El Defensor del Pueblo reconoce que lleva años conociendo el problema de los abusos sexuales a menores en un ámbito de responsabilidad directa del Estado. Según la nota de prensa de 30 de julio de 2026, el informe El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual es fruto de una investigación de oficio iniciada en 2022, después de que la institución tuviera conocimiento, por diversas fuentes, de abusos en centros de protección. Han pasado cuatro años entre la apertura del expediente y la presentación de las primeras once recomendaciones en las Cortes.
El dato clave es literal y consta en sede parlamentaria. En la comparecencia del 15 de octubre de 2024 ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo (Diario de Sesiones, sesión núm. 50, cve DSCG-15-CM-50), el diputado de Vox Ignacio Hoces leyó a Ángel Gabilondo una frase del mismo informe del Defensor de 2023: las agresiones contra menores tutelados por la Administración «no parecen haber sido objeto hasta ahora de un tratamiento transparente, ordenado y sistemático».
El Defensor había documentado oficialmente la opacidad del sistema un año antes de reconocerla ante el Parlamento y casi tres años antes de que esta constatación se tradujera en las recomendaciones de julio de 2026. Hoces le recordó que, en este caso, sí disponía de competencias claras y le preguntó por qué no investigaba directamente a la Administración.
Gabilondo confirmó que había abierto una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas, que la mayoría ya habían respondido y que los trabajos seguían. Pero no lo expuso por propia iniciativa: lo hizo a raíz de una interpelación, en una sesión convocada exclusivamente para abordar el informe sobre los abusos en la Iglesia.
La desproporción entre ambas investigaciones habla por sí sola. La investigación sobre la Iglesia, además, incurrió presuntamente en una extralimitación anticonstitucional por discriminación y arbitrariedad. Por mandato expreso de las Cortes, entre 2022 y 2024 se movilizaron:
una Comisión Asesora de veinte expertos, constituida el 5 de julio de 2022; una Unidad de Atención a las Víctimas; un Foro de Diálogo con asociaciones; una encuesta de GAD3 con 8.013 entrevistas; y un informe de 777 páginas con 24 recomendaciones.
El informe se entregó solemnemente a la presidenta del Congreso el 27 de octubre de 2023 y al presidente del Gobierno el 2 de noviembre. Todo ello se completó con múltiples comparecencias, una presentación en el Pleno y 487 testigos iniciales, ampliados posteriormente hasta 674, más 516 testigos válidos adicionales.
En cambio, en cuanto a los centros tutelados, la escuela pública y las federaciones deportivas —ámbitos de responsabilidad directa del Estado y de las comunidades autónomas—, la actuación iniciada también en 2022 se ha limitado a visitas a centros de seis comunidades autónomas y a un primer informe, publicado en julio de 2026, con once recomendaciones. Sin estudio demoscópico, sin una comisión equivalente de expertos y, sobre todo, sin datos sobre el número de casos. Tampoco ha habido presentación en el Pleno, ni recepción institucional solemne, ni una cobertura mediática comparable.
Las cifras tampoco justifican esa distribución de la atención. Según la encuesta de GAD3 encargada por el propio Defensor, el 11,7% de los entrevistados afirma haber sufrido abusos sexuales antes de los dieciocho años; el 0,6%, a manos de un sacerdote o religioso católico, y el 1,13%, en el ámbito religioso en sentido amplio.
En esa misma comparecencia de 2024, la diputada Carmen Navarro (PP) aportó otros datos: Save the Children sitúa el 49,5% de los abusos en el entorno familiar, el 34,6% en personas conocidas de la familia y el 6% en el ámbito educativo. Es decir, el 94% de los casos se producen fuera del campo principal investigado por el Defensor.
Por su parte, la Fundación ANAR atribuye a los miembros de la Iglesia, durante el período 2008-2019, entre el 0,2% y el 0,4% de los presuntos delitos contra la libertad sexual. Las denuncias actuales sitúan en el 0,45% los casos vinculados al ámbito eclesial, contando laicos y religiosos.
En consecuencia, entre el 94% y el 99% del fenómeno se produce en otros entornos: la familia, la escuela, el deporte y los centros de menores tutelados, donde la responsabilidad institucional es directa porque es la Administración quien ejerce su guarda.
Navarro también recordó que el Partido Popular ya había pedido en 2021 investigar los abusos a menores tutelados de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana, una petición rechazada por los socios del Gobierno.
En el Pleno de noviembre de 2024, la diputada Marta González reclamó «ampliar el espectro» de la investigación a la familia y a los centros de menores. Limitarla a la Iglesia había producido unos resultados «útiles, pero también distorsionados y sesgados», al dejar fuera ámbitos como el educativo, el artístico o el deportivo.
e-Cristians, hoy integrada en la Corriente Social Cristiana, lo denunció reiteradamente. En un escrito dirigido a Gabilondo el 13 de mayo de 2022, que nunca obtuvo respuesta, cuestionaba un encargo limitado exclusivamente a la Iglesia y recordaba que, como ministro de Educación entre 2009 y 2011, ya conocía bien la realidad de los abusos en la escuela pública, una problemática que optó por no abordar a pesar de los datos disponibles.
Los casos conocidos son estremecedores. En las Islas Baleares, en 2019, la violación de una menor de trece años por parte de media docena de jóvenes en Palma destapó una red de prostitución que afectaba a menores tuteladas, mientras el Consell Insular de Mallorca se negaba a impulsar una comisión de investigación. En la Comunidad Valenciana, un informe del Síndic de Greuges documentó que 175 menores tutelados por la Generalitat Valenciana habían sufrido abusos sexuales en un solo año.
En Catalunya, la opacidad y la negativa sistemática a facilitar información a la Corriente Social Cristiana implican a toda la cadena de responsabilidades, desde el presidente Salvador Illa hasta la DGPPIA, sucesora de la DGAIA, una institución que acumula escándalos tanto por la gestión de los menores como por los casos de presunta mala administración económica.
Ahora conocemos el caso de un niño de ocho años que sufrió abusos en un centro tutelado y por el que un juez ha condenado a la Generalitat a indemnizarle con 12.000 euros. También el de Noelia, la joven de veinticinco años que solicitó la eutanasia mientras seguía bajo tutela de la Generalitat y que había denunciado haber sido víctima de dos abusos sexuales. Su madre ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por la tramitación que considera indebida del procedimiento de eutanasia.
En abril de 2026, el Congreso cifró en más de 1.100 los menores tutelados que habían denunciado abusos sexuales. Ante tal magnitud, cuatro años de retraso, un informe limitado a once recomendaciones sin datos globales y un silencio institucional casi unánime difícilmente pueden presentarse como un ejercicio de prudencia. Se parecen mucho más a un agujero negro institucional que sigue absorbiendo información, responsabilidades y transparencia.
¿Por qué el Defensor del Pueblo actuó con rapidez en unos ámbitos y tardó cuatro años en formular recomendaciones sobre los abusos a menores tutelados? Los datos parlamentarios y los informes oficiales permiten un debate. Compartir en X
