País Vasco y Cataluña, dos gobiernos con intereses contrapuestos

Este lunes 13 de abril es el primer día que quedarán exceptuados determinados supuestos laborales del confinamiento total; los más importantes son los de la construcción e industria, así como los autónomos a ellos conectados, como electricistas o fontaneros.
Esta era una reivindicación del gobierno vasco, reiterado por su presidente Urkullu, que observa con temor el destrozo que el confinamiento puede ocasionar sobre el tejido industrial.
En las antípodas, el presidente Torra, que exige continuar el confinamiento total hasta finales de abril, y hace responsable a Sánchez de los nuevos brotes que puedan surgir.
Entre medio, unas medidas, de dudosa eficacia en algunos casos, que el gobierno ha establecido para minimizar los riesgos.
Una de estas medidas es el reparto de un millón de mascarillas este lunes y martes. Llega tarde y es abiertamente insuficiente. Una mascarilla por persona que vaya a trabajar, si es que llega a disponer de ella, tiene poco recorrido, porque su utilidad difícilmente puede prolongarse más allá de unos pocos días. ¿Y después qué? La mascarilla es una barrera útil si es de uso generalizado y está en buenas condiciones, si no es así no resuelve el problema.
Sin embargo, pedir la distancia interpersonal en el transporte público es pura entelequia si no se aumenta la frecuencia del servicio. En todo caso, el impacto no lo observaremos hasta dentro de unos días, a partir de la próxima semana, mientras que esta se debería registrar en la reducción por el impacto del confinamiento total.
En la actualidad el factor R, la cifra de reproducción de contagios, está situada en 0,9. Cada infectado contagia a menos de una persona al día. Es el principio de la reducción, pero todavía tiene que disminuir más para considerar que la pandemia está reduciéndose de forma clara.
Si, como efecto de la medida de atenuar, que no suprimir, el confinamiento en determinados casos, aumentara el factor R, habríamos retrocedido y habría que volver al confinamiento total. Esto es lo que argumenta Torra. Con todo, hay que decir que, ateniéndonos a los datos de movilidad, la diferencia entre el inicio del estado de alarma y el comienzo de confinamiento total las diferencias fueron reducidas (de una movilidad, que varía según la ciudad, claro), del orden de magnitud del 70% se pasó a otro del 76%. Este margen de 6 puntos hace pensar que ahora, volviendo a la primera cifra, no se alterará la situación, y además se hará notar esta misma semana los efectos hasta ahora poco visibles del confinamiento total, dado que el período de incubación y duración de la afectación del Covid-19 difiere los escenarios en unos 14 días.

Pero, a pesar de que haya un riesgo controlado, ¿por qué incurrir en él? La respuesta es muy concreta: porque el daño económico del confinamiento es muy grande, cuanto más crezca, más dolorosa será la recuperación posterior.

Según el IFO Institute (Instituto de Investigación Económica de Múnich), cada semana de parálisis económica le cuesta a España entre 10.000 M y 20.000 M (equivalente a entre 0,8 y 1,6 puntos porcentuales sobre el PIB). Si la actividad económica se paraliza durante 2 meses, el impacto negativo sería de entre 101.000 M y 171.000 M (equivalente a entre 8,1 y 13,8 puntos porcentuales sobre el PIB). Si el paro económico fuera de 3 meses, entonces el impacto negativo sería de entre 141.000 M y 250.000 M (equivalente a entre 11,3 y 20,0 puntos porcentuales sobre el PIB).

Según Goldman Sachs, se prevé una caída en 2020 del 9,7% del PIB español. Con un incremento del déficit del 10%, un incremento de la deuda pública de hasta el 120% del PIB y una tasa de paro del 15% (hoy 13,6%). Este es el impacto evaluado para el conjunto español. Pero en Cataluña, donde la industria del automóvil, el turismo, la hostelería y restauración y las PYME y autónomos tienen un gran peso, el impacto podría ser ligeramente superior.

Por ejemplo, el sector hostelero con datos en toda España hasta mayo, que ya se da por perdido, considera que verá reducida su producción en un 40%, afectando a 300.000 puestos de trabajo y 140.000 empresas, y se necesitarán 16.000 millones de financiación. Pero, al mismo tiempo, el estado dejará de ingresar del sector 5.000 millones de euros.

Hay que considerar, además, que el confinamiento español, incluso después de las medidas de alivio parcial por razones de trabajo, es de los más duros de Europa, dado que no permiten salir a correr o a caminar, ni sacar a los niños a la calle.

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