Pandemia: Caso de España. El necesario examen de Año Nuevo (2)

La sexta ola tiene un impacto colateral muy importante y no previsto en las bajas laborales, que desde principios de diciembre se han multiplicado de forma acelerada y que sin duda impactará sobre el PIB y la productividad del último mes del año.

Esta característica se suma a la deficiente situación económica que se ha producido a lo largo de todo este estadio pandémico. Es bien sabido que España es el país que cayó en mayor medida desde el punto de vista de su producción, al tiempo que es el que presenta las peores perspectivas de recuperación de entre los 24 países más industrializados del mundo. Esta realidad es fruto de dos vectores negativos muy distintos. El primero, el de la estructura productiva que nos hace más sensibles a la covid. En efecto, una tercera parte de la ocupación y un 30% del valor añadido depende de los sectores del comercio, hostelería, transportes y actividades culturales y recreativas, que son las que más sufren el impacto de la enfermedad. Es consecuencia del modelo económico que tenemos.

El otro vector es la incomprensible política adoptada por el gobierno Sánchez, que pasó de la centralización más absoluta, el estado de alarma y la suspensión inconstitucional de la actividad del Congreso de los Diputados a una feria de Calaf autonómica, donde el gobierno se eximía y que cada comunidad autónoma actuaba por su parte sin un marco legislativo que hiciera posibles políticas claras, coordinadas y más eficaces.

El resultado es que esta sexta ola vuelve a dejar una plena sensación de caos y medidas incomprensibles y poco eficaces. Sólo hay que considerar los múltiples cambios que ha habido en la consideración del test de antígenos, que empezaron con la mayor de las reservas, pasaron a una validación centralizada por la administración, hasta llegar al extremo actual de que cada familia se apaña y lo que informa a la farmacia es la referencia oficial. O también lo que ha ocurrido con el famoso pasaporte covid, que ha tenido una utilidad y utilización mínima, o con la fracasada aplicación del rastreo de casos. Y así la lista de medidas que van adelante y atrás y que se perciben como inútiles, sería muy larga.

Una vez más, se ha producido la sensación de falta de previsión. Es evidente, por la insuficiencia de las test de antígenos, pero también en la aplicación de la tercera dosis, que ha llegado tarde y no demasiado bien. Y aquí hay que hacer una llamada de atención, si es que sirve de algo. El ámbito científico anuncia que esta dosis complementaria tiene una eficacia plena de 2 meses y medio y que después su capacidad queda reducida.

Una constatación clara del pésimo funcionamiento ocasionado por la falta de dirección del gobierno Sánchez, y en concreto de la ministra de Sanidad Carolina Darias, es el reciente comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos que acusa a los políticos de no haber actuado de forma adecuada, eludiendo su responsabilidad de adoptar medidas más eficaces para no hacer “enfadar más a los ciudadanos-votantes”. Afirma también que “este bloqueo en políticas sanitarias lleva con frecuencia a trasladar la responsabilidad a la población para que se autoproteja y culpa a quienes no se vacunan o tienen conductas de riesgo”. Y añade «pero los efectos de esta estrategia son muy bajos y no pueden sustituir la acción de las autoridades sanitarias a través de políticas activas». Es remarcable la advertencia de que la vacunación por sí sola no funciona, y en este sentido sólo cabe recordar el caso del conocido actor Antonio Resines que sigue en la UCI a pesar de haber sido vacunado. La idea de que cada vez que baja la curva estamos ante el fin de la pandemia, que transmite el gobierno, ha contribuido a que la población pase por períodos de relajamiento que, después se transforman en quiebra pandémica.

Han pasado casi 2 años desde el inicio y no se ha producido ningún cambio sustancial en la forma de abordar la pandemia. Ni siquiera medidas técnicas tan sencillas como dotar a las escuelas y a los espacios públicos de medidores de CO2 para calificar la calidad del aire. Se sigue sin una ley de pandemias, sin una agencia de prevención de enfermedades contagiosas. No ha habido ningún análisis de las políticas llevadas a cabo y de los resultados obtenidos para poder orientar el futuro y, lo que es particularmente grave, no se ha adoptado ninguna medida para reorganizar y reforzar el sistema sanitario, sobre todo en su vertiente primaria. Y aquí cabe recordar una indicación del reconocido economista Josep Oliver Alonso cuando señalaba que la instancia europea del MEDE dispone de 200.000 millones de euros de créditos blandos para actuaciones dirigidas a combatir la epidemia. España no ha utilizado ni un solo euro de esa gran disponibilidad para mejorar en estos 9 meses su sistema de salud.

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