La política catalana parece tan alienada, es decir, afectada por un trastorno grave que le impide controlar su actividad porque ya no reconoce la realidad. La pregunta más profunda es si esta enfermedad afecta solo a la subestructura política o si nace más abajo, de la propia sociedad. Limitémonos, ahora, a la política.
Cuatro hechos casi simultáneos, de naturaleza muy diversa, alertan sobre la profundidad del daño que afecta a partidos e instituciones.
El primero es el gran escándalo de las pruebas PISA. Un 23,2% de los alumnos catalanes seleccionados quedaron excluidos cuando el límite admitido por la OCDE es del 5%. Los resultados de Catalunya no serán comparables ni con los de otros territorios ni con los de anteriores ediciones. Pese a los días transcurridos, todavía no disponemos de una explicación racional sobre cómo pudo producirse una anomalía tan extraordinaria y generalizada. Se nos habla de una “incidencia técnica”, esa expresión burocrática que sirve para ocultar una catástrofe bajo una estera administrativa.
El segundo hecho es aún más grave. La Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, sucesora de la DGAIA, ha sido condenada a indemnizar con 12.500 euros a un menor que sufrió una agresión sexual cuando estaba tutelado en un centro de la Generalitat. La víctima tenía ocho años cuando ingresó y la justicia consideró posteriormente desproporcionada la retirada de la custodia a sus padres.
Mientras, mes tras mes, el presidente Illa, la consejera —ahora consejero— de Derechos Sociales y el director general se han negado a facilitar la información sobre los abusos sexuales producidos en el ámbito de protección de la Generalitat que la Corriente Social Cristiana reclama desde hace más de un año. Alegan dificultades para obtener los datos, mientras que la Administración es condenada judicialmente por un caso ocurrido bajo su tutela. Es un engaño flagrante y una muestra de hasta qué punto el Gobierno Illa ha perdido el norte de la decencia.
El tercer episodio de desenfreno político tiene lugar en el Parlamento. PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP -107 diputados de 135- aprobaron el 29 de julio un acuerdo para reformar el Reglamento y blindar las sanciones por discurso de odio. No crea delitos penales, algo que el Parlamento no puede hacer, sino infracciones disciplinarias internas. Prohíbe, en cualquier comunicación de los diputados, el lenguaje “ofensivo o difamatorio” que discrimine, calumnie, fomente, promueva o incite al odio, estableciendo amonestaciones y multas de hasta 12.000 euros.
Naturalmente, cualquier parlamento democrático puede sancionar insultos, amenazas, coacciones o interrupciones. Pero convertir conceptos tan indeterminados como «ofensivo», «discriminatorio» u «odio» en fundamento de multas impuestas por órganos de composición política afecta gravemente a la libertad parlamentaria.
El artículo 57 del Estatut declara a los diputados inviolables por las opiniones expresadas en el ejercicio del cargo. Esta garantía resguarda sobre todo la oposición, no la comodidad de la mayoría. La iniciativa responde a una concepción iliberal y peligrosamente mayoritaria: los propios adversarios políticos definen la infracción, la interpretan e imponen la sanción. Cuando la mayoría deja de rebatir una idea y adquiere el poder de castigarla, el Parlamento ya no protege el debate: lo domestica. Y esta es una inclinación característica de toda mentalidad totalitaria.
Por último, Ripoll. Es una población pequeña en tamaño, pero grande en importancia y significación histórica. Tiene algo más de 10.000 habitantes y un presupuesto municipal de unos 14 millones de euros, sin contar el servicio de aguas. La gobierna Silvia Orriols, líder de Aliança Catalana, el partido revelación del momento.
Guinadell Orriols, hija mayor de la alcaldesa, fue nombrada el 17 de julio agente interina de la Policía Local. Tiene 19 años y también participa en la oposición ordinaria para obtener una plaza fija. Naturalmente, tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a presentarse. El problema es cómo se ha desarrollado el procedimiento.
El 8 de enero se aprobaron las bases de la oposición, que quedó paralizada durante seis meses. El 11 de junio se activaron simultáneamente la oposición ordinaria y un proceso de selección directa por “máxima urgencia”. En este último se inscribieron 24 personas; 15 se presentaron al examen, cinco lo superaron y tres aprobaron la entrevista. La hija de la alcaldesa obtuvo, según Orriols, la mejor puntuación.
Pero el 29 de junio, cuando ya sabía que su hija era candidata, la alcaldesa firmó el decreto que fijaba las pruebas, las puntuaciones, el calendario y el tribunal. No delegó sus competencias hasta el 3 de julio, día de la entrevista final. Además, la experiencia adquirida como interina podría proporcionarle un mérito adicional en la oposición ordinaria. Se trata de un posible efecto objetivo, no de una prueba de que el procedimiento fuera diseñado para favorecerla.
El conflicto de intereses y la imprudencia institucional, sin embargo, son evidentes. Resulta aún más difícil justificar la “máxima urgencia” después de haber mantenido paralizada la oposición durante seis meses. La Policía Local cuenta con 17 efectivos, aproximadamente 1,6 agentes por cada mil habitantes, una proporción cercana al estándar orientativo de 1,5.
El asunto pone de manifiesto dos cuestiones. Si con un poder tan limitado Aliança Catalana ya carga con su primer escándalo, es legítimo preguntarse qué ocurriría con cuotas de poder mayores. Y la segunda cuestión es la prudencia. La hija de Orriols tiene todo el derecho a ser policía municipal, del mismo modo que la esposa de Sánchez tiene derecho a desarrollar una actividad profesional. Pero debe hacerse de forma que no solo sea honesto, sino que también lo parezca.
Grave error y pésimo precedente para un partido que se presenta como renovador y da lecciones de moralidad a todos.
Y hasta aquí la breve crónica de varios días de una política catalana de la que no sabemos si ha perdido el oremus o si está decidida a hacérnoslo perder a todos nosotros.
La política catalana fuera de control: PISA, DGAIA, reforma del Parlamento y el caso Ripoll. Cuatro hechos, una misma pregunta: ¿quién gobierna realmente y con qué sentido de la responsabilidad? #Catalunya Compartir en X
Cargando ...
