Un lector de mi artículo «España se está desmoronando: las piezas ya encajan» me reprocha que el balance es demasiado negativo. Recuerda acertadas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez y concluye que, si las explicamos todas, el juicio debe cambiar. La objeción es legítima. Pero «digámoslo todo» exige cifras completas, comparables y bien atribuidas. Y es precisamente esa revisión la que confirma mi tesis: hay aciertos concretos, pero el balance global sigue siendo el de un mal gobierno.
Los aciertos que hay que reconocer
El salario mínimo interprofesional ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, en catorce pagas: un aumento nominal del 65,9%. La reforma laboral ha reducido su temporalidad hasta cerca del 15%, aunque los fijos discontinuos y los contratos indefinidos de corta duración obligan a matizar el relato. La EPA del segundo trimestre de 2026 registra 22,78 millones de ocupados. También son avances la revalorización de las pensiones con el IPC, el incremento de las becas y mayores recursos para la dependencia.
Conviene decirlo sin reservas. Un gobierno que acumula más de ocho años de poder produce necesariamente medidas útiles. Pero la pregunta no es si ha acertado alguna, sino si ha gobernado bien el conjunto: prioridades, ejecución, resultados, calidad institucional y capacidad de corregir los grandes problemas del país.
Las cifras necesitan contexto
El argumento de la venta de vivienda social del Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella afectó a 1.860 pisos de 18 promociones en 2013. Fue una decisión grave y criticable. Pero un error del PP no convierte automáticamente al Gobierno de Sánchez en bueno. Lo mismo ocurre con las pensiones: la reforma del 2013 limitó durante años la subida mínima al 0,25%, y recuperar el IPC es un mérito; esto no resuelve, sin embargo, la sostenibilidad de un sistema presionado por el envejecimiento y por un gasto creciente.
Tampoco es exacto afirmar que el PIB roza ya los dos billones. El INE sitúa el PIB nominal de 2025 en 1,687 billones de euros y el crecimiento real en el 2,8%. Es una evolución positiva, pero la población también ha crecido: en poder de compra, el PIB por habitante español equivalía al 92% de la media de la UE en 2025. Crecer en volumen no es lo mismo que converger lo suficiente en prosperidad individual.
La comparación de 110.000 con 220.000 millones tampoco describe su presupuesto total. Parece mezclar el límite de gasto no financiero del Estado -119.834 millones en 2018 y 212.026 millones aprobados como techo para 2026- con los presupuestos consolidados. Y hay un hecho político elemental: 2026 es el tercer año consecutivo gobernado con los presupuestos generales de 2023 prorrogados. Gastar más no sustituye a aprobar cuentas nuevas ni someterlas al Parlamento.
La asunción estatal de 83.252 millones de deuda autonómica puede aliviar intereses a las comunidades, pero no elimina deuda pública consolidada: lo traslada de una administración a otra. La reforma de la financiación anunciada añade 20.975 millones para 2027, pero necesita despliegue legal y un criterio estable, general y transparente. Una negociación concebida para asegurar votos no es lo mismo que una reforma territorial duradera.
También es necesario precisar dos afirmaciones sociales. El Estado no paga el 100% de la dependencia: el compromiso oficial es aportar 6.200 millones adicionales entre 2026 y 2027 para alcanzar el 50% de la financiación. Y el presupuesto de becas del curso 2026-2027 es de 2.559 millones, un 83% más que los 1.399 millones de 2018; no son 4.800 millones anuales adicionales. Son mejoras reales, pero no necesitan exageraciones.
El Fondo de Reserva tampoco admite eslóganes simples. Alcanzó 66.815 millones en el 2011 y sufrió disposiciones brutas de unos 74.400 millones entre 2012 y 2017. En marzo de 2026 tenía 15.267 millones. La recuperación es positiva, pero procede sobre todo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y de nuevas aportaciones públicas; el déficit lo paga el presupuesto del Estado en parte; no es una prueba suficiente que el problema estructural de las pensiones esté resuelto.
El balance que no se puede ocultar
Los resultados importantes siguen siendo malos. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se crearon unas 750.000 viviendas menos que nuevos hogares. En 2025, España todavía tenía la tasa de paro más alta de la UE: 10,5 %, frente al 6,0 % comunitario. El 9,87% del segundo trimestre de 2026 es una mejora, pero no convierte una anomalía persistente en éxito.
La tasa AROPE de 2025 sitúa al 25,7% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social; entre los menores de 16 años alcanza el 33,9%. En junio de 2026, la deuda de las administraciones públicas rozaba 1,763 billones y el 101,5% del PIB. Es difícil presentar como buen gobierno una combinación de crecimiento, presión fiscal y gasto que mantiene estos déficits sociales y esa carga financiera.
A esto se añade la degradación institucional. El Tribunal Supremo mantiene una investigación separada sobre presuntas adjudicaciones ilícitas de obra pública que afecta, entre otras personas, a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, con plena presunción de inocencia. No es una condena penal a Sánchez, pero sí algo político: dos hombres situados en el centro de su aparato de confianza exigen una explicación sobre selección, vigilancia y asunción de responsabilidades.
Gobernar no consiste en sumar transferencias, anuncios o adversarios. Consiste en ordenar prioridades y convertir recursos en vivienda accesible, trabajo comparable con Europa, menos pobreza infantil, cuentas aprobadas e instituciones fiables.
Sánchez puede exhibir aciertos. Lo que no puede exhibir, después de más de ocho años, es un balance que compense los fracasos estructurales y la dependencia de pactos concebidos para conservar el poder. Los datos refuerzan, no desmienten, el diagnóstico de mal gobierno.
El SMI ha subido y la temporalidad ha bajado. Pero vivienda, paro, pobreza infantil, deuda y bloqueo presupuestario mantienen un balance de mal gobierno. #GobiernoSánchez Compartir en X
