No es sólo con la oposición que el gobierno mantiene un conflicto interminable. Ahora mismo, Sánchez tiene abiertos por propia iniciativa tres conflictos: uno con empresarios, especialmente de la pequeña empresa, otro, el problema inmigratorio, y un tercero con la iglesia.
La característica común que define a los tres es que el enfrentamiento nace por la iniciativa del gobierno, que es el sujeto activo, y, en todo caso, los demás reaccionan. En lugar de buscar puntos de acuerdo y mejoras frente a problemas reales, como la posibilidad de reducir la jornada sin generar más costes a la empresa, el alud de inmigración irregular y la cuestión de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales menores de edad, el gobierno lo que hace es atizar la guerra.
En el caso de los empresarios, la tensión se ve multiplicada porque se añade un factor más, no pequeño: reducir la jornada laboral, a otros incrementos de coste que se han producido y que en parte o totalmente debe asumir el empresa. Esto incluye la ampliación de la paternidad y la maternidad, los costes adicionales para financiar la Seguridad Social, el considerable incremento del salario mínimo en poco tiempo y ahora la reducción de la jornada laboral. Esta reducción afectará muy poco a determinadas empresas y sectores, porque de hecho ya trabajan 37 horas y media, pero puede tener un coste importante para otras, especialmente cuando éstas tienen muy pocos trabajadores.
Yolanda Díaz, que es la autora de la iniciativa, en lugar de presentar un plan maduro diferenciando la dimensión de la empresa, características y territorios, lo ha hecho por la boquilla gorda, que es la más simple pero también la más perjudicial. La idea de que la reducción de 2,5 horas semanales mejorará la productividad no es generalizable, sobre todo en actividades como la hostelería, los cuidados a personas, y en general todo aquello en que la producción responde a un flujo de demanda variable a lo largo de un día.
El otro gran conflicto es con las comunidades autónomas con motivo de la distribución de los menores inmigrantes que se van acumulando en Canarias debido a la dimensión del flujo inmigratorio irregular que está registrando. Cabe decir aquí, ante todo, que la responsabilidad sobre la inmigración es competencia exclusiva del Estado y, por tanto, cabe preguntarse cómo se ha llegado a esta situación y qué ha hecho el gobierno Sánchez previamente para evitarla. La respuesta es que este gobierno no tiene una política inmigratoria digna de ese nombre más allá de pagar a Marruecos.
Sin embargo, se producen escándalos como los de junio del 2022 cuando cientos de inmigrantes intentaron saltar la valla de Melilla y hubo 23 muertes oficiales, 37 según las organizaciones gubernamentales, y muchos heridos. Sin embargo, no ha habido ninguna responsabilidad penal ni en España ni en Marruecos.
También fue Sánchez a Mauritania y pagó dinero, cuyos resultados son perfectamente descriptibles porque los cayucos siguen llegando con más gente que nunca a Canarias. Bajo esta premisa general se inserta el caso de los menores que lógicamente no pueden acumularse en Canarias como hasta ahora y deben redistribuirse. Sin embargo, el gobierno no hace público ningún plan, ni establece ningún mecanismo de financiación ni compromiso, a pesar de que constitucionalmente toda nueva actividad no prevista en las autonomías debe ser pagada por el Estado.
El mejor ejemplo es la reunión prevista de la sectorial con el ministro y las comunidades autónomas en las que el punto del orden del día es la reforma de la ley de extranjería sin más concreciones sobre las urgencias que el propio gobierno pide a las autonomías de hacerse cargo de los menores.
Tampoco ayuda a un buen enfoque que Sánchez pueda hacer una excepción en el caso de Catalunya por presiones de Junts, dado que su gobierno depende de sus votos. Todo ello es una manifestación de incapacidad política, de enredo y de ganas de transformar un problema humano en un arma política contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Mala pieza en el telar.
El tercer conflicto lo ha abierto Bolaños que, pese a ser ministro de Justicia, sigue siendo el primer apparatchik del sectarismo gubernamental. Cuando la iglesia ha preparado una respuesta concreta a las víctimas por la pederastia, que corresponde a su ámbito de actuación, Sánchez se interpone, quiere intervenir en la solución que corresponde a una entidad privada, a la vez que mantiene arrinconada a la mayor parte de las víctimas, más del 99%, que serían responsabilidad directa e indirecta del Estado y totalmente ignoradas.
No sólo eso, sino que castiga a las asociaciones, todas ellas muy pequeñas, de víctimas contra la iglesia. Cabe recordar que, según los datos disponibles, existen 45 veces más víctimas en los ámbitos que dependen directamente del Estado, como pueda ser el escolar, el de la atención de menores y otros vinculados a las administraciones públicas, que los referidos a la iglesia.
De hecho, detrás de esta polémica hay un escándalo que las cifras expresan con mucha claridad. El informe anual sobre delitos contra la libertad sexual de 2023 del Ministerio del Interior señala que los que afectan a los menores de 16 años fueron 9.185, una cifra bestial. Pues bien, si nos atenemos al “máximo imaginario” que es el del informe de El País, no confirmado por ninguna otra fuente, incluida el informe del Defensor del Pueblo, la cifra de víctimas de la iglesia remontándonos a finales de los años 40 es de 2.735. Es decir, el acumulado de estas víctimas a lo largo de 75 años significa sólo el 30% de las víctimas de menores producidas en un solo año, el 2023.
Que el gobierno español sigue ignorando estas magnitudes y se centre en la iglesia sólo hace que encubrir la práctica de la violencia sexual en niños y adolescentes, que cada año es mayor. Hay muchas formas de gobernar, pero la peor de todas es aquella que intenta mantenerse en el poder a base del conflicto, la polarización y de provocar la guerra de unos contra otros.
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