¿Un Tribunal Constitucional en riesgo de inconstitucionalidad?

La nueva composición del Tribunal Constitucional ha entrado muy pronto en zona de turbulencia, que amenaza con degradar aún más su imagen de teórica imparcialidad y de garante de la ley de leyes a consecuencia del creciente partidismo que impera en sus filas.

Todo empezó cuando, después de muchos estiras y aflojas e idas y venidas, se llegó a un acuerdo entre el PP y el gobierno español para nombrar a las vacantes que correspondían a tres miembros a elegir por parte del gobierno, uno por parte del PP y otro, que no está resuelto en estos momentos, por el Senado y que también corresponde al PP.

Aquí ya se produce una deformación del procedimiento porque lo que éste establece es que los miembros son nombrados por las dos cámaras y especialmente por el Congreso, pero en la práctica esto se ha convertido en una negociación a dos, gobierno y oposición.

En esta degradación tiene mucho que ver la inhibición de la presidenta del Congreso del partido del gobierno que en ningún momento ha intentado que la más alta institución representativa tuviera el papel que teóricamente le corresponde.

Sea como fuere los nombramientos los hizo Sánchez y éstos recayeron en Cándido Conde-Pumpido, que había sido fiscal general del Estado nombrando por Zapatero, el exministro de justicia Juan Carlos Campo, y la magistrada Inmaculada Montalbán, que ha sido de directora general en la Moncloa con Sánchez. La cuarta persona nombrada por el PP era la magistrada Concepción Espejel.

Cuando se produjeron estos nombramientos gubernamentales muchas voces del ámbito jurídico hicieron notar que con esta composición el TC tendría serias dificultades para funcionar dado que existen multitud de temas pendientes en los que los magistrados deberían apartarse bajo la amenaza de ser recusados, porque habían intervenido en las fases anteriores y pronunciado sobre aquel tema que iban a juzgar y, por tanto, quedaban invalidados porque no tenían, de forma objetiva y notoria, la neutralidad y objetividad que se presupone que debe presidir toda decisión judicial.

Todos estos aspectos están plenamente regulados y han tenido su aplicación regular a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que nunca había habido tal acumulación de magistrados del TC con una trayectoria política tan marcada.

Constituido y elegido Cándido Conde-Pumpido como presidente, se produjo ya el primer signo de alarma con motivo de que éste hiciese público un calendario en el que una serie de cuestiones serían tratadas en el pleno.

La anomalía procedía de la ajustada agenda que hizo pública el presidente, pero más importante aún, que fuera él quien marcara las fechas. Habitualmente quienes señalan cuando está madura una cuestión para llevarla al plenario del constitucional son los respectivos ponentes de cada tema, porque son los que conocen el estado en el que se encuentra su texto que debe servir de base a la deliberación.

Pero el presidente parece que siga la línea de Sánchez de eliminar del terreno temas conflictivos para que no nos acerquemos a la fecha electoral de mayo con alguna de estas cuestiones vivas, de tal forma que en febrero se abordará la ley de ‘aborto los días 7, 8 y 9. Es bueno que sea la primera en resolverse porque lleva unos insólitos 13 años de retraso, pero parece difícilmente verosímil que dadas todas las dificultades que ha habido en este tiempo para salir adelante, ahora en pocas semanas el nuevo TC ya la tenga terminada.

Esta prisa hace pensar en una sentencia prefabricada favorable a las tesis del gobierno, más aún cuando el resultado coincidará en el tiempo con el debate definitivo de la nueva ley de aborto en el Senado. Y, por tanto, lo que diga el TC condicionará este debate.

Los días 21, 22 y 23 tratará otra ley muy conflictiva, la ley de la eutanasia y el suicidio asistido y pocos días después, los 7, 8 y 9 de marzo, la también polémica ley Celaá sobre enseñanza.

En cuanto al recurso sobre el aborto, la contaminación afecta de forma rotunda a cuatro, miembros del Tribunal Constitucional precisamente a los 4 nuevos. Conde-Pumpido como fiscal del estado abordó la anterior ley cuando informó sobre el anteproyecto y junto a los fiscales del llamado sector progresista suscribió un texto alternativo distinto al de la mayoría de fiscales y favorable a la ley que entonces había formulado Rodríguez Zapatero, por tanto, tiene una incompatibilidad manifiesta con la objetividad y es un ejemplo de libro y que, en consecuencia, no puede formar parte de la deliberación.

También es flagrante el caso del exministro Campo porque era secretario de estado de Justicia durante la elaboración de la ley, por tanto, es parte en ésta. Es difícil aceptar que en estas condiciones se puede hacer otra cosa que defenderla a capa y espada.

Por último, Inmaculada Montalbán, pero también Concepción Espejel, eran vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando este órgano de gobierno de los jueces emitió un informe sobre el anteproyecto de ley del aborto. Por tanto, todos estos miembros se han pronunciado públicamente definiendo su posición, lo que les hace incompatibles para participar en el debate y decisión de lo que pueda presentar ahora la ponencia del TC.

El problema comienza porque mientras Concepción Espejel ya se ha retirado voluntariamente de las deliberaciones sin esperar recusación alguna, los otros tres miembros propuestos por el gobierno mantienen la voluntad de intervenir.

Este hecho constituiría un precedente de una extraordinaria gravedad y, de hecho, ya se han producido demandas de recusación por clara incompatibilidad. Y no se trata sólo de que el aborto sea un tema de gran polémica, sino del añadido que lleva 13 años guardado en un cajón y que ahora se saque y se resuelva con unas condiciones tan escandalosamente partidistas.

Todo esto puede tener una consecuencia grave que es que la decisión que adopte pueda ser llevada al Tribunal Europeo de Justicia bajo la acotación de prevaricación. Este hecho podría producirse en pleno período preelectoral y además parece una pésima entrada para la próxima presidencia de turno de la UE que le corresponde a España, más cuando sigue en curso una ofensiva independentista dirigida a desacreditar los altos niveles de la justicia española. Si además se produjera una denuncia por prevaricación de un Tribunal Constitucional, el escándalo tendría una dimensión extraordinaria porque no existen precedentes.

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