El debate internacional sobre Venezuela ha sido distorsionado por una interpretación selectiva -y profundamente hipócrita- del derecho internacional. Conceptos como «soberanía», «no-intervención» y «orden jurídico» se invocan como si existieran para proteger a los gobiernos, y no a las personas. Esta lectura transforma la soberanía estatal en un dogma que justifica incluso el colapso humano, económico y político de un país entero.
Pero la soberanía no es un fin en sí misma. Es un instrumento funcional y legítimo solo mientras el Estado cumple con sus obligaciones mínimas hacia su población. Cuando un régimen convierte a su pueblo en rehén —destruye las instituciones democráticas, reprime, empobrece, persigue a disidentes y elimina cualquier vía de alternancia política— pierde la legitimidad que da sentido al principio de soberanía que dice defender.
¿O no se actuó así en el caso de Sudáfrica del apartheid, con Serbia o Libia?, con resultados desastrosos en este último caso.
Venezuela vive una emergencia humanitaria que ha provocado el éxodo de más de 7,7 millones de personas, según datos de ACNUR (2023). Es el segundo mayor desplazamiento forzado del mundo, solo por detrás del de Siria. Dentro del país, quienes se quedan afrontan una crisis estructural: más del 80% de la población vive en pobreza multidimensional, los servicios públicos están colapsados y la represión política sigue siendo sistemática. No existen elecciones libres, no hay prensa independiente, no hay separación de poderes. Y lo más grave: no hay canales internos efectivos para que los venezolanos puedan transformar su realidad por su propia cuenta.
Sin embargo, ante esta tragedia, muchas voces —sobre todo desde el extranjero— insisten en que solo los venezolanos deben resolver su situación «soberanamente», como si existieran las condiciones mínimas para hacerlo. Esta postura, aunque pueda parecer neutral, en la práctica avala la perpetuación del sufrimiento.
En contextos extremos, la intervención externa –incluso de carácter militar– no viola necesariamente el derecho internacional. Puede ser, de hecho, la afirmación de su núcleo ético. El principio de la Responsabilidad de Proteger, adoptado por la ONU en 2005, establece que cuando un Estado falla de forma evidente a la hora de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica o los crímenes contra la humanidad, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar.
Los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, avalada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han documentado desde 2019 patrones de represión, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado venezolano. Esto no es una cuestión de «diferencia ideológica»; es una situación que compromete a los estándares más básicos del derecho internacional humanitario.
El argumento de que cualquier forma de intervención estaría “contaminada” por intereses económicos o geopolíticos –como el petróleo– también resulta simplista.
Sí, los intereses existen; rara vez han estado ausentes de la política internacional. Pero su existencia no anula la legitimidad de una acción cuando esta responde a una demanda real del pueblo oprimido. El criterio central no es la pureza moral de los actores externos, sino la realidad vivida por quien está dentro: millones de venezolanos celebran cualquier posibilidad concreta de liberación. Lo hacen porque saben quién es el verdadero agresor.
Una lección histórica debería ayudarnos a salir del cinismo. Si las potencias aliadas hubieran decidido no liberar a los campos de concentración nazis por respeto a la soberanía alemana, aquella omisión hoy sería recordada como complicidad. El derecho internacional no puede exigir neutralidad frente a crímenes masivos. Y menos cuando esta neutralidad se defiende cómodamente desde la distancia.
Lo que muchos presentan como una “defensa del derecho internacional” es, en realidad, un ejercicio de selectividad ideológica. Se citan principios jurídicos no para construir soluciones, sino para justificar la pasividad. Se defiende la “no intervención” desde países donde la democracia no está en juego, desde donde es fácil romantizar la resistencia civil o minimizar el coste de la inacción.
Pero cuando la soberanía se invoca para justificar la miseria, el derecho deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en retórica vacía. Defender la legalidad internacional no debería implicar proteger estructuras de poder autoritarias, sino garantizar que ningún gobierno —absolutamente ninguno— pueda destruir a su pueblo en paz.
No se trata de idealizar las intervenciones ni promover aventuras militares irresponsables. Se trata de reconocer que, en contextos como el venezolano, la omisión también es una forma de intervención. Y no precisamente neutral. Porque mientras el mundo debate principios, millones de vidas siguen suspendidas en el colapso.
El debate sobre Venezuela necesita honestidad. No se puede seguir disfrazando de respeto a la soberanía, lo que, en el fondo, es comodidad, miedo o indiferencia. La legalidad internacional fue creada para proteger a los seres humanos, no para blindar a sus verdugos.
Esta lógica tiene salvedades que el caso de Libia e Irak muestran claramente. Solo si las consecuencias de la intervención para liberar a una población de condiciones de miseria e injusticia, pueden ser peores que lo que se quiere resolver, mejor mantener el statu quo como mal menor. Pero este no es el caso de Venezuela, que ha sido una intervención quirúrgica y tan limitada que es difícil encontrar precedentes.
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