Digamos de entrada que el Parlamento de Cataluña ha sido el único que se ha atrevido a entrar a revisar la extraordinaria mortalidad que hubo entre las personas mayores en las residencias. Pero también, en general, durante la covid de 2020. Hay que valorar este hecho, pero al mismo tiempo hay que señalar que queda desprestigiado por el paripé que representa su texto que, en ningún momento, pretende averiguar lo que realmente ocurrió.
Es una manifestación más de la desvergüenza política que no tiene límites, como lo demuestra que todo lo que se le ocurre decir a dicho informe sobre la mayor masacre habida en Cataluña después de la Guerra Civil es que hubo medidas “insuficientes” y, referido a la gente mayor, una “hospitalización desigual” cuando en realidad hubo un cribado brutal que decidía sobre la vida y la muerte en función de la edad del enfermo y sin más exigencia.
Murieron 8.000 residentes en estos centros, pero también muchos más que vivían en sus hogares y que el informe no aborda con suficiente profundidad.
Se asume que había falta de medios y de personal, descoordinación y desconocimiento sanitario, que las inspecciones en las residencias fueron deficientes, pero nada se dice de qué aspectos de los mencionados se podían haber atenuado con una práctica y dirección política diferente, porque no estamos hablando de un accidente que sucede en un período muy breve de tiempo, estamos hablando de un desastre humano que transcurrió a lo largo de meses y meses.
Este informe está en línea con la insensibilidad de las instituciones y partidos políticos catalanes; también en gran medida, de los medios de comunicación en relación a aquella gran tragedia. De hecho, cabe recordar que, de todo aquello, sólo surgió en ese momento un informe concreto que ponía de relieve todo lo que estaba pasando con un grado de concreción demostrativa que ningún trabajo posterior ha superado, porque prácticamente no existe. La sanidad catalana ha prescindido de revisar cómo fueron las cosas.
Este informe fue formulado por e-Cristians y tuvo una escasa acogida en los medios de comunicación. Vuelve a ser el momento de recordar sus puntos más importantes.
La desatención a las residencias de personas mayores, que no contaron con una supervisión sanitaria adecuada a pesar de que muchas de ellas no tenían ni capacidad para aislar a los enfermos ni material de protección para el personal. Era el preludio de una muerte anunciada. Pese a la elevada mortalidad, la reacción de la Generalitat fue tardía e insuficiente. No respondieron a las llamadas desesperadas de estos centros. El hecho era que ya el 6 de abril había 909 muertes en las residencias, una cuarta parte de todo el estado español. No hubo ninguna planificación global preventiva sobre la situación de las personas de más de 70 años que vivían en su casa, ni siquiera para las que vivían solas. Los centros de atención primaria lo hicieron por su cuenta, pero no hubo ninguna instrucción para localizar a toda esta gente.
Sin embargo, lo más grave de todo fue el cribado de los enfermos por edad. En principio para las personas mayores de 80 años, en la práctica para las mayores de 75 años. Las instrucciones del departamento de Salut desincentivaban el traslado de las personas a los hospitales por medio de las ambulancias. Este cribado, que se mantenía «en secreto», fue denunciado por un reportaje del Corriere della Sera del 1 de abril. Todos estos actos fueron justificados remitiéndose a diagnósticos clínicos que no tienen el aval de ningún médico, son fantasmagóricos.
En la práctica el único factor era la edad, y este hecho se jugaba no sólo con la desatención a las residencias, con la negativa a trasladar a enfermos a los hospitales, sino también con la asistencia médica. Toda persona de más de 75 años que tuviera dificultades críticas para respirar y que no respondiera sólo a la mascarilla de oxígeno, le era negado el acceso a la ventilación mecánica invasiva (VMI), el único recurso para mantenerla en vida .
No es cierto, como demuestran las instrucciones escritas, que se tuviera en cuenta el estado físico de la persona porque ese criterio restrictivo se aplicaba tanto a las personas de fragilidad grave como a aquellas otras sin limitaciones funcionales y que practican el ejercicio en forma de andar. La única variable «clínica» era la edad.
Este hecho significó en la práctica la aplicación de eutanasias masivas no consentidas, disfrazadas de términos que figuran por escrito como el de “plantear la limitación como un bien para el paciente”. La recomendación era no hacer nunca referencia “a que no hay camas para todos” y justificando el abandono del paciente a base del eufemismo de “no realizar tratamientos agresivos”. Las instrucciones que se dieron se pueden consultar aquí.
No se puede consentir que se pase página de hechos tan graves. Es una hipocresía decir que no es necesario buscar culpables porque la cuestión es que lo que hay que buscar son responsabilidades políticas y sanitarias. Algo muy difícil, dado que los grandes medios de comunicación catalanes no están para estirar la manta del poder, porque los partidos de oposición como el PP también tienen la paja en el ojo, véase el caso de Madrid, y porque la fiscalía y la defensora del pueblo han decidido que es un tema que ya está pasado y que no toca.
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