Ocho años son mucho tiempo. Son dos legislaturas, una parte considerable de la vida de una generación y un período más que suficiente para que las políticas de un Gobierno manifiesten sus efectos. Y, sobre todo, para que ya no sea posible atribuir sistemáticamente los problemas a la herencia recibida.
Pedro Sánchez gobierna España desde junio de 2018. Ahora, cuando el país se encamina hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, es el momento de formular una pregunta elemental, pero a menudo ausente del debate político: ¿qué ha mejorado realmente, qué ha empeorado y qué problemas han quedado sin resolver? ¿Qué legado deja?
La respuesta exige algo más que confrontar declaraciones. Hay que examinar datos, establecer comparaciones, distinguir causas de consecuencias e identificar responsabilidades.
Una economía que crece. Pero ¿quién prospera?
El Gobierno exhibe el crecimiento económico y el empleo como sus grandes logros. No son datos inventados: el PIB creció un 2,6 % en 2025, según la revisión del INE, y España ha superado los 22 millones de ocupados. Pero estas cifras no resuelven las preguntas fundamentales. ¿Cuánto ha crecido la renta real por habitante? ¿Qué ha ocurrido con la productividad? ¿Qué parte de la expansión económica responde al aumento de la población y del empleo, y cuál a una mejora efectiva de la capacidad productiva?
Una economía puede crecer mientras muchas familias experimentan dificultades cada vez mayores para mantener su nivel de vida. El PIB no es sinónimo de bienestar, ni el empleo equivale necesariamente a prosperidad.
La vivienda y la educación: dos hipotecas sobre el futuro
La crisis de la vivienda constituye probablemente uno de los ejemplos más visibles de la distancia entre la retórica política y la realidad social. El Banco de España, en su Informe Anual 2025, identifica las restricciones de la oferta residencial como el principal factor de los problemas de acceso a la vivienda.
¿Qué se ha hecho para corregir este déficit? ¿Qué resultados han tenido las leyes, los anuncios y las promesas de construcción? ¿Por qué trabajar ya no garantiza a muchos jóvenes poder emanciparse?
La educación plantea un interrogante igualmente grave. PISA 2025 sitúa a España en 451 puntos en lectura y 457 en matemáticas, por debajo de las medias de la OCDE.
El problema no es solo educativo: afecta al capital humano, a la productividad futura, a la igualdad de oportunidades y a la capacidad de competir internacionalmente. ¿Qué responsabilidad corresponde a la legislación estatal, a las comunidades autónomas y a los modelos pedagógicos aplicados?
Los servicios públicos: de la degradación a la pérdida de confianza
La alta velocidad ferroviaria, que había sido un exponente de la modernización española, se ha convertido en motivo de preocupación. Los dos gravísimos accidentes ferroviarios de 2026, las incidencias recurrentes y el deterioro de Rodalies exigen examinar la inversión, el mantenimiento, la gestión y los mecanismos de seguridad. La dimisión de Óscar Puente, tras el segundo accidente, sitúa con más fuerza la cuestión de la responsabilidad política.
También hay que analizar la respuesta institucional a la pandemia, el gran apagón eléctrico, las catástrofes naturales y las dificultades de diferentes servicios esenciales.
No toda desgracia es imputable al Gobierno. Pero gobernar significa prevenir riesgos, corregir deficiencias y responder de los errores de gestión.
La democracia y el precio de gobernar sin rendir cuentas
La cuestión institucional es aún más profunda.
España continúa funcionando en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2023, sucesivamente prorrogados.
¿Qué significa gobernar durante tanto tiempo sin renovar este instrumento esencial de dirección política y control parlamentario?
También hay que examinar el uso de los decretos-leyes, las relaciones entre instituciones, los escándalos de corrupción que afectan al entorno político del Gobierno, el funcionamiento de los contrapoderes y la calidad de la deliberación parlamentaria.
La democracia no se reduce a ganar elecciones. Necesita límites al poder, transparencia, responsabilidad e instituciones capaces de fiscalizarlo.
El legado: la cuestión decisiva
La pregunta final es aún más importante que el balance del pasado: ¿qué España deja Sánchez al futuro Gobierno y a las nuevas generaciones?
¿Un país con mayor capacidad para crear riqueza y garantizar oportunidades? ¿Con unos servicios públicos más fiables? ¿Con unas instituciones más sólidas? ¿O con problemas estructurales agravados, compromisos presupuestarios crecientes y reformas pendientes cada vez más costosas?
Hay que distinguir los problemas heredados de los problemas creados, los éxitos reales de los resultados aparentes y las decisiones acertadas de las oportunidades perdidas.
Porque, en definitiva, gobernar no consiste en dominar el relato del presente, sino en construir las condiciones del futuro.
Sesión de análisis político
El jueves 12 de noviembre a las 19:30, Josep Miró i Ardèvol presentará este balance en una sesión de análisis político abierta a todo el mundo: «Ocho años de Sánchez: ¿qué dicen los hechos?». Economía, vivienda, educación, servicios públicos y calidad democrática, con datos y espacio para el debate.
Será por Zoom y gratuita. Solicita aquí el enlace y El Corrent te lo enviará por correo electrónico.
El jueves 12 de noviembre a las 19:30, Josep Miró i Ardèvol presentará este balance en una sesión de análisis político abierta a todo el mundo: «Ocho años de Sánchez: ¿qué dicen los hechos?». Compartir en X
