Sánchez lleva 5 años gobernando y en todo este periodo de tiempo su aportación al problema de la vivienda y al estrés hídrico de España ha sido insignificante. Pero, he aquí, que vienen las elecciones y se despierta.
Ahora mismo ha prometido en el senado otras 20.000 viviendas en terrenos del ministerio de Defensa, que se añaden a los anuncios anteriores, perfectamente desordenados, en los que primero señaló una aportación de viviendas de la Sareb, que rápidamente quedaron reducidas a casi nada , y posiblemente por este hecho pocos días después anunció en el transcurso del debate de control en el Congreso otras 43.000 viviendas que ahora se añaden a las 20.000. En total, en pocos días, ha pasado de la nada a anunciar más de 100.000 viviendas.
Pero, ¿qué ha hecho realmente hasta ahora ?
En 2019 elevó la prórroga de los contratos de alquiler de 3 a 5 años y limitó al 2% el máximo que un arrendador podía aplicar al precio de alquiler a un arrendatario, es decir, hizo lo mismo que Franco había realizado de forma bastante sistemática: limitar el precio del alquiler.
El 5 de octubre anunció que daba una buena ayuda de 250 euros a los jóvenes de 18 a 35 años que reunieran una serie de requisitos. En la práctica, el resultado ha sido muy marginal.
También anunció una ley de la vivienda que es la que en la actualidad se ha aprobado en el Congreso en abril del 2023 y que todavía está por pasar por el Senado. Habrán pasado 2,5 años desde el anuncio de la ley, pero que no hace más que acentuar el control sobre los precios, pero no prevé ningún plan específico de nueva vivienda.
Éste ha sido el balance, todavía no totalmente resuelto, de Sánchez y que se concreta en un concepto: intervenir el mercado de alquiler de la vivienda, aunque todas las experiencias internacionales señalan que esta medida crea más problemas de los que resuelve, porque reduce aún más la oferta. En ningún caso ha puesto en marcha ninguna financiación dirigida a corregir lo que es la raíz del problema: la falta de vivienda social.
Ahora ha anunciado, en pocos días, más de 100.000 viviendas, no hace más que repetir por 18ª vez declaraciones que ya se han producido en el pasado y lo hace precisamente a 3 semanas de unas elecciones, con el agravante de que la vivienda es una competencia autonómica y que, por tanto, la intervención del gobierno debería ser en todo caso la de facilitar recursos económicos a las autonomías para que pudieran cumplir con su obligación. Es lógico hacer propuestas de beneficio electoral en momentos como el actual, pero es evidente que las de Sánchez con la vivienda sobrepasan todos los límites.
Y algo parecido puede decirse en el caso de Doñana. No es aceptable que en plena sequía el gobierno transforme este problema en un factor de confrontación política, dada su complejidad y debido a que las circunstancias actuales no dejan de ser una herencia de años y años de inacción del gobierno socialista en Andalucía y también del gobierno español.
En Doñana chocan intereses contrapuestos difíciles de conciliar: las extracciones ilegales de agua del acuífero para el cultivo de la fresa, pero también las extracciones legales que disminuyen el acuífero sobre todo en período de sequía. La cuestión económica y social que todo esto plantea a los cultivadores, la necesidad de mantener esta gran zona húmeda y las medidas preexistentes determinadas por la UE para su protección. Todo esto hace un paquete de una gran complejidad acentuada por la sequía que, cabe recordarlo, no es algo insólito, sino un fenómeno recurrente en la mitad sur de la península, que da lugar a períodos lluviosos y de menos o escasa precipitación cada aproximadamente 7 años.
En este contexto, la solución del problema pide sentarse a las partes y negociar sobre la base de la máxima objetividad técnica, científica y económica y tratar de encontrar la solución a corto y largo plazo que maximice los buenos resultados para todas las partes implicadas. Pero en lugar de eso Sánchez atiza el conflicto y su ministra responsable, Teresa Rivera, en un acto de soberbia impropio de un gobernante, que se niega ni siquiera a hablar con la Junta de Andalucía. Es evidente que en estos términos no se puede gobernar bien un país.