo 3 muertos en el balance hasta hoy, y 4 desaparecidos, 78 heridos y 8.400 servicios de los bomberos.
El presidente del Gobierno después de sobrevolar en helicóptero parte de Cataluña, aunque sin llegar a visitarla, se comprometió a una ayuda rápida mediante la declaración de zona catastrófica. Es la respuesta necesaria, pero ahora hace falta ver cómo se concreta.
Parte de los daños serán cubiertos por las aseguradoras, pero esto es solamente una dimensión del problema, porque habrá, sobre todo, en el sector agrario y pesquero, consecuencias que no quedarán salvadas por esta garantía. También se producirán estrangulamientos económicos entre la recepción de las ayudas y el momento actual.
Hay todo un gran capítulo de reconstrucción que compete por una parte a la Generalitat, sobre todo en materia de carreteras y ayuda a las obras urbanas, y por otra al Gobierno central, responsable de las playas y de los daños en las vías férreas. Ambas administraciones deben coordinarse estrechamente para ser eficaces y actuar con diligencia.
La experiencia de los años de autogobierno ante situaciones catastróficas muestra que las cosas van mucho mejor si la Generalitat lidera la coordinación y empuja al Gobierno español a realizar con prontitud y eficacia sus obligaciones. Y aquí surge un gran interrogante, porque ante daños mucho menores como los incendios del verano pasado o la inundación en la Cuenca del Francolí, la Generalitat ha venido manifestando una muy deficiente capacidad de respuesta. Si esto se repite, el impacto de “Gloria” sobre la economía catalana será mucho mayor que los costes de los daños directos.
Y una última consideración que ya se hizo evidente en el caso del desbordamiento del río Francolí. La incapacidad de la Protección Civil de la Generalitat de prever correctamente el suceso catastrófico.
En este caso la deficiencia se ha producido en el retardo del desembalse de las presas de Sau y Susqueda. La agencia catalana del agua ordenó abrir compuertas después de que el fenómeno meteorológico hubiera desencadenado la mayor cantidad de lluvia. El resultado fue el inmediato aumento de caudal de los ríos Ter y Onyar, con el resultado de inundaciones. De hecho, las de la ciudad de Girona y su entorno fue provocada por la apertura retardada.
Sí se sabía que las precipitaciones podrían ser muy grandes, incluso se podía estimar el incremento de agua embalsada, lo lógico hubiera sido desembalsar antes de la crecida de los ríos a causa de la lluvia, y no después. El por qué no se hizo así, es una de las cuestiones que la Generalitat debe explicar y el Parlament investigar.
La Generalitat declaró, con una cierta grandilocuencia y escaso compromiso concreto, la emergencia climática. Pues bien, una de las medidas urgentes que deben adoptarse es disponer de una Protección Civil a la altura de las emergencias y los medios y conocimientos propios de este siglo, y no continuar practicando la protección civil como en el siglo pasado.
