Al final lo que tenía que suceder ha sucedido, y el presidente Torra ha quedado inhabilitado. Se abren ahora en Cataluña como mínimo cuatro meses de debilidad gubernamental e incertidumbre. Debilidad gubernamental porque las funciones que ejercerá el vicepresidente, Pedro Aragonés, son pocas comparadas con las de la plenitud de la presidencia de la Generalitat. Es un ir tirando, y en él difícilmente tendrá ascendente sobre las consejerías de JxCat. Si gobernando Torra ya le resultaba difícil esta obediencia por la parte de la gente de ERC, ahora, invertidos los papeles y con muchas menos atribuciones, todavía será más evidente que estamos ante la anomalía de dos gobiernos. Y esto sucederá en uno de los momentos más complicados de la historia de Cataluña, como mínimo desde el inicio de la Transición, porque junto con la crisis económica se mezcla la capacidad de disponer de proyectos para los fondos europeos para la recuperación, además de los estragos que puede provocar la epidemia.
La relativa debilidad de las salidas a la calle del lunes al hacerse pública la sentencia pueden ser expresiones de un cierto agotamiento en los ánimos, que no quiere decir en el voto. Las convocatorias de la ANC, Òmnium, la Associació de Municipis per la Independència y de los CDR (Tsunami Democràtic continúa desaparecido), tuvieron una repercusión más bien escasa. Unas 3.000 personas se concentraron en la plaza de Sant Jaume, y luego una parte de estas, un millar, emprendieron una ruta de manifestación conducida por los CDR, primero a la Delegación del gobierno, donde tiraron cabezas de cerdo a los Mossos de Esquadra. De allí se encaminaron al Parlamento de Cataluña, donde hubo algunos lanzamientos más contra los Mossos, pero nada espectacularmente intenso, por lo que éstos no llegaron a intervenir más allá de gestualmente, lo que fue suficiente para que se dispersaran los concentrados, una parte de los cuales se volvió a reencontrar pasadas las 10 de la noche, en lo que ya es un clásico, a la altura de Urquinaona con ronda San Pedro donde, también un clásico, quemaron algunos contenedores. En Girona se concentraron unas 1.000 personas, 600 en Tarragona y 300 en Lleida. Todo ello, por tratarse de un «día histórico», no se puede decir que fuera demasiado espectacular.
Las elecciones tienen como fecha previsible la primera quincena de febrero, pero todos parecen olvidar que en estos momentos hay un «señor de la historia» que manda más que las decisiones humanas y que se llama SARS-CoV-2. ¿Es posible llevar a cabo unas elecciones si en febrero nos encontraremos en plena pandemia? Posiblemente no. Difícilmente se podría hacer y, por lo tanto, en realidad la fecha electoral está al albor de lo que suceda con el Covid-19.
También plana la incertidumbre en el partido de Puigdemont, empezando por el nombre. En octubre el juzgado decidirá si JxCat es titularidad de la gente de Puigdemont o lo recupera el PDeCAT. Si sucediera lo segundo, Puigdemont se encontraría con el grave inconveniente de tener que construir una nueva marca. Si hace uso de algún partido que esté registrado, como no habrá concurrido a las elecciones, necesitaría reunir y presentar el 0,1% de firmas de electores, cifra que se elevaría hasta el 1% si lo hicieran como a lista electoral. No son cifras ni mucho menos difíciles de alcanzar, pero sí representan un cierto obstáculo. También JxCat que finalizará su largo congreso este fin de semana necesita celebrar primarias para elegir al que previsiblemente será el número dos de Puigdemont, si éste decide encabezar la lista, que es lo más seguro.
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