Cada vez es más evidente el peso que Podemos tiene dentro del gobierno (y fuera de él el PNV, pero esta es otra historia), de modo que las posiciones habituales del PSOE están quedando marginadas. Podríamos decir que se está reescribiendo el posicionamiento político de este histórico partido, precisamente cuando se encuentra gobernando y, por tanto, debería marcar la agenda política.
Un hecho que ha sorprendido a propios y extraños es la crítica que han efectuado diputados de Podemos al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la buena acogida que ha hecho de la sentencia del tribunal europeo sobre el retorno «en caliente» de los inmigrantes ilegales. No es habitual que las mismas fuerzas gubernamentales arremetan contra una figura gubernamental tan delicada como es el responsable de Interior.
El lío que se ha producido con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por la intervención del ministro Ávalos sólo se explica por el predominio interno que tiene Podemos en el seno del gobierno, porque la línea histórica del PSOE ha sido la de alinearse con los países occidentales, contra el régimen de Chávez, con la excepción de Rodríguez Zapatero.
El problema de Ávalos es muy claro. Por un lado, su extraña intervención en un tema que no es de su competencia; y por otro, el goteo de declaraciones suyas donde la última rectificaba la anterior.
De esta manera el problema ha tomado dos dimensiones: una, si la vicepresidenta venezolana con su presencia en España vulneró lo establecido por la Unión Europea, que le impedía pisar el territorio de la Unión, y si este hecho constituye un delito o no, cuestión que hoy ya está en manos de dos juzgados de Madrid.
Pero es que, con independencia de este hecho, las continuas rectificaciones de Ávalos, que es el número dos del PSOE, conllevan la sospecha de haber mentido. Y si se confirmara esta posibilidad, su situación política pasaría a ser insoportable. Sin Podemos este problema no estaría en la agenda del gobierno.
También es evidente la intromisión del vicepresidente Iglesias en la crisis de los agricultores, que ha tomado una dimensión extraordinaria. El responsable de este ámbito, el Ministro de Agricultura, que pertenece al PSOE, está absolutamente desaparecido, mientras que el protagonismo lo han asumido dos personajes del gobierno que pocas competencias tienen en el problema. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, e Iglesias, que tiene competencias en Asuntos Sociales. También es como mínimo pintoresco que todo un vicepresidente del gobierno, como ya antes hizo el presidente Torra con los CDR, invite las organizaciones agrarias a «seguir apretando». Quizá este papel de agitación no es lo que se espera de un vicepresidente del gobierno, que en todo caso lo que tiene que hacer es propiciar soluciones.
La reciente escandalera en el Congreso con motivo de la interpelación de la oposición por el asunto de la prostitución de menores tutelados por el gobierno balear abre otro capítulo de prácticas poco habituales en las gobernaciones del PSOE, por el lenguaje y por la actitud. La oposición criticaba al gobierno porque en el caso de aquella autonomía isleña, el gobierno formado por socialistas, Podemos y nacionalistas ha bloqueado la formación de una comisión de investigación en el Parlamento autonómico. La respuesta de Iglesias fue absolutamente denigrante e insultante para las diputadas que habían formulado la interpelación.
Es evidente que esta forma de proceder no facilita una situación política racional. También en el «deber» de Iglesias hay un tema agrario que no es el de los conflictos del sector, sino una cuestión más específica, que es la situación de los inmigrantes en los campamentos de la vergüenza de Huelva, que fue denunciada por el relator de la ONU sobre derechos humanos. Aquí el vicepresidente de Asuntos Sociales tiene una magnífica ocasión para actuar de acuerdo con sus competencias y en ayuda de la comunidad andaluza para resolver, o al menos mejorar, este escándalo humano. De momento, su respuesta en cuanto a abordar el problema ha sido silenciosa.
