Viernes, 2 de octubre de 2026
Sesión en el Congreso para convalidar dos decretos-leyes aprobados por el Gobierno, con carácter de urgencia, para ¡resolver! sobre la marcha el gravísimo problema de la vivienda en España, que el propio Gobierno ha dejado pudrirse durante los ocho años que lleva en el poder.
El detonante ha sido el desahucio de Maricarmen, una anciana madrileña que ha sido sacada en camilla de su casa hace unos días. Se trata de una noticia que, más allá de lo auténticamente doloroso de la situación, ha sido sobredimensionada por sindicatos de arrendatarios y partidos de izquierda como chispa para prender una protesta social de alto voltaje, que a unos les permita reforzar su posición negociadora en futuros conflictos y a otros les venga bien con vistas a una campaña electoral en ciernes.
Hay que señalar de entrada que el problema de la vivienda en España solo se resuelve construyendo más viviendas, lo que exige terrenos para construir, iniciativa privada que construya viviendas y políticas públicas que complementen los déficits. Nada de esto «tocaban» ni de lejos los dos decretos-leyes.
El resultado era previsible: las izquierdas han elevado al máximo el dramatismo de sus intervenciones, mientras que las derechas han apelado a no exacerbar el problema y a buscar una solución racional. Han ganado las derechas, gracias a la incorporación de Junts.
Es un golpe durísimo para el Gobierno, que ve definitivamente perdida su mayoría en el Congreso. ¿Podrá seguir o tendrá que convocar elecciones? Parece que el sentido común y la decencia política aconsejarían que se convocasen, pero ¿qué hará el presidente Sánchez? Lo que crea que más le convenga, según su criterio, para seguir en la Moncloa, aunque sea solo por unos meses, y también para afrontar el calvario judicial que le espera, contando con los recursos de todo tipo de que goza el presidente del Gobierno, muy superiores a los de un ciudadano del común.
Lo que más me ha sorprendido de la sesión ha sido la firmeza de Junts al defender su voto negativo, fundándolo en razones bien argumentadas (las de un partido conservador homologable), aunque no se compartan.
También me ha llamado mucho la atención el durísimo tono empleado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (por Sumar), Pablo Bustinduy Amador (hijo de Ángeles Amador, ministra de Sanidad con Felipe González como presidente), al defender el segundo decreto-ley (el de la prórroga indefinida de los contratos de alquiler). Es un hombre menudo y delgado, de expresión severa, que mira con un punto de soberbia, fruto quizá de que es muy consciente de su buena formación académica, muy superior a la de su entorno inmediato. Es el listo de la peña, y parece ser tenido por tal, a la vista de los aplausos que sus compañeros de partido le prodigan generosamente. Sus palabras, con un fuerte trasfondo ideológico y bien trabadas, han sido sostenidamente agresivas y ocasionalmente insultantes, además de proferidas siempre con una oratoria fluida y tonante, propia de un tribuno de la plebe que exhorta a la revolución ante unas masas rendidas a su alto liderazgo.
Dos muestras: «Lo de hoy es un conflicto de clase» y «El pueblo ha despertado». Tiene un elevado concepto de sí mismo. Es de esos bajitos que se estiran para parecer más altos. Con un tipo así, es difícil hablar porque no te escucha. Invita al enfrentamiento. En definitiva: un pequeño «Pasionario». Parece que tiene futuro dentro de la izquierda a la izquierda de la izquierda, si es que allí hay algo. No me extrañaría. Pero ¡Dios nos libre de que alguna vez sea decisivo para algo!
El rechazo del Congreso a la convalidación de los dos decretos-leyes constituye un revolcón descomunal para el presidente Sánchez. Junts le ha abandonado definitivamente. Ya no puede confiar en que una mayoría del Congreso le apoye jamás. Lo normal sería convocar inmediatamente elecciones generales. Pero Pedro Sánchez no es un político normal. Su «pedrocentrismo» es tan apabullante y decisivo que el presidente Sánchez puede decidir cualquier cosa y en cualquier momento, en función de lo que considere más conveniente para sus intereses inmediatos. ¡Y que salga el sol por Antequera!
Sábado, 3 de octubre de 2026
De la sesión de ayer en el Congreso, que me tragué casi entera (salvo el tiempo justo para comer), saqué una conclusión: la izquierda progresista prescinde del orden jurídico actual. Está convencida de que su sola existencia constituye una garantía para la implantación de la justicia en todas las relaciones humanas.
¿Qué importa el perverso orden jurídico existente? ¿Qué pintan las instituciones vigentes? ¿Y por qué hay que respetar las viejas leyes si ellos, los progresistas, están en el lado correcto de la historia y, conscientes de su responsabilidad ante el pueblo y el futuro, han de hacer tabla rasa del pasado en un esfuerzo titánico de constructivismo social, en pos de la ciudad ideal? Y si hay que expropiar, se expropia, aunque sea mediante una ley singular… ¡Qué más da! Y si hay que considerar que el propietario de dos viviendas alquiladas es un «buitre carroñero», se le tilda de tal. Todo en aras de la mayor gloria del nuevo orden impuesto por los «clericales» de izquierda.
Unos ejemplos son buena prueba del espíritu que inspira a la coalición en el Gobierno. Ione Belarra (Podemos) afirmó: «La gente tiene más poder que esta Cámara y que el Gobierno». Oskar Matute (EH Bildu) dijo que no quería perder las formas, pero que estaba «muy cabreado». Gabriel Rufián cargó visceralmente contra Nogueras, a la que lo más suave que le dijo fue «mala política», por defender a la burguesía catalana (¿¡) en lugar de al pueblo catalán. Gerardo Pisarello (En Comú) gritó, mirando desafiante a la bancada de la derecha: «¡Malditos sean los especuladores y las derechas!». Terminó con este eslogan: «Los buitres inversores son los invasores». Supongo que se trataba de una alusión abyecta a Ceuta, lo que muestra su arrogante mala calaña. Y el incombustible Patxi López, fiel siempre a su acreditado nivel, afirmó que el tema de la vivienda «es un asunto ideológico» y concluyó cargando contra «los tecno-oligarcas, los dueños de la inteligencia artificial y los fondos buitre». Y, después de decir todo esto, descansó.
Otra cosa que me llamó la atención es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, considerase que Junts era una derecha distinta de la del Partido Popular y la de Vox. ¿La derecha catalana distinta de la española? Sí, es distinta: habla en catalán. Pienso que la pobre Isabel también se hace un «cacao» con estos temas. ¿Qué sabrá ella?
¿Se puede resolver la crisis de la vivienda ignorando los mecanismos económicos y jurídicos que condicionan el mercado? #Vivienda Compartir en X
