De entrada, cabe señalar que lo logrado por parte de Puigdemont representa un avance significativo en el traspaso de competencias, dado que se trata de una transferencia que va mucho más allá de la simple delegación de funciones, como insiste repetidamente el Gobierno.
Para comprender la magnitud de este hecho, es útil retrotraerse al pacto del Majestic, suscrito entre Pujol y Aznar, en el que se sentaron las bases de un autogobierno reforzado. La comparación radica en la importancia de lo logrado, ya que se han trasladado competencias que la Constitución reserva expresamente como exclusivas del Estado.
Esta situación genera dificultades a la hora de aplicar otros artículos constitucionales, en particular el artículo 150.2, que permite delegar funciones del Estado a las comunidades autónomas, pero únicamente con la aprobación del Congreso de los Diputados.
La controversia radica en que traspasar competencias estatales y delegar funciones tienen naturalezas distintas, ya que la primera implica ceder responsabilidades que la Constitución reserva de forma específica. En caso de que la cuestión llegue al Tribunal Constitucional, es previsible que la sentencia sea desfavorable, debido a que, desgraciadamente, esta instancia se ha convertido en un instrumento al servicio de los intereses del Gobierno.
Cabe recordar que, hace meses, tanto Sánchez como la portavoz ministra del Gobierno, Pilar Alegría, negaron de forma explícita y rotunda la posibilidad de ceder esta competencia, calificándola de intransferible e indelegable. En este sentido, el ministro Marlaska, que no debemos olvidar que es juez de profesión, respondió de forma clara al Congreso de los Diputados sobre la cuestión, afirmando que se trataba de una competencia intransferible e indelegable. Sin embargo, por intereses políticos y con la intención de prolongar la legislatura, estos argumentos parecen haber quedado en el olvido.
En el ámbito de la inmigración, la Generalitat ya contaba, en virtud del Estatuto de Autonomía de 2006, con algunas competencias –principalmente relacionadas con la prestación de servicios sociales para la acogida e integración de los inmigrantes.
El acuerdo alcanzado es fruto del PSOE, aunque corresponde al Gobierno llevarlo a cabo y someterlo al Congreso mediante una vía anómala, práctica sistemática de Sánchez. En lugar de presentarse como proyecto de ley, la iniciativa se enmarca como una proposición de ley, lo que permite omitir ciertos trámites habituales, como la consulta preceptiva al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial, instancias que pueden emitir dictámenes desfavorables, que no interesan al Gobierno, que sabe que tiene una posición controvertida en este tema.
La propuesta transfiere a la Generalitat competencias sobre la autorización de residencia para permisos de larga estancia, definidos para períodos superiores a noventa días e inferiores a cinco años. Asimismo, se atribuye a la administración catalana la gestión de la renovación o extinción de estos permisos y la resolución de los recursos que se interpongan, además de la entrega del número de identidad de extranjero.
En otro capítulo, la cuestión de las expulsiones se mantiene, en última instancia, en manos del Gobierno; sin embargo, la Generalitat obtendrá competencias sobre el proceso de instrucción del expediente y el procedimiento sancionador, lo que le confiere, al menos en teoría, una influencia decisiva en esta materia.
En cuanto a las devoluciones en la frontera –conocidas como “devoluciones en caliente”–, éstas serán responsabilidad de la policía autonómica, que establecerá los controles de inmigración en los puntos fronterizos. Por ejemplo, en la zona de La Junquera, se prevé la intervención de la Policía y de la Guardia Civil, junto a agentes estatales.
Sin embargo, surge la incertidumbre en el control de pasaportes en los aeropuertos catalanes (como El Prat, Girona o Reus), ya que la admisión y la presentación de pasaportes continuarán en manos de la policía española.
La aplicación de este conjunto de medidas presenta numerosos puntos conflictivos, que dependerán de la buena voluntad y la coordinación entre las partes. Si no se adoptan las medidas necesarias, es previsible que el sistema presente errores, especialmente en un contexto en el que la policía autonómica afronta ya graves deficiencias en recursos.
