El pasado 1 de febrero los militares de Myanmar, la antigua Birmania, incapaces de asumir que el pueblo había ratificado con sus votos el proceso de consolidación a la democracia eligiendo a un Gobierno salido de las urnas, decidieron dar un golpe de estado.
Desde entonces, las calles del país se llenan diariamente de opositores para manifestar su rechazo al golpe a pesar de la represión policial y las detenciones arbitrarias.
En un país sin las garantías del Estado de Derecho, los detenidos están incomunicados y las organizaciones de derechos humanos ya han denunciado el riesgo más que real de que la policía, legitimada y alentada por los militares, use la tortura y la violencia física en régimen de incomunicación.
