Lo que está sucediendo con la escuela debería alertarnos sobre los problemas que puede generar la gestión de los importantes fondos europeos destinados a ayudar a las actividades afectadas por esta pandemia y especialmente para mejorar nuestro modelo de producción.
Ciertamente, organizar el curso escolar en las condiciones actuales de transmisión del Covid-19 no es tarea sencilla, pero ha habido tiempo para emprender las transformaciones necesarias. Es un caso de gestión de recursos complejos que necesitan objetivos claros, planificación, coordinación y capacidad ejecutiva tanto por parte del gobierno español como de las CCAA. Todo esto no se ha producido y cada autonomía marca su pauta. Este hecho no tiene por qué ser necesariamente negativo, porque su proximidad a la realidad les confiere ventajas, pero este recurso no existirá en el caso de los fondos europeos, donde el centro de gravedad descansa en la capacidad de la administración central. Y aquí es donde los interrogantes son grandes, porque hasta ahora su desacierto ha sido clamoroso.
El tiempo se nos echa encima, en octubre debería haber una primera presentación de proyectos que tendrían su versión definitiva a inicios del año próximo. Hay, por tanto, que planificar en relación con los fondos qué recursos se dedican a reparar los daños y cuáles a mejorar el sistema productivo del país. Esta es una primera determinación en la que intervienen múltiples agentes. La administración central, por supuesto, las autonómicas, también en determinados casos las locales, y de una manera especial las empresas, porque son ellas las que en buena medida llevarán a cabo los proyectos.
Junto con esta división entre parar el golpe y mejorar la economía hay una segunda cuestión muy importante de la que poco se habla, que será quién y cómo, qué criterios se utilizarán para seleccionar los proyectos. Hacerlo bien es realmente complejo, porque es mucho dinero a invertir, muchas presiones a soportar, incluso entre ámbitos de la misma administración, y una clara necesidad de que lo resultante de todo ello sea económica, social y territorialmente equilibrado.
Hay en todo ello una cuidadosa tarea de planificación, y no se ve claro qué instancia gubernamental se hará responsable en términos técnicos, más allá de la decisión de Sánchez de centralizarlo todo en la Moncloa, con una especie de plantada taurina, un «dejadme solo». Se deberá presentar con propiedad los proyectos en Bruselas y, en tercer término, habrá que gestionarlos en tiempo y forma para que las ayudas se produzcan.
Son muchas y difíciles exigencias, y viendo lo que está pasando en el ámbito de la enseñanza, no es malpensar considerar que existe un riesgo importante de fracaso, que sería terrible para el país. Echamos de menos una falta de reflexión y debate político racional y de interés por parte de los medios de comunicación para conocer los contenidos, los procedimientos y las responsabilidades. No es con apelaciones genéricas a la unidad como se resuelve este tema, sino con eficacia y eficiencia.
