El gobierno independentista de la Generalitat debe ser el único de naturaleza democrática que hace lo posible, y un poco más, para destruir a su propia policía. Los Mossos d’Esquadra.
El cuerpo de los Mossos d’Esquadra es la policía integral de Cataluña y disponen de todas las competencias ordinarias en materia de seguridad ciudadana y orden público, así como el control de la seguridad vial. És la cristalización más visible de una demanda histórica, que no se alcanzó con el Estatuto de Autonomía de la Segunda República, donde si bien el presidente de la Generalitat era la primera autoridad, también en el mando policial, los Mossos eran una pequeña unidad residual, y la seguridad corría a cargo de la policía y de la Guardia Civil, denominada a partir de 1936 como Guardia Nacional Republicana.
De hecho, la policía catalana es una de las pocas “estructuras de estado”, concepto popularizado por el proceso, que realmente están disponibles y funcionan, y sin duda la de mayor dimensión y responsabilidad.
A pesar de todo ello, los encontronazos, y menosprecios, cuando no indicaciones contradictorias por parte del gobierno de la Generalitat son continuadas. La anómala situación de que mientras por una parte se alentaban las manifestaciones en la calle, por otra se mandaba a la policía de Cataluña a contenerlas, para después abrir expedientes en la perspectiva de posibles sanciones por actuaciones policiales indebidas. Normalmente, la dirección política de estos cuerpos peca de intentar protegerlos, en el caso catalán tiende a funcionar en sentido inverso. El resultado es que, para amplios sectores del independentismo, lo que era “su” policía, se ha convertido en un enemigo más de su larga lista.
Pero ahora esa serie de desencuentros y conflictos han alcanzado un zenit porque afecta a la salud de los propios policías, y por extensión a sus familias. Se vive la absurda situación de que 1.500 agentes, incluido el intendente mayor, se encuentran confinados en cuarentena, como sospechosos de ser portadores del coronavirus, y por falta de pruebas de contagio que lo confirmen o desmientan.
En las tres últimas semanas los Mossos d’Esquadra, a pesar de desempeñar una tarea en primera línea de contagio, no han sido objeto de un solo test. No solo esto, sino que además su equipamiento de protección es claramente insuficiente, lo que supone un riego permanente para sus miembros. La policía que se encargó de vigilar el confinamiento de Igualada y otros cuatro municipios de la Conca d’Odena, tuvieron de desempeñar su tarea con poco más que una mascarilla quirúrgica, a pesar de tratarse de una zona de alto riego. El conflicto ha llegado a un nivel tal que ha comportado una reunión de todos los altos mandos del cuerpo para establecer una reivindicación común ante el gobierno. Para un mayor absurdo, el consejero Buch, responsable de la policía y de Junts per Catalunya, acusa a la consejera Vergés, d’ERC responsable de Sanidad, de la falta de pruebas de diagnóstico ante la desaparición olímpica de Torra. ¿Puede concebirse en un gobierno la presencia pública de dos consejeros sin la intervención del presidente? ¿Qué y a quién manda realmente Torra? ¿O es en realidad un simple influencer que se limita a opinar en sus twits?
La crisis se ha multiplicado porque simultáneamente se ha producido otro maltrato. Cuando el gobierno estableció una paga extra para los cuerpos que están en primera línea de la lucha contra el virus, se “olvidaron” de la policía, lo cual no deja de ser un indicador de en qué medida la tienen presente.
Lo sorprendente del caso es que a pesar de conflictos de esta magnitud y de resultados pésimos en la gestión del Coronavirus, que convierte a Cataluña, junto con Madrid, en uno de los territorios con más muertos por habitante de toda Europa, el independentismo parece seguir registrando buenos apoyos electorales. Claro que también existe una explicación para esta anomalía: las alternativas no son precisamente para lanzar cohetes. ¿Podríamos llamar a esto un callejón sin salida?
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