Los hechos son conocidos: el espionaje sobre unas sesenta personas del ámbito independentista, abogados defensores incluidos, que ha provocado un escándalo que cuestiona la continuidad del gobierno Sánchez.
En esta ocasión, ERC se mantiene firme en la reclamación de responsabilidades políticas concretas, es decir, dimisiones. El resultado se vio ya en su voto contrario al programa del gobierno de medidas para paliar los actuales problemas económicos.
En este contexto, el día 2 de mayo, festivo en Madrid y en otras CCAA, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, sorprendió a todos convocando de urgencia una rueda de prensa en la Moncloa. La razón después de este hecho extraordinario generó un asombro generalizado. El ministro informaba públicamente de que el teléfono del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa habían sido espiados y se había producido un importante escape de información, sobre todo en el caso del teléfono de Sánchez, porque representaba el acceso a varios gigas de información.
No es la primera vez que el teléfono de un presidente de gobierno es pirateado, pasó con Macron o Merkel, entre otros. Pero sí es la primera vez que el propio gobierno lo reconoce formalmente, porque el procedimiento habitual en estos casos es ni confirmar ni desmentir, como se hace siempre en cuestiones que afectan a la seguridad nacional. Este hecho de por sí ya ha causado una gran sorpresa en el ámbito internacional, que Bolaños y la ministra portavoz intentan maquillar afirmando que lo hacen por una cuestión de transparencia. El problema es que, primero, este concepto no se aplica a las cuestiones vinculadas a Inteligencia ni a los que se pueden considerar secretos y, segundo, si algo no es ese gobierno en su actividad regular es precisamente transparente. Lo constata que haya sido reiteradamente advertido por el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno para dar informaciones reiteradamente modificadas y que tenía obligación de hacer públicas. Por tanto, la excusa no tiene credibilidad ni para propios ni para extraños.
Las consecuencias de esta revelación son graves, mucho más graves que el espionaje al independentismo, que ya era un asunto vidrioso, pero que de cara a la opinión pública española e internacional podía justificarse en términos de que el CNI tiene como misión, entre otras, velar por la unidad del estado, una misión común a la de otros países, y que esto, mal que bien, podría justificar esa intromisión en la intimidad telefónica de tantas personas.
El problema ahora es el espionaje en el teléfono del presidente del gobierno que es anunciado un año más tarde de cuando se produjo. Significa una quiebra del servicio de inteligencia muy grave, también de una irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno de tener un teléfono de tan fácil acceso. En este sentido, no mejora la situación el hecho de que Defensa compró equipos de encriptamiento, poco después de los asuntos en los teléfonos de Sánchez y Robles que sucedieron en junio del 2021.
Cabe recordar que además la filtración de datos del teléfono del presidente fue extraordinaria, más de 2,6 gigas de información. Pues bien, un mes después, el 21 de julio de ese año, el Estado Mayor de Defensa y a cargo de la Jefatura de Asuntos Económicos cerró un contrato con Epicom por la adquisición de equipos criptográficos. Puede ser casualidad, pero en realidad hace pensar que evidentemente el CNI tuvo conocimiento hace meses de este problema y adoptó medidas para que no se repitiera.
Al ocultar estos hechos lo que hace Sánchez es desacreditar al CNI. También da pie a especulaciones como la que vincula el cambio radical de posición del presidente del gobierno español en relación al Sáhara, favoreciendo a Marruecos, con este espionaje, que coincidió con dos hechos vinculados a ese país. Uno, la ola migratoria que se produjo sobre Ceuta y Melilla en aquellas fechas, que había acogido al dirigente saharaui, Brahim Gali, y que dio lugar a la gran crisis diplomática con Marruecos. Es muy posible que no exista relación entre estos hechos, pero la forma de proceder del gobierno induce a creerlo.
En cualquier caso, lo que es evidente es que se ha producido un gran descrédito de España en relación con las cuestiones de seguridad y de su inteligencia nacional. Todo esto tiene consecuencias graves para la credibilidad española, para su papel en la política internacional, y también porque CNI como todos los centros de inteligencia fundamenta una parte importante de su labor en compartir información, y es evidente que ésta misión se verá alterada porque otros servicios secretos no tendrán un franco entusiasmo al hacerles partícipes de temas sensibles.
La pregunta del millón es por qué ahora, un año después, cuando ya hacía meses que el gobierno lo sabía, ha hecho pública esta información que le ha valido crisis generalizadas y ha acentuado el problema derivado del espionaje de Pegasus.
La explicación es una jugada con dos movimientos dirigidos a satisfacer la demanda de ERC y cortar alguna cabeza. Sánchez no podía en modo alguno hacer dimitir a nadie del CNI porque ERC lo pidiera. La mayoría de la opinión pública española no aceptaba esa contrapartida. Por tanto, el presidente del gobierno se encontraba bloqueado y su continuidad en riesgo, dada la inestabilidad parlamentaria a la que se veía sometido. Pero todo cambia si la cabeza se corta, no para satisfacer a ERC, sino por una quiebra del sistema de seguridad que afecta al propio gobierno de España. Entonces, la cuestión cambia absolutamente y en nombre del estado y de sus intereses hace mucho más digerible lo que sin duda se va a producir: la liquidación de Paz Esteban, la directora general del CNI, precisamente nombrada por Sánchez.
Cabe recordar que Esteban es una funcionaria de toda la vida del CNI ya que lleva 40 años trabajando. Será la cabeza que se cortará y se ofrecerá a Aragonès para garantizar la continuidad del gobierno español y ver si, pasadas las elecciones andaluzas del mes de junio, la siguiente víctima no es precisamente Robles. Ésta será la oferta que llevará Sánchez en su visita a Barcelona para entrevistarse con Aragonès. El presidente del gobierno, como en la película de Los Hermanos Marx en el Oeste, es capaz de quemar todos los vagones para continuar al frente de la máquina de tren. Sánchez puede decir con propiedad que hace «todo lo necesario» para seguir gobernando. Son instintos muy peligrosos en un país.