Por otra parte, la Generalitat asumirá la gestión de los centros de internamiento para extranjeros, donde se podrán retener por períodos máximos de sesenta días en los casos en que exista una orden de expulsión. Aunque Junts ha anunciado su intención de cerrarlos, el acuerdo establece que estos centros sigan operativos bajo la gestión de la Generalitat, lo que representa sin duda un punto conflictivo.
La exposición de motivos de la proposición de ley es un extenso enunciado de intenciones que sigue una línea de razonamiento propia de Junts y que el Govern ha adoptado parcialmente.
En estos textos se establece el compromiso con la integración y el respeto a los valores cívicos, así como a los conocimientos lingüísticos y culturales que definen a nuestra sociedad. Este compromiso no se circunscribe únicamente a Catalunya, lo que permite a cada parte –tanto a Puigdemont y su formación como a Sánchez y la formación gobernante– interpretar el alcance del acuerdo según sus intereses.
En el caso de los independentistas, se plantea que el conocimiento del catalán sea una condición para la residencia de los extranjeros en Cataluña, como medida para revertir el continuo retroceso del uso de la lengua catalana. Sin embargo, al tratarse de una delegación de competencias estatales, la exigencia lingüística resulta problemática, ya que la lengua a dominar es el español.
Sin embargo, el acuerdo hace referencia a la plena inclusión e integración de la población extranjera en Cataluña, dejando abierta la posibilidad de incorporar criterios lingüísticos, aunque esto genera incertidumbres operativas.
Aunque las fuerzas independentistas de Puigdemont pueden sentirse satisfechas con lo logrado –incluso Esquerra Republicana lo ha celebrado sin matices, algo poco habitual en la pugna entre ambas formaciones–, todo ello se ve amenazado por importantes debilidades en la aplicación práctica.
En primer lugar, la aprobación de la proposición de ley en el Congreso afronta dos barreras fundamentales: la posible oposición de ciertos grupos parlamentarios y el uso de pretextos para encarecer el voto favorable. En segundo lugar, la implementación efectiva del acuerdo estará condicionada a la superación de obstáculos jurídicos y a la adecuada asignación de recursos.
La carencia de efectivos de la policía autonómica es otro problema crucial. Varias organizaciones, incluida la Unión Sindical de Policía Autonómica de Catalunya, han criticado el acuerdo, subrayando que el cuerpo de Mossos d’Esquadra ya está envejecido, con vehículos insuficientes y graves déficits en el servicio en varias comarcas.
Se estima que, en un futuro próximo, la reducción de efectivos –debido a jubilaciones y del escape hacia policías locales con mejores condiciones laborales– hará que, incluso con la incorporación de 1.800 nuevos agentes, la cifra final no alcance los niveles actuales, dado que la mitad de los mossos actuales, por razones de edad, en 2032, con lo que el refuerzo de las nuevas entradas no compensará ni mucho menos la pérdida de efectivos reales. Esta situación, además de poner en riesgo la seguridad ciudadana, es calificada por muchas organizaciones policiales como una ficción con fines puramente políticos.
Por último, es importante destacar que, pese a que Junts y Esquerra han logrado nuevas competencias para Catalunya, la gestión y aplicación de éstas estarán, en última instancia, en manos del Partido Socialista, que gobierna en Madrid, y de la Generalitat, actualmente presidida por Illa, no por Puigdemont.
En la práctica, esto implica que las exigencias y la implementación de estas competencias se adaptarán al ritmo que dicte el Gobierno central, mientras que la Generalitat será un amigo colega que dará la cara para justificar posibles retrasos, omisiones o incluso la carencia de aplicación de las competencias transferidas.
En conclusión, el acuerdo de traspaso de competencias en materia de inmigración supone un avance político para los independentistas y un intento de reforzar el autogobierno en Cataluña. Sin embargo, su viabilidad práctica depende de la aprobación en el Congreso y de la capacidad operativa de la Generalitat para asumir las nuevas responsabilidades, en un contexto marcado por serios desafíos de recursos y de coordinación interadministrativa.
Las tensiones entre el Gobierno central y la Generalitat, junto con las deficiencias en la Policía autonómica, constituyen puntos oscuros que podrían comprometer la eficacia del acuerdo y, en consecuencia, afectar a la seguridad y la integración de la población inmigrante en la región.
Cargando ...
