Ya se sabe que el juego del «triler» es una especie de estafa donde hay una persona que mueve un garbanzo u otro objeto entre tres cubiletes y la gente debe apostar, después de que los haya movido el tramposo, en que lugar se encuentra el garbanzo. El negocio consiste en que la mayoría de gente nunca acierta.
En algunos aspectos, los partidos independentistas catalanes presentan semejanzas con ese juego. La única diferencia es que en lugar de un garbanzo existe la proclamación de la independencia.
Este hecho explica dos evidencias.
La primera, que según las encuestas del CEO la respuesta afirmativa a la independencia se encuentra en el nivel más bajo desde que empezó a testarse a partir de 2017. Ahora, según los datos de julio de 2023, un 41,8% votarían que «sí» a la independencia y un 52,5% optarían por el «no». Son más de 10 puntos de diferencia, la mayor distancia que nunca se ha producido excepto en febrero del 2018, que llegó a ser de 13 puntos. Es cierto que la opción por el «sí» casi siempre ha sido inferior a la del «no». Solo entre mayo del 2018 y el mismo mes del 2019, los votos a favor de separarse de España ganaron a quienes eran contrarios.
Pero a este primer hecho hay que añadir un segundo. En la peor hipótesis, si el 42% de la población opta por la independencia, es una masa electoral extraordinaria que, curiosamente, no traslada su fuerza a la política. Tenemos un gobierno de la Generalitat migrado, deficiente y débil. Y una presencia en Madrid que durante toda la legislatura fue subalterna de Sánchez.
Esto explica que el PP venga prosperando electoralmente desde principios del 2021, cuando superó a ERC y haya batido todos los récords con las elecciones del 23 de julio al obtener el 34,5% de los votos, cuando ERC sólo alcanzaba el 13,6%, por detrás de Sumar y también del PP. Las fuerzas independentistas quedaban en tercera y cuarta posición. Esto no había ocurrido nunca, salvo en los inicios de la transición.
Al mismo tiempo, y aunque la comparación no parte de bases homogéneas, es evidente que la asistencia a la manifestación de la Diada ha sido claramente decreciente. Lo fue de una forma espectacular en 2016, se recuperó en los dos años siguientes, pero a partir de 2018 la caída ha sido continuada.
Si se utilizan datos de la Guardia Urbana, resulta que en la última manifestación hubo 115.000 personas, mientras que en 2014, la mayor de todas, se alcanzó 1.80 0.000 personas. Pero no es un hecho ajeno que en este recuento hubiera un cambio de gobierno en el Ayuntamiento y pasara de ser gobernado por Trias a manos de Colau y la Guardia Urbana ya no contaba de la misma manera a los manifestantes. Sea como fuere, sin embargo, el decalaje es cierto.
La única explicación racional a esta dinámica es la actuación de ERC, en primer término, y también de JxCat.
Lo ejemplifican muy bien las últimas declaraciones del minoritario presidente de la Generalitat. No habían pasado ni 24 horas desde la manifestación del 11 de septiembre en la que Aragonés señaló como objetivo irrenunciable la independencia, para que la misma persona rehusara activar una declaración unilateral de independencia como le pedía la ANC.
Evidentemente, el referéndum pactado es imposible de entrada y en todo caso sólo puede ser el resultado de un largo y costoso conflicto, pero es evidente que el camino constitucional para llegar a ese objetivo es tan largo y difícil que en condiciones más o menos normales nunca se alcanzará. Por tanto, cuando Aragonés vuelve a guardar en la caja, pasado el día 11, la reclamación independentista, lo que hace es desalentar a toda una parte de este mundo.
Un caso distinto es el de JxCat que ha mantenido una posición mucho más radical en ese sentido.
Puigdemont ha situado un hito muy claro: amnistía antes de abrir toda negociación con Sánchez para que éste repita mandato. La primera cuestión es si este requisito se mantendrá con claridad y concreción, o una vez más quedará difuminado en el marco del verbalismo del gobierno español y de la capacidad para envolver la madeja jurídicamente que siempre ha tenido el estado.
La segunda cuestión es que si no se da esa condición, Puigdemont dejará caer a Sánchez, tal y como dijo, o preferirá mantener abierta la puerta a la esperanza, que nunca se pierde. Según cómo evolucione JxCat en este momento crucial, el independentismo se desmovilizará aún más o se activará en torno a este partido.
De hecho, el cruce de la amnistía no tiene por qué significar un endurecimiento del independentismo para ir a más, es decir, al referéndum, sino que sencillamente puede ser la condición necesaria para que Puigdemont y los suyos puedan normalizar su presencia política y recuperar el papel que progresivamente se acercara cada vez más al añorado rol histórico que jugó CiU.
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