¿Por qué el gobierno Sánchez busca la confrontación con la ley de enseñanza?

Es una evidencia que España sufre desde hace décadas una crisis educativa que la sitúa en los últimos lugares de Europa como consecuencia del bajo rendimiento escolar.

Cataluña está alineada con la media española, está a la cola en fracaso escolar, abandono prematuro y jóvenes que ni estudian ni trabajan. También presenta un bajo porcentaje de alumnos situados en los niveles máximos de las pruebas PISA. Existe la coincidencia generalizada de que una de las causas de este bajo rendimiento es la inestabilidad de la legislación educativa y el carácter muy ideológico de cada ley. El gobierno socialista hace una ley sin buscar el consenso, y cuando llega al gobierno el PP, hace otra en los mismos términos, y así sucesivamente. La escuela se ha convertido de esta manera en un ámbito politizado y polémico, todo lo contrario de lo que sería necesario.

Ahora la ministra de Educación, Isabel Celaá, reitera el mismo procedimiento. Pretende sacar adelante una ley sólo con los votos gubernamentales e imponiendo aspectos particularmente polémicos. Los más importantes son:

1. La voluntad de sacar a los padres el derecho a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos que la Constitución establece. A partir del «interés superior del menor», declaró el Estado como garante de este interés, pasando por encima del derecho de los padres en el ámbito educativo, quedando reducidos a la nada. El Estado quiere tener la exclusiva en la educación de los hijos. No es una formulación muy democrática. Como consecuencia de este hecho:
2. La ley arrincona la escuela concertada, que significa 1 de cada 4 personas en España y 1 de cada 3 en Cataluña. Para ello, la ley pretende eliminar el concepto de demanda social que garantiza la posibilidad de optar por una escuela concertada e impone cargas como la obligación de repartir el alumnado por «razones socioeconómicas entre los colegios concertados». Como estos reciben vía concierto una aportación del estado, que es muy inferior al coste real de la plaza, los padres lo compensan con aportaciones. El hecho de introducir un alumnado que no puede asumir estos pagos significa hacer inviable la economía de muchos centros. Lo lógico es que las plazas de la concertada tuvieran el mismo presupuesto que la pública o, como mal menor, que el estado se hiciera cargo del 100% de la matrícula de aquellas familias que no pueden afrontar el pago de la concertada. La ley opera en el sentido contrario, porque lo que persigue es ahogar este tipo de centros. Este objetivo se evidencia por el hecho discriminatorio de que no habrá dinero para las ayudas tecnológicas para paliar la brecha digital que genera el coronavirus y la enseñanza a distancia para las escuelas que no sean de titularidad pública. Y aquí hay que apuntar un aspecto que es muy importante, en realidad la escuela pública en España significa escuela del estado, y en la práctica, escuela del gobierno de turno, porque que sea pública no significa que sea el mismo estado el responsable de gestionarla directamente, como sucede con muchos otros servicios públicos, algunos tan estratégicos como los transportes y las telecomunicaciones. Pero la escuela es vista como un instrumento de adoctrinamiento. Y esto señala otro grave problema de la ley:
3. Volver a introducir con un nuevo nombre la polémica «educación para la ciudadanía» de la época Zapatero. Ahora se llamará «valores cívicos y éticos«, y la ministra ya ha anunciado que la perspectiva de género, un tema polémico en la educación de los menores, será uno de los elementos troncales de la nueva educación. También se deja reducida a la mínima expresión la religión, dado que su nota no contará para la media, ni servirá para pedir becas y dejará de haber una materia alternativa. De esta manera se prepara que el centro pueda desarrollar actividades que disuadan de ir a la clase de religión, por ejemplo refuerzo en inglés.
4. Otro punto de discrepancia es que, a pesar del bajo nivel de la enseñanza pública en España, todavía se reducirán más las exigencias, por lo que el título de bachillerato se podrá alcanzar con un suspenso y el de ESO «realizando actividades personalizadas extraordinarias» para todas las asignaturas que no se hayan aprobado. En realidad esta es una forma de maquillar el fracaso escolar. De esta manera desaparecen los repetidores y los jóvenes que no logran titularse en ESO o bachillerato. Pero claro, es una salida en falso que el alumno pagará después.

La ley, además, no ha sido revisada por el Consejo de Estado, lo que ya da la idea de la mentalidad que preside la tramitación. ¿Por qué actúa en estos términos el gobierno Sánchez, cuando su discurso formal es la búsqueda de la unidad y el consenso? Pues básicamente por dos razones que son constantes en los gobiernos socialistas. La primera, ver la enseñanza como una formación ideológica prerrogativa del estado. La segunda, más concreta, porque a través de este tipo de leyes polémicas (como la de la eutanasia, las personas LGTBI, la ley trans), permiten mantener una polémica encendida y cohesionar las propias fuerzas a través de ella, evitando así la disgregación como consecuencia de la deficiente gestión en el ámbito de la pandemia y las dificultades económicas que estallarán a partir del otoño.

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