El escaso apoyo económico que el Gobierno español dedica a la familia no es casualidad, sino el resultado de una política deliberada que contrasta radicalmente con la que adoptan la mayoría de los países europeos. Las cifras no dejan lugar a dudas: España se encuentra en la cola de Europa en inversión en políticas familiares, lo que agrava problemas como la pobreza infantil, el bajo índice de natalidad y la sostenibilidad del Estado del bienestar.
La familia: eje económico y social
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Genera capital social y humano, fomenta economías productivas y reduce los costes del Estado del bienestar mediante la natalidad y la educación. Este papel es clave para garantizar pensiones futuras y evitar la pobreza, especialmente la infantil. Sin embargo, las ayudas destinadas a las familias en España son insuficientes y universales, lo que las diferencia de las ayudas específicas dirigidas a combatir la pobreza.
Esta falta de inversión tiene consecuencias palpables: España lidera los índices de pobreza infantil en la Unión Europea, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de las políticas actuales.
Datos alarmantes sobre el gasto público en familia e hijos
Según datos del Ministerio de Hacienda y la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG) en 2023, España destinó 14.679 millones de euros a familias e hijos, equivalentes al 1% del PIB. En comparación, el promedio europeo es del 2,5%, lo que indica que España debería más que duplicar esta cifra para equipararse a la media. Esto implicaría un gasto de 30.000 millones de euros anuales.
Para dar una idea de lo ridículo que resulta esta cifra, solamente hay que compararla con la magnitud destinada a la exclusión social, es decir, a una pequeña parte de la población afectada por problemas de pobreza y exclusión. Aunque España tampoco presenta un nivel de excelencia en esta dimensión, la cifra destinada a este epígrafe es de 10.150 millones de euros, el 0,7% del PIB, un orden de magnitud semejante al destinado a la familia, cuando el número de personas que afectan a una y otra condición es substancialmente distinto.
En términos per cápita, las ayudas a familias apenas alcanzan los 305 euros por habitante, cifra que, en realidad, es aún menor. Una parte significativa de este presupuesto se destina a salarios y costes administrativos, reduciendo la ayuda directa a un 84% del gasto total.
Por segmentos, el gasto total de 14.679 millones de euros se distribuye de la siguiente manera:
- Seguridad Social: 5.415 millones de euros, una partida que no constituye ayuda directa, sino contraprestaciones por su origen.
- Administración central: 4.900 millones de euros, apenas el 0,3% del PIB, equivalentes a 102,4 euros por habitante.
- Comunidades autónomas: 2.390 millones de euros.
- Administraciones locales: 1.950 millones de euros.
Este reparto deja en evidencia la tacañería de las políticas públicas hacia la familia, explicando en parte la gravedad de la pobreza infantil y el riesgo de exclusión social que afrontan las familias con hijos.
Costes de la crianza y sus consecuencias
El elevado coste de criar a un hijo en España, estimado por la organización Save the Children, es de 758 euros mensuales de media entre el nacimiento y los 17 años. Contrasta con las ayudas ofrecidas por el Gobierno. Este gasto mínimo varía entre 604 euros mensuales en los primeros años de vida y 807 euros en la adolescencia (13-17 años).
La incapacidad de las familias para cubrir estos costes explica el bajo índice de natalidad, que en 2023 se situó en 1,12 hijos por mujer, uno de los más bajos del mundo. Cataluña, con una tasa aún inferior, no es la excepción, sino la regla. Además, esta situación agrava otros problemas sociales como el fracaso escolar, el abandono temprano y el elevado porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Un problema sin prioridad política
Ni el Gobierno ni la oposición parecen dispuestos a abordar este problema estructural. Mientras el Gobierno reparte migajas, la oposición permanece encerrada en debates menores. La dependencia de la inmigración como solución a la baja natalidad tampoco resuelve el problema: los nuevos contribuyentes suelen tener menor productividad, lo que reduce sus aportaciones a la Seguridad Social mientras las pensiones continúan creciendo.
La falta de políticas familiares no solo condena a muchas familias a la pobreza, sino que compromete el futuro del país. La relación entre una inversión insuficiente en la familia, el descenso de la natalidad y la crisis del sistema de pensiones es clara. Si no se toman medidas urgentes, España enfrentará problemas cada vez más difíciles de solucionar.
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