El sector agrario es uno de los pocos en los que las políticas de Bruselas se diseñan sin una interlocución fluida con los sectores afectados y delega mucho en los ministros de agricultura. Entre tantos lobbies como actúan en Bruselas, el de los campesinos no tiene mucho peso. Si la Comisión dedicara el 20% de su tiempo de lo que dedican a los lobbies LGBTIQ y feministas, a los campesinos, seguramente no habría habido revuelta campesina.
Las medidas que ahora ha adoptado la Comisión ante la tormenta desatada y la proximidad de las elecciones europeas llegan tarde, aunque siempre es mejor que lleguen, y sobre todo son insuficientes.
Se pueden resumir en estos términos:
- Revisar los requisitos mínimos de buenas prácticas ambientales necesarias para el cobro de las ayudas. Si no se concreta y la revisión no es profunda no servirá para nada.
- Aliviar los requisitos durante “períodos sensibles”. Una propuesta demasiado indeterminada que señala el poco compromiso de la comisión.
- Reducir hasta un 50% el número de visitas de control de los inspectores. Ahora las harán por satélite. No deja de ser un parche.
- Dar más flexibilidad y claridad en la determinación del concepto de “fuerza mayor”. Como en otros puntos precedentes, la indeterminación se cierne sobre la propuesta.
- Racionalizar los controles para limitar la carga administrativa y no penalizar cuando el error del agricultor en su tramitación es involuntario. Esa medida más que una solución es un acto de justicia.
El documento aprobado por la Comisión que contiene estos aspectos, también recuerda a los Estados miembros su nueva capacidad de acción desde 2020.
También señala que podrán reconsiderarse cambios en la regulación básica de la PAC a medio plazo. Una de estas medidas podría ser la de eximir de controles de las condiciones ambientales a las explotaciones de menos de 10 hectáreas. Esto afectaría a buena parte de los agricultores, pero va en el sentido opuesto de lo que conviene: hacer crecer la dimensión de la EFA. En definitiva, muy poca oferta para ayudar a la revuelta.
Y aquí entra en juego la nueva PAC, la del 2020. Dota de 344.000 millones de euros para el período 2023-2030. Es mucho dinero y debería gastarse bien. En realidad, todavía son más porque hay que añadir los fondos Next Generation dedicados al programa agroalimentario. A España le corresponderán unos 50.000 millones, equivalentes a unos 7.000 millones al año. Son muchos euros.
La idea de que todo se resuelve en Bruselas no es cierta. La nueva PAC define que los Estados miembros deben llevar a cabo planes estratégicos nacionales, que les permitan realizar sus propios diagnósticos, establecer las prioridades e incentivos por los diversos subsectores. También definir los programas para la mejor vertebración en la cadena alimentaria, la incorporación de jóvenes agricultores y la digitalización.
Hay mucha tela que cortar en todo esto, pero hasta ahora el ministerio y la Generalitat llevan años mirando hacia otro lado y actuando como una simple gestoría administrativa, aunque las oportunidades son importantes, pero no están al alcance de los campesinos aisladamente. Por ejemplo, mejoran las ayudas directas a los agricultores “genuinos”, aquéllos que son profesionales y tienen una dedicación real al sector agrario. En Catalunya son unos 18.000, menos que el número de explotaciones agrarias existentes, lo que permitiría una gran política.
- Estimular la formación de mayores empresas familiares agrícolas e incentivarlas mediante ayudas económicas de apoyo administrativo, técnico y de mercado.
- Favorecer su articulación para que puedan llegar a ofertar directamente en el mercado. Que haya tan pocos agricultores efectivamente profesionales da una gran posibilidad de una reforma de las estructuras agrícolas.
- La concentración parcelaria que mejora la productividad de las explotaciones debería generalizarse, así como la racionalidad del regadío, haciendo que la gran mayoría, el 80%, hiciera un uso eficiente del agua. Este excedente permitiría ampliar el riego, disponer de recursos para usos no agrícolas y tener una tercera parte de ahorro de agua para mantener el caudal natural.
Lo que requiere Cataluña es realmente un plan agrario que no tiene, que venga precedido de las medidas urgentes que los campesinos reclaman.
Y con todo esto todavía quedaría otra asignatura pendiente, la de nuestros bosques afectados por la crónica deficiencia de inversión y gestión, y ahora en gran peligro por la combinación de la sequía y el crecimiento de las plagas.
La falta de capacidad para el diseño de las políticas adecuadas y de ejecución del gobierno de Cataluña resulta incalificable.
Para entender y aportar soluciones a la revuelta campesina (I). La política agraria común
Para entender y aportar soluciones a la revuelta campesina (II). Sus causas
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