Ayer los idus de octubre se confabularon para dar lugar a un día nefasto.
Por un lado, el Banco Central Europeo aprobó el mayor incremento del tipo de interés desde el euro, hasta llegar al 2%, con lo que representa de encarecimiento de hipotecas y todo tipo de créditos. El interrogante es si va a servir para frenar la inflación a corto plazo, porque a diferencia de otras ocasiones se trata de una inflación de costes y no está generada por la demanda. Por tanto, el efecto del tipo de interés es, en este caso, indirecto y hay que ver el grado y la velocidad con que se produce la respuesta.
Como viene siendo habitual, el Gobierno español presentó ante el hecho dos posiciones diametralmente opuestas. La vicepresidenta Nadia Calviño asumiendo el hecho y la vicepresidenta Díaz descalificándolo duramente. Es el gobierno de «dos en uno».
La otra mala noticia fueron las cifras sobre el paro. Se acerca ya al 13% y al umbral de los 3 millones de parados. Estamos en una posición similar a la del año 2009 y, si las previsiones económicas se confirman, estas cifras deben empeorar, ya que estamos hablando de un trimestre, el de verano, que es habitualmente positivo para en el mercado laboral. No ha sido éste el caso. Se ha ralentizado el empleo, la cifra de parados de larga duración supera ya el 40% de los que no tienen trabajo y la de los jóvenes se sitúa por encima del 31%. Además, la cifra de ocupados tiene dos factores que minoran mucho su valor. Uno radica en que de cada 3 puestos de trabajo creados, 2 lo fueron en el sector público, y ésta es una pésima relación. Por otra parte, los contratos fijos discontinuos incorporan a una parte de parados que en realidad están cobrando del paro, pero se contabilizan a efectos legales como si tuvieran trabajo.
El tercer hecho ha sido la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El detonante han sido las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando anunció desde el atril de oradores el acuerdo con ERC para modificar el delito de sedición en pleno debate sobre los presupuestos, dando a entender que era la contrapartida para obtener el voto favorable de ERC.
Luego, en los pasillos, intentó enmendar en dos ocasiones el terrible error, pero ya era demasiado tarde. Le había servido con bandeja de plata al PP el motivo para romper la negociación. No estaba dispuesto, ese es el argumento popular, de que el acuerdo fuera el trasfondo de una modificación de las penas de los líderes de la proclamación de la independencia de Catalunya. De hecho, el PP venía soportando presiones muy fuertes en este sentido, y además en período preelectoral ofrecía una crítica fácil a Vox. Sin embargo, el compromiso era demasiado firme por parte de Núñez Feijóo para poder dar marcha atrás. El error de Montero le sirvió a la perfección para romper la negociación.
Hay que decir, sin embargo, que la propuesta de Feijóo no es desaforada porque le ofrece a Sánchez abordar conjuntamente la reforma del Código Penal para los delitos de rebelión y sedición. Una medida ésta que habría sido buena intentar consensuar por parte del gobierno.
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