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Catalangate. ¿Cederá una vez más Aragonès?

En esta ocasión la reacción de Aragonès y de ERC ante los graves hechos del espionaje masivo al independentismo, ha sido un tormento y las condiciones que sitúan sobre la mesa son muy concretas. El propio Aragonés, tras declarar en una extensa entrevista en El País del 24 de abril que estábamos ante “el caso de espionaje masivo más importante de la democracia” y señalar que “todos los indicios apuntan claramente a organismos vinculados a España”, apuntaba las condiciones que debían cumplirse por parte del gobierno Sánchez si quería seguir disponiendo de su apoyo en Congreso de los Diputados. Eran:

  1. Una investigación de carácter interno en los propios organismos del estado, pero cuidado con la cuestión, con una supervisión independiente.
  2. Que se responda políticamente en el Congreso en una comisión de investigación.
  3. Que se depuren responsabilidades.
  4. Que se garantice que esto no se repetirá.

A consecuencias de esta posición, Sánchez se reunió en Barcelona con la consejera Laura Vilagrà. Posteriormente, el ministro de la presidencia presentó la posición del gobierno como grandes concesiones y transparencia. La respuesta, por parte de su interlocutora, fue mucho más fría anunciando que lo hablado era insuficiente.

La realidad es que aquello a lo que se ha comprometido Bolaños está lejos de las cuatro condiciones señaladas por Pere Aragonès. Ha ofrecido una comisión, la comisión de secretos oficiales, y la declaración de la actual directora del CNI, Paz Esteban. También ofreció una indagación interna, pero en ningún caso se refirió a una supervisión independiente. Pedir al CESID que indague sobre un acto presuntamente cometido por el CESID es una contradicción en los términos.

Por otra parte, la comisión de secretos oficiales no está constituida, de hecho no se ha reunido desde 2019. Para su constitución es necesaria una mayoría de 3/5 partes de los votos representados en el Congreso, y aquí es donde está el problema y la trampa. El PSOE exige que estén presentes todas las fuerzas políticas con grupo parlamentario, lo que significa la presencia de Bildu, a lo que se oponen PP, Cs y Vox, por las relaciones de este partido con lo que había sido el entramado terrorista de ETA.

El PSOE plantea la presencia de Bildu como condición innegociable. El PP, por su parte, afirma que no establece el veto a nadie, sino que de acuerdo con el reglamento de la cámara tiene derecho a votar a los candidatos que considere adecuados, algo incuestionable. Pero si no vota a Bildu, lo que es un “trágala” para muchos de sus votantes, entonces esta formación no obtendría el quórum de votos necesarios. Todo esto lo conoce perfectamente bien el PSOE, porque el problema para constituir la comisión de secretos oficiales no viene de ahora, lo que ocurre es que con este mecanismo Sánchez puede atribuir la responsabilidad de que no haya comisión a los demás y evitar la comparecencia de la directora del CESID, lo que, si se produjera, no sería suficiente por sí solo, ni mucho menos para cumplir las condiciones de Aragonès. Una de ellas, de la que ni siquiera se habla, es la necesaria supervisión independiente.

Como el gobierno Sánchez, pese a toda su acción para borrar todo rastro de franquismo, sigue manteniendo en vigor la ley de secretos oficiales de la época de Franco, logra bloquear así toda explicación si aquella comisión no está constituida, porque es el único marco en el que la ley autoriza a informar sobre secretos oficiales. Por tanto, si la comisión no se constituye, tampoco habrá investigación, como reclama la segunda condición de ERC.

Depurar responsabilidades, de momento tampoco parece estar en la agenda del gobierno, que cabe decir que no confiere especial importancia a esta cuestión, porque Sánchez todavía es hora de que se tenga que referirse a ello.

Por último, la garantía de que esto no se repita es perfectamente inexistente a efectos del gobierno porque tampoco existe ningún compromiso en este sentido. Mientras el programa Pegasus siga funcionando, este tipo de espionaje puede realizarse impunemente. De hecho, uno de los expertos en seguridad consultados hacía una frase muy reveladora “con Pegasus sólo se acaba a martillazos”. Es decir, la única garantía de que no se repita es que el programa deje de estar al alcance de las instituciones gubernamentales, y eso parece difícil.

La dimensión real del problema es desconocida, y eso todavía debería preocuparnos más, porque el independentismo se ha centrado sólo en sus casos, pero parece lógico suponer que la invasión de los teléfonos personales puede haber sido mayor y por circunstancias muy diversas. Existe el deber por parte del Congreso, y especialmente del Defensor del Pueblo, de pedir información y precisar el alcance del espionaje sobre ciudadanos españoles por parte de instancias gubernamentales. En concreto el Defensor del Pueblo tiene la obligación por ley de velar por los derechos de los ciudadanos y este asunto le obligaría a actuar de oficio.

Si se hace realidad la exigencia de Aragonès y ERC, tendremos ocasión de comprobarlo el jueves cuando Sánchez ponga a votación su plan anticrisis, sin que se hayan resuelto ninguno de los puntos planteados por el presidente Aragonès. Si ERC vota a favor, quedará claro que ni la Generalitat ni este partido tienen ningún interés en desmarcarse del PSOE, ni siquiera en casos tan extremos como los de los catalangate . Tendríamos así un segundo gran desistimiento del gobierno catalán. El primero ha sido asumir en silencio y conformidad un nuevo retraso  ad  kalendas graecas  del nuevo sistema de financiación, al que ahora se añadiría votar a favor del gobierno una vez más, a pesar de todos las discrepancias previas.

Mantindrà Aragonès el seu ultimàtum a Sánchez o bé votarà a favor seu a la primera ocasió que tingui?

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