La comparecencia de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ante el Congreso de los Diputados, lejos de ofrecer el mensaje de confianza institucional que el país necesita, ha aportado tres malas noticias, todas ellas de gran magnitud. Tres señales de alerta de que, tomadas conjuntamente, dibujan una Fiscalía aún más politizada, más ajena a la percepción ciudadana y, sobre todo, más desconectada de las amenazas reales que afectan a la seguridad y la estabilidad del Estado.
Elogio inexplicable a un fiscal condenado: una anomalía institucional
La primera sombra es la más simbólica y, al mismo tiempo, la más corrosiva. Peramato, futura cabeza de un cuerpo jerárquicamente sometido a su autoridad, se permitió elogiar públicamente a su predecesor, condenado por el Tribunal Supremo, sin mencionar —ni siquiera reconocer— la gravedad del delito que le fue imputado y confirmado por una mayoría de cinco magistrados contra dos.
Este gesto revela una severa anomalía institucional: la fiscal general del Estado celebrando la trayectoria de un alto cargo sentenciado por la instancia judicial más alta del país, obviando el motivo de su caída. No se trata de un descuido protocolario; es una declaración de intenciones.
Peramato parece indicar así que seguirá en la misma línea de subordinación partidista que caracterizó a la etapa de García Ortiz y, antes, de Dolores Delgado. La orden jerárquica de la Fiscalía, tan rígida como excepcional en el ámbito europeo, convierte este sesgo político en una cadena de transmisión potentísima: cuando la cabeza se desvía, toda la estructura se desvía.
El elogio del sistema actual de nombramientos: un aval a la politización
Si la primera sombra es simbólica, la segunda es estructural. Peramato no solo acepta que el gobierno de turno nombre al fiscal general del Estado: elogió públicamente el mecanismo.
Este modelo, que en otros países puede funcionar con estabilidades institucionales muy distintas, en España se ha convertido en un instrumento de control partidista. Los ejemplos recientes lo ilustran de forma incontestable:
- Dolores Delgado pasó directamente de ministra de Justicia a fiscal general, sin ningún período de neutralización institucional.
- Antes de marcharse, Delgado promovió a García Ortiz, hombre de su máxima confianza.
- El resultado: una Fiscalía alineada con el gobierno en casos judiciales que afectaban directamente a intereses políticos.
Todo esto contradice las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo General del Poder Judicial, que reclaman distancia, independencia y mecanismos de control. La propuesta mínima sería disociar el mandato de la fiscal general del ciclo político del gobierno que la nombra, pero incluso esto podría ser insuficiente.
La realidad es que el actual sistema alimenta una partitocracia institucional que erosiona la confianza ciudadana. Y Peramato, lejos de abrir puertas a una reforma, cierra ventanas.
Una prioridad equivocada: ignorar la gran amenaza del narcotráfico
La tercera sombra no es solo institucional: es existencial. Afecta a la seguridad del país y a la capacidad del Estado para defenderse ante sus amenazas más graves.
Peramato presentó la violencia de género como primera prioridad de su mandato. Es un problema importante y moralmente grave, pero no es la principal amenaza criminal de España, ni es el terreno donde el Estado corre el riesgo de perder el control. Los datos lo confirman: el número de homicidios es bajo y estable, y no justifica el alarmismo político que a menudo preside el debate.
Por el contrario, España afronta hoy una amenaza mucho más profunda: El narcotráfico y el crimen organizado.
Los informes europeos son taxativos:
- España es el 5º país de Europa con mayor criminalidad organizada, solo por detrás de Serbia, Italia, Ucrania y Rusia.
- Es una de las principales puertas de entrada de cocaína en el continente, con hubs en Algeciras, Valencia y Barcelona.
- Redes como la ‘Ndrangheta’, grupos albaneses y cárteles latinoamericanos operan con una logística establecida y con capacidad corruptiva devastadora.
El espejo europeo es inquietante:
- Bélgica y Países Bajos han visto cómo el narcotráfico amenaza a jueces, fiscales y periodistas.
- Suecia soporta explosiones y tiroteos de bandas juveniles.
- Francia es consciente de que Marsella y otras ciudades pueden desbordar al Estado.
España todavía tiene diques de contención, pero son insuficientes. Las fuerzas policiales alertan de un escenario que puede desbordarse si no se actúa con contundencia.
Y, sin embargo, la fiscal general sitúa la violencia de género como centro gravitatorio de su estrategia penal, en una muestra clara de ideologización de las prioridades, desconectada del riesgo real que afronta el país.
Conclusión: una Fiscalía que da la espalda a la realidad
Las tres sombras que proyecta la comparecencia de Peramato —el elogio al condenado, el aval al sistema de nombramientos y la elección de una prioridad que no responde a la alarma real— configuran un diagnóstico preocupante:
La Fiscalía española parece sumergirse aún más en una lógica de partido y no en una lógica de Estado.
Mientras, la sociedad, ya exhausta por la polarización y la desconfianza generalizada hacia la política, observa cómo otra institución fundamental pierde credibilidad y capacidad de respuesta.
El resultado es claro: un país más débil, menos seguro y menos protegido, subordinado a una arquitectura institucional que parece escuchar más al gobierno que a la realidad.
España no puede ignorar la amenaza del narcotráfico mientras mira hacia otro lado. #SeguridadNacional Compartir en X
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