Hay asuntos que, cuando entran de lleno en la política, dejan de ser analizados con serenidad. La inmigración es hoy el mejor ejemplo. En Catalunya se ha convertido en un material político de alto voltaje. Buena parte del crecimiento de Aliança Catalana se explica por esta cuestión, mientras el resto de partidos oscilan entre el silencio, la simplificación y la descalificación moral de quien discrepa.
Pero existe una paradoja que llama poderosamente la atención: cuanto más se habla de inmigración, menos se habla de familia. Y, sin embargo, ambas cuestiones forman parte del mismo problema demográfico.
La situación de la familia catalana es objetivamente preocupante.
Los datos son contundentes. Los hogares con hijos tienen aproximadamente el doble de probabilidades de caer en la pobreza que los que no lo tienen. Catalunya registra una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y, al mismo tiempo, una de las tasas de pobreza infantil más elevadas. Es una combinación casi única: un país en el que nacen muy pocos niños, pero donde estos crecen, con demasiada frecuencia, en unas condiciones económicas especialmente desfavorables.
A pesar de esta realidad, la familia sigue ocupando un lugar secundario en la agenda política.
La correlación política es difícil de ignorar. Los partidos que defienden, con muy pocos matices, la inmigración masiva -PSC y Comunes- son también los que menos centralidad conceden a las políticas de natalidad y apoyo a la familia.
Pero la relación inversa tampoco resulta mucho más satisfactoria. Las fuerzas más críticas con la inmigración, como Vox o Aliança Catalana, tampoco han convertido la reconstrucción de la familia en el eje principal de su propuesta política. En el caso de Aliança, esta cuestión está presente, pero claramente en un segundo plano.
El resultado es que Catalunya debate intensamente sobre los efectos de la inmigración mientras casi nadie afronta la profunda causa del desequilibrio demográfico.
El comportamiento del Gobierno de Illa es una buena muestra de ello.
El Parlament aprobó el 6 de noviembre de 2025 la Moción 124/XV sobre apoyo a las familias, gracias a los votos de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. Posteriormente, en marzo de 2026, el Gobierno presentó ante la Mesa del Parlament el informe de cumplimiento correspondiente, en aplicación del artículo 162 del Reglamento.
La comparación entre ambos documentos —publicados en los BOPC 348/15 y 447/15, respectivamente— es especialmente reveladora.
El informe gubernamental acredita la existencia de planes generales, programas informativos y canales de orientación para familias. Pero cuando llega al núcleo de la cuestión —las ayudas económicas, los incentivos fiscales y las medidas capaces de reducir el coste real de tener hijos—, la respuesta es, en esencia, negativa. El propio Gobierno considera inadecuadas muchas de las medidas aprobadas por el Parlament.
Es decir, se acepta hablar de familia; lo que no se acepta es destinar recursos significativos.
En este contexto, resulta especialmente interesante el reciente estudio de Funcas sobre inmigración y demografía. Tiene el mérito de desmontar una idea muy extendida: que la inmigración constituye, por sí sola, la respuesta al problema demográfico español.
Su conclusión es distinta.
El problema real no es solo la baja natalidad. El problema es el fracaso del modelo de desarrollo español y, por extensión, catalán.
La inmigración no es la causa, pero tampoco puede convertirse en la solución estructural, porque acaba absorbida por los mismos mecanismos que han hundido la fecundidad autóctona: vivienda inaccesible, precariedad laboral, salarios bajos, retraso en la emancipación, debilitamiento de la familia, pérdida de cohesión comunitaria, baja productividad.
Funcas aporta un dato especialmente significativo: desde 2002 España ha recibido a cerca de quince millones de inmigrantes, pero más de ocho millones han acabado abandonando el país.
La tasa de retención es extraordinariamente baja.
Esto significa que España funciona más como una plataforma de paso que como un país capaz de integrar y arraigar a la población inmigrante. Absorbe mano de obra, pero genera poca estabilidad social.
El informe también recuerda otra evidencia a menudo olvidada: en pocos años, los inmigrantes adoptan pautas de fecundidad muy similares a las de la población autóctona. Por tanto, confiar en que la inmigración rejuvenecerá indefinidamente la sociedad es una expectativa que no resiste ni la experiencia ni las proyecciones demográficas.
La respuesta que propone Funcas es notablemente distinta al debate político habitual. Defiende políticas estables de apoyo a la natalidad, vivienda asequible, estabilidad laboral, conciliación familiar y una planificación demográfica de largo plazo.
Es exactamente el terreno que evita la política catalana.
La conclusión está clara. Sin una política familiar integral no recuperaremos la natalidad, pero tampoco integraremos adecuadamente la inmigración. Recién llegados y autóctonos acaban sufriendo las mismas dificultades estructurales porque las causas son comunes.
Esta es la primera condición necesaria.
La segunda consiste en regular los flujos migratorios de acuerdo con la capacidad real de integración del país. No se trata de negar la inmigración, sino de ajustarla a los recursos disponibles, a las necesidades económicas y a la preservación de la cohesión social, así como de un sistema de bienestar que soporta cada año una mayor presión debido al fuerte incremento de población.
Plantear inmigración y familia como dos cuestiones separadas es un error político de primer orden. La primera no puede sustituir a la segunda, y la segunda es indispensable para que la primera funcione.
Catalunya sigue discutiendo solo una mitad del problema. Mientras, el reloj demográfico sigue avanzando.
Y el tic-tac de la bomba instalada en medio de la sociedad no se detiene.
Catalunya discute intensamente sobre inmigración, pero apenas habla de familia. Es un error. Sin una política familiar integral no recuperaremos la natalidad ni integraremos mejor la inmigración. Compartir en X
