Hay momentos en los que la política catalana parece escrita por un funcionario cansado, de aquellos que llenan formularios sin ni siquiera mirar el papel. Todo es previsible, rutinario, administrativo. Los grandes titulares duran cuarenta y ocho horas y después se deshinchan como una rueda pinchada.
La última representación del pacto entre Esquerra Republicana (ERC) y el PSC pertenece exactamente a esta categoría: mucho ruido, mucha escenografía, muchas comparecencias solemnes y, al final, un resultado tan modesto que casi provoca ternura.
Durante meses, los medios oficiales y oficiosos —que en Cataluña a menudo cuesta distinguir— construyeron el relato de la gran resistencia republicana. Nos explicaban que ERC estaba dispuesta a plantar cara, que no aprobaría los presupuestos, que Illa debería negociar hasta la extenuación y que el país se encontraba ante un cruce trascendental. Todo era teatro. Un teatro poco refinado, de esos que desde el primer acto dejan entrever los decorados de cartón piedra. La realidad era otra: el pacto estaba destinado a llegar antes del verano. Bastaba con dar tiempo a la dramatización.
El tren orbital
Luego llegó la segunda fase del vodevil: el famoso «tren orbital». En Cataluña tenemos esta curiosa tendencia a anunciar grandes infraestructuras mientras lo que ya existe se derrumba ante los ojos de todos. Cercanías sigue siendo una zona de guerra ferroviaria: trenes cancelados, averías constantes, pasajeros atrapados y retrasos interminables. Pero, mientras, la política catalana se dedica a imaginar líneas futuras, como un enfermo que sueña con palacios mientras se le cae el techo de casa.
Y aquí aparece la gran joya del pacto: un ferrocarril que unirá Vilanova i Mataró aprovechando tramos existentes. Coste previsto: 5.200 millones de euros en quince años. La cifra parece importante hasta que se traduce en la realidad: unos 347 millones anuales. Es decir, una cantidad perfectamente modesta para una infraestructura presentada casi como momento histórico. Pero hay todavía un detalle más revelador: ni siquiera dependerá realmente de la Generalitat. Todo quedará en manos del gobierno español, RENFE y ADIF.
Éste es el núcleo de la cuestión.
¿Qué sentido tiene presentar como una gran victoria nacional un compromiso a quince años vista, sin control efectivo sobre la ejecución y por una cantidad que no altera sustancialmente nada?
Al menos habrían podido pactar que el dinero fuera transferido a la Generalitat para que esta asumiera la obra y la gestión. El resultado seguiría siendo modesto, casi un ratón recién nacido, pero al menos transmitiría una idea de autogobierno. Ahora ni eso.
Lo mismo ocurre con la Agència Tributària Catalana.
El gobierno central pagará 527 millones en tres años para prepararla y que, algún día lejano, pueda gestionar el IRPF. Unos 175 millones anuales. Es decir: “ya hablaremos”. La vieja técnica hispánica de la patada hacia delante. El rugby administrativo elevado a categoría institucional. Todo queda diferido, aplazado, pospuesto. Ad calendas graecas.
Entre el tren orbital y la Agencia Tributaria, el apoyo de Esquerra sale este año por menos de 550 millones. Este es el precio político actual de ERC. Y el dato es muy significativo. Porque los mercados —también los políticos— indican el valor real de las cosas. Y si el apoyo parlamentario del partido que durante años se proclamaba motor del independentismo se paga a ese precio, es porque las expectativas que genera son bajísimas.
Por eso resultan tan cómicos los aspavientos del presidente del PP catalán advirtiendo constantemente del «gran peligro independentista».
Todo el mundo tiene derecho a sus obsesiones particulares, naturalmente. Pero las cifras tienen la mala costumbre de poner las fantasías en su sitio. El mayor problema del independentismo no es Vox. Ni tampoco el PP. Sus peores adversarios son aquellos que siguen llevando la etiqueta independentista mientras practican una sumisión dócil y permanente.
En Cataluña hay una antigua sabiduría campesina que diferencia muy bien entre las cabras y los corderos. Las cabras, al menos, tienden a escapar. Los corderos siguen siempre al rebaño. Pues bien: parte considerable del independentismo oficial hace tiempo que abandonó cualquier tentación de cabra.
El acuerdo también incorpora una nueva comisión para vigilar las inversiones del Estado en Cataluña. Otra más. El país se ha convertido en una auténtica industria de comisiones bilaterales, organismos de seguimiento, tablas de coordinación y mecanismos supervisores. Hay tantos que uno acaba sospechando que la principal actividad política del país consiste precisamente en reunirse.
La paradoja es deliciosa: si los mecanismos existentes hubieran funcionado, no habría que crear otros nuevos. Pero la actual política catalana se ha especializado en sustituir los resultados por estructuras burocráticas. Cuando algo fracasa, en lugar de corregirlo, se crea una nueva comisión para estudiar por qué fracasa la comisión anterior.
El Consorcio de la Zona Franca
Hay, eso sí, un cambio tangible: el Consorcio de la Zona Franca dejará de ser íntegramente controlado por el Estado. El gobierno español conservará el 40%, la Generalitat tendrá otro 40% y el Ayuntamiento de Barcelona el 20% restante. Esto, al menos, es concreto. Es una vieja reivindicación pujoliana y tiene consistencia política y práctica.
Hay más
Pero el resto vuelve a moverse en la niebla habitual. ¿Las competencias sobre obras y ordenación del litoral? En teoría, ya disponemos, al menos parcialmente, desde 2008. ¿La financiación singular? Muerte antes de nacer. El traspaso del IRPF ya hemos visto en qué ha quedado. ¿La participación catalana en los aeropuertos? Instalada en el clásico «ya te lo miraremos». Y todo lo relacionado con inmigración y control de fronteras ha desaparecido del mapa.
Ni rastro tampoco del papel de los Mossos en el control de pasajeros en el aeropuerto. Tanto ruido para terminar en la nada. Páginas y páginas de declaraciones, contradicciones, exclusivas, filtraciones y solemnes advertencias para concluir exactamente donde siempre: en la más absoluta irrelevancia.
La política catalana se ha ido empobreciendo exactamente igual que se empobrece al país. Ha perdido grosor intelectual, ambición y sentido histórico. Todo se ha vuelto pequeño, provisional y administrativo. Los grandes debates han sido sustituidos por negociaciones de contable. El Gobierno de Cataluña se ha convertido en una simple masovería de la Moncloa.
Mientras, el Parlamento sigue sin discutir en serio cuestiones decisivas. Por ejemplo, el Informe Fénix, que plantea la decadencia estructural de Cataluña en términos demográficos, educativos, económicos e institucionales. Pero, por supuesto, esto exigiría afrontar la realidad. Y la realidad, hoy, incomoda mucho más que cualquier farsa.
El mayor problema del independentismo no es Vox. Ni tampoco el PP. Sus peores adversarios son aquellos que siguen llevando la etiqueta independentista mientras practican una sumisión dócil y permanente #ERC #PSC Compartir en X
