El gran problema social y económico de España tiene un nombre claro: los salarios.
¡Qué paradoja tan cruel! Mientras el PIB crece y aparentamos ir por delante de nuestros vecinos europeos, la realidad cotidiana de buena parte de los trabajadores españoles empeora. Y no solo la de ellos, sino también la de sus familias. Esta situación ha empujado a España al deshonroso primer puesto en pobreza infantil dentro de la Unión Europea: un 21% de nuestros niños vive en estas condiciones. Un auténtico escándalo.
El 15% de quienes trabajan en este país se encuentra, aun así, en situación de pobreza. Es como si hubiéramos inaugurado una nueva categoría social: trabajar ya no garantiza unas condiciones de vida dignas. Este fenómeno golpea especialmente a los hijos: una de cada seis familias con menores, incluso trabajando, sigue viviendo en la pobreza, según el último informe publicado por Save the Children.
En 2023, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitaba 2.027 euros al mes —es decir, 24.324 euros al año— para poder vivir con un mínimo de dignidad. Sin embargo, el salario más frecuente en España ese mismo año fue de 15.574,9 euros. En conjunto, uno de cada cuatro trabajadores percibió entre 14.000 y 20.000 euros anuales. Si estas personas tienen hijos —ni siquiera dos, con uno basta— quedan atrapadas en una espiral de pobreza de la que resulta casi imposible salir.
La raíz de estos salarios bajos se encuentra en la enorme dependencia que tiene nuestro mercado laboral de sectores como la hostelería y lo que se suele agrupar bajo el cajón de «otros servicios»: cuidados domésticos, atención a personas dependientes… Esto explica, por ejemplo, que el 41% de las familias numerosas en Cataluña viva en situación de pobreza. Una injusticia enorme, ya que son justamente estas familias las que más contribuyen al necesario relevo generacional.
Estas familias, lejos de ser protegidas por el sistema, son ignoradas por un modelo que parece estar en caída libre, víctima de una natalidad desplomada. Y aquí no hay milagros que valgan: la inmigración masiva, lejos de ser la solución, agrava el problema en muchos frentes, como la presión sobre la vivienda o los servicios públicos. A largo plazo, muchos de estos inmigrantes acabarán recibiendo más en prestaciones de lo que habrán aportado en cotizaciones, lo que tensiona aún más el equilibrio fiscal.
Este fenómeno afecta especialmente al tramo de población que se encuentra en el umbral del salario más frecuente, es decir, entre los 14.000 y los 20.000 euros. Para ser exactos, el 25% de los trabajadores. Por debajo de esa cifra —tomando como referencia el valor medio en moneda constante de 2023— lo que una persona aporta al Estado en impuestos y cotizaciones no compensa lo que recibe en prestaciones públicas, incluida la jubilación.
Los bajos salarios han generado en España cuatro problemas de enorme gravedad.
Primero, el más alarmante: la dimensión de la pobreza infantil, un lastre que compromete el futuro de toda una generación.
Segundo, la perversión que vincula directamente tener hijos con caer en la pobreza. Esta asociación está destruyendo toda expectativa de desarrollo demográfico.
Tercero, la cuestión migratoria. Un fenómeno estrechamente vinculado a las necesidades de un sector turístico sobredimensionado, que más que aportar soluciones se ha convertido en parte del problema estructural de la economía española.
Y cuarto, la magnitud de los salarios insuficientes en el conjunto de la población activa, que provoca que una parte importante de quienes trabajan viva, aun así, en condiciones de precariedad.
Todo esto guarda una estrecha relación con los datos que arroja la encuesta trienal del Banco Mundial: el 54% de las empresas españolas considera que el nivel de impuestos representa una limitación grave para su actividad. A esto hay que añadirle el peso de la cuña fiscal española, que es claramente superior a la media de la Unión Europea y de la OCDE. También el esfuerzo fiscal, es decir, la relación entre lo que pagamos en impuestos y nuestro nivel de renta, revela una presión asfixiante.
Si bien puede existir en algunos sectores un cierto desequilibrio entre las ganancias generadas por la productividad y los salarios, lo verdaderamente determinante es la ineficacia del Estado. O, para ser más precisos, del Gobierno del Estado. Su aparato regulador, sus políticas públicas, la forma en que gestiona el dinero de los contribuyentes… todo apunta a un modelo disfuncional.
Un ejemplo reciente de esta dinámica ha sido la reforma de la jornada laboral. Una medida aplicada sin matices, que aumentará el coste laboral entre un 2% y un 6% sin que eso suponga una mejora salarial real para los trabajadores. Y, salvo algunas excepciones, el problema vital de España no es trabajar unas horas menos, sino cobrar un poco más. Y en muchos casos, mucho más. Especialmente para los jóvenes, las familias con hijos, y en general, para todos aquellos que perciben el salario más frecuente.
La gran pregunta que deberíamos hacernos —y que un gobierno responsable tendría que responder— es cómo conseguirlo. Eso es hacer política. Lo demás, como dar un bono joven de 100 euros para gafas, no pasa de ser caridad revestida de modernidad. Una limosna institucional con ecos de las antiguas señoras de la beneficencia.
Dar un bono joven de 100 euros para gafas, no pasa de ser caridad revestida de modernidad. Una limosna institucional con ecos de las antiguas señoras de la beneficencia Compartir en X
