Algo extraordinario en la historia de este gran periódico, que es una institución en Catalunya del mismo nivel que La Caixa y que el Barça, se ha producido este martes, cuando la pieza que cada día escribe su director, Jordi Joan, y bajo el título explícito de Contra la impunidad, carga duramente contra la Iglesia española y, por tanto, también catalana (hay que recordar que el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, es presidente de la Conferencia Episcopal Española).
El motivo se debe a que considera que se están dejando en la impunidad los delitos que cometieron una parte de sus miembros en el pasado, relacionados con abusos a menores. Concretamente afirma «han habido suficientes casos de abusos en España que han afectado de lleno a la institución eclesiástica, para que se lleve a cabo una investigación seria e imparcial «.
Lo que apunta Jordi Joan es que se haga lo mismo que en Francia, donde una comisión independiente abrió una investigación que ha hecho aflorar numerosos casos y que ha supuesto que la Iglesia francesa, en un gesto extraordinario, decida que pagará indemnización a las víctimas de los abusos, y que por este motivo venderá los bienes de los que disponga, y si no son suficientes asumirá los créditos necesarios. También, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Éric de Moulins-Beaufort, ha añadido que en ningún caso para pagar ese dinero recurrirá a las donaciones de los fieles, porque éstas continuarán estando destinadas a pagar a los sacerdotes y a las obras sociales y de caridad de la Iglesia.
Hasta ahora el único medio de comunicación en España que tenía el cuerno metido en esta cuestión era El País que, incluso, dispone de un número de teléfono para que se puedan efectuar denuncias anónimas, algo insólito en la historia del medio de comunicación y que sólo se aplica a los casos en los que intervienen sacerdotes. Es evidente que, en el caso de El País, existe una desviación de la misión del periodismo. A pesar de esta campaña y este teléfono, los resultados hasta ahora han sido muy migrados y las cifras no permiten, ni siquiera contando con el potencial mediático de este diario madrileño, construir una gran hechizo. Pero, ahora, de forma sorprendente, es La Vanguardia quien de la mano de su director toma la reivindicación de pedir una investigación independiente.
La gran cuestión es si esta actitud del diario es algo circunstancial, algo improbable dada la responsabilidad del hecho, o bien responde a algo más. La pregunta que queda en el aire, dadas las buenas relaciones del medio con el gobierno español, es si estamos ante el preludio de una iniciativa gubernamental o de la fiscalía del estado, que viene a ser el mismo, de abrir una investigación por cuenta propia y en ese caso el comentario del director significaría el pistoletazo de salida.
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