España ha sido considerado el peor país de la OCDE por la forma en que el gobierno ha tratado la pandemia: han muerto 50.000 personas. Pero es que, incluso con las cifras oficiales, que aún no llegan a 30.000, España ocupa los primeros puestos del mundo en número de muertes en función de su población. También disfruta de este dudoso honor en cuanto a personal médico afectado, y quedará para siempre como un estigma el abandono y maltrato a las personas mayores de las residencias y el cribado hospitalario a que fueron sometidos, que es la causa principal de la elevada mortalidad española.
A pesar de estos hechos, la fiscalía ha rechazado todas las numerosas querellas que presentadas en el Tribunal Supremo contra el gobierno y específicamente contra Sánchez y contra Illa por responsabilidades en las muertes. La Fiscalía General del Estado, que ocupa la exministra Dolores Delgado, considera que no hay ningún tipo de responsabilidad a indagar porque las acusaciones son «genéricas y difusas» y «no queda claro cómo los querellados podrían haberlas evitado».
Realmente, desde el punto de vista de la fiscalía, el derecho pertenece al género literario, porque es evidente cómo podían reducirse las muertes desde la perspectiva técnica. Por ejemplo, si cuando se decidió el estado de alerta se hubiera establecido lo hecho muchos meses después, como es la incorporación de las residencias al sistema de salud, en lugar de mantenerlas al margen, cerradas y bloqueadas, y lo que es peor, impidiendo literalmente que los ancianos más enfermos fueran trasladados a los hospitales. La fiscalía también argumenta que «ni siquiera indiciariamente consta que el gobierno ocultara o maquillara deliberadamente los datos». ¿Cómo se pueden hacer estas afirmaciones cuando son públicas y notorias las reiteradas e incluso públicas irregularidades con los datos sobre los muertos que ha ido cometiendo el gobierno español, sus continuos cambios de criterio, sus diferencias nunca aclaradas con los datos que dan las CCAA? De hecho, la Fiscalía considera que todas las responsabilidades recaen en las CCAA, porque suya es la competencia en salud y son las únicas competentes en la materia. Si fuera así, el Ministerio de Sanidad sobraría, porque no tendría nada que decir ni que hacer. Pero es que no es así: tienen transferidas competencias de gestión, pero la responsabilidad última legislativa recae en el gobierno. Pero es que, además, durante el periodo crítico se produjo bajo el mando único. El concepto es claro. Quiere decir que mandaba uno, el Ministro de Sanidad, como así estuvo establecido normativamente. Él tomaba las decisiones y las CCAA obedecían. Pero para la fiscalía de la exministra de Sánchez no es así, ya que estas «conservaban las competencias de gestión». O sea, que el que manda no es responsable, y el que gestiona en función de lo que le han mandado, sí lo es. La perspectiva fiscal es ciertamente fastuosa.
Está claro que la cosa se explica cuando el informe ha sido elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que es el órgano asesor de Dolores Delgado y que, por lo tanto, depende de ella, y que sorprendentemente no ha sido llevada, a pesar de la polémica, a la Junta de Fiscales del Supremo, lo que no deja de ser una gran anomalía para una cuestión que se resuelve en esta instancia.
Menos mal que vivimos en un estado de derecho y de división de poderes.
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