La principal característica del Estado moderno es su voracidad fiscal. Trabajar 180 días al año —y a menudo más— sólo para pagar impuestos, y poder dedicar a sus propias necesidades el fruto del trabajo a partir de esta frontera, es un exceso.
Más aún lo es cuando el Estado no demuestra eficacia en sus desmedidas prestaciones, ni claridad en el uso de la ingente cantidad de dinero de que dispone. En España y en Cataluña, este problema llega al paroxismo: el rendimiento de cuentas real, objetivo y verificado por una autoridad independiente, es sencillamente nulo.
Por si fuera poco, se ha puesto de moda gobernar sin presupuestos. Pedro Sánchez funciona todavía con los del 2023, incapaz de sacar adelante unos nuevos. La consecuencia es obvia: arbitrariedad en el gasto y falta absoluta de control. Y, mientras, los ciudadanos soportamos una asfixia fiscal extraordinaria.
Illa también va con presupuesto prorrogado y no pasa nada… nos dicen. Lo que en Europa marcaría la necesidad de elecciones aquí se vive como un detalle sin importancia. Pero sin presupuestos el control del presupuesto resulta aún más inviable.
Los socialistas se defienden alegando la presión fiscal -la recaudación en relación con el PIB-, pero este indicador no refleja la carga real que soporta la ciudadanía. Lo que de verdad cuenta es el esfuerzo fiscal, es decir, la relación entre lo que se paga y los ingresos reales de cada contribuyente. Y aún más claro resulta si añadimos la “cuña fiscal”, que incorpora también las cotizaciones a la Seguridad Social, singularmente elevadas en nuestro caso.
En ambos parámetros, España —y más Cataluña— se sitúan por encima de la media europea, pero las prestaciones que recibimos son claramente inferiores.
La entrevista en La Vanguardia
En este contexto, es necesario leer las palabras del presidente Illa en una entrevista en La Vanguardia. El director y entrevistador Jordi Juan le plantea directamente: «Nacer en Cataluña comporta ser el ciudadano que paga más impuestos. ¿No quiere replantearlo?»
La respuesta de Illa es reveladora de cómo piensa, no como representante de los catalanes, sino como fiel funcionario de partido: «Nuestras sociedades necesitan políticas públicas potentes, por ejemplo en materia de sanidad, educación o seguridad. No podemos solucionarlo a base de deuda. Tenemos que pagar impuestos. El problema es que aquí se está haciendo una carrera bajista. El egoísmo fiscal es un camino muy equivocado, al igual que los países europeos que son refugios fiscales.”
Este planteamiento es profundamente falso. Illa establece una relación directa entre impuestos y servicios, cuando la cuestión decisiva es la eficacia con la que la administración presta estos servicios. Y aquí la Generalitat hace aguas. Cataluña es el territorio con la mayor presión fiscal, pero está a la cola en educación, cuando antes había sido un referente positivo. En sanidad, la degradación es palpable. En seguridad, los Mossos ofrecen un servicio razonable, pero con graves carencias que reclaman mejor gestión política.
El problema no es recaudar más, sino gestionarlo mejor.
Egoísmo fiscal… de la administración
Illa denuncia el «egoísmo fiscal» de comunidades como Madrid, donde se pagan menos impuestos. Pero hay un peor egoísmo: el de la administración que actúa como depredadora de los ciudadanos. Si comparamos los servicios prestados, Madrid —pese a recaudar menos— no ofrece unos resultados significativamente peores que Cataluña. Sin embargo, aquí pagamos mucho más, las familias disponen de menos dinero y los servicios no son mejores, sino a menudo inferiores.
Esto es especialmente evidente en educación. Y todo ello con un presupuesto que Illa exhibe con orgullo: 40.000 millones de euros, el más alto de la historia de la Generalitat. Con estas cifras, ¿no sería hora de replantear la fiscalidad que ahoga a la clase media catalana?
El impuesto sobre el patrimonio: un expolio
El caso paradigmático es el impuesto sobre el patrimonio. Los datos hablan solos: Madrid recauda 613 millones de euros; Cataluña, 664 millones. Pero los declarantes en Madrid ascienden a 24.533, con un patrimonio medio superior a los 11 millones de euros. En Cataluña, en cambio, existen 90.790 declarantes, con un patrimonio medio inferior a los 3 millones.
Que quienes pagan este importe en Cataluña no son grandes millonarios está a la vista: El coste imponible del IRPF en Madrid es de 386.000 euros, con una cuota de 134.000 euros. Es decir, quienes pagan patrimonio son personas con rentas realmente importantes.
En cambio, en Cataluña la base imponible es de solo 94.000 euros, con una cuota de 30.000 euros, ¡cuatro veces menos que Madrid! Estos son nuestros «plutócratas». Esta es la realidad de los contribuyentes catalanes: aquí el impuesto sobre el patrimonio recae sobre patrimonios mucho más modestos y afecta de lleno a la clase media: asalariados, autónomos, pequeños propietarios y microempresarios. Un auténtico expolio fiscal que se añade a un IRPF que castiga de forma especial a las rentas medias y bajas.
La conclusión es clara: el gobierno de Illa actúa en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad catalana. Esta inmensa clase media, motor del país, se ve atrapada en una política fiscal que la maltrata, mientras la administración, lejos de rendir cuentas, se blinda en su propia ineficiencia.
En definitiva, Illa no habla como presidente de una comunidad castigada por los impuestos, sino como peón disciplinado de una partitocracia que vive de ellos. Por eso, más que discursos sobre el egoísmo fiscal, lo que habría que exigir es algo mucho más elemental: que nos devuelvan el dinero.
Cataluña paga más impuestos que nadie y recibe menos servicios. Illa lo vende como progreso. #Fiscalidad #Catalunya #Illa Compartir en X
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