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Okupas. La arma electoral “secreta” de Colau

Barcelona es una de las principales capitales de la okupación en Europa. Siempre ha sido un foco de este tipo de actividad política que, en parte, reencarnaría las corrientes anarquistas que históricamente han tenido en Cataluña un gran asentamiento.

Cuando Colau ocupó la alcaldía, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se debilitó y sobre todo se disgregó en varios componentes que se han configurado como “sindicatos” de inquilinos o “sindicatos” de barrio. Grupos activistas que tienen como principal bandera política la vivienda.

Estos grupos son, en unos casos más duros y en otros menos, con Ada Colau, pero todos comparten tres características:

  1. Cuentan con el apoyo municipal en el ámbito político y previsiblemente en el económico, si bien este segundo se lleva a cabo de manera indirecta y a través de asociaciones que actúan como receptoras de las ayudas.
  2. Su objetivo es evitar el desahucio a través de la acción directa y el empleo, pero en la práctica este objetivo se traduce en el empleo y la acción contra los propietarios y la policía autonómica. En ningún caso contra los jueces. Los propietarios, que en su inmensa mayoría corresponden a personas físicas que tienen algunas viviendas, son el objetivo predilecto, más que los grandes grupos empresariales, porque son los más débiles a la hora del conflicto y la negociación. Mientras, el enfrentamiento con la policía proporciona imágenes que pueden ser utilizadas para mostrar la “violencia” de los Mossos, quienes se sienten particularmente desprotegidos políticamente en sus intervenciones ordenadas por la justicia.
  3. Consideran que el problema real de la vivienda social deben resolverlo los propietarios y no la administración local, en este caso, mientras que el estado y la Generalitat se escapan del foco.

Tenemos, por tanto, de esta manera un problema real: la falta de viviendas sociales, pero con una respuesta que exige, no a las administraciones públicas, por su débil política de siempre en este campo, sino a la parte privada.

Está por ver que, si el Ayuntamiento cambiara de color político, no se modificaran estas premisas, y la reivindicación entonces se dirigiera contra el poder municipal.

Estos grupos practican la ocupación ilegal en términos cada vez más abiertos y escandalosos. Por ejemplo, la ocupación que se produjo en el edificio número 56 de la Ronda de Sant Pere fue llevado a cabo por jóvenes que descendieron desde la azotea, encapuchados, con ayuda de cuerdas y arneses, por la fachada hasta la tercera planta, donde había un desahuciado que les permitió el acceso. Estos jóvenes, entonces, ocuparon y se atrincheraron en cuatro pisos que estaban en obras. La acción policial no se pudo producir porque se convocaron unas 200 personas en la puerta. Este hecho, más los correspondientes obstáculos judiciales, conllevaron la apertura de negociaciones con la propiedad, a la que le reclamaban que les dieran dos viviendas para poder usufructuar como vivienda social.

Estas técnicas de ocupación y residencia están combinadas con scratch, amenazas, pintadas, persecuciones en las redes sociales, a los propietarios y sus familias con intención de presionarles y que pacten. Se trata, por tanto, de grupos organizados que aplican una metodología precisa y probada, y que se componen de los núcleos que intervienen directamente en la ocupación más los que luego se concentran para evitar la intervención policial, y que no suelen sobrepasar como mucho las 200 personas, generalmente menos.

Barcelona se ha convertido en el principal centro de este tipo de actuación, y evidentemente en la medida que crece bajo el paraguas municipal y la inadecuación de la legislación vigente, es un factor que presiona, sobre todo en determinados barrios, contra el negocio inmobiliario, que en realidad es el objetivo último de esta iniciativa. Porque en su teoría la propiedad inmobiliaria no deja de ser una forma de explotación. Todo este colectivo, más las personas que han sido atendidas, éstas ya en un ámbito institucional por la Unidad antidesahucios del Ayuntamiento, llegan ya a unas 10.000 familias. En total se puede considerar que la masa crítica son unas 50.000 personas como mínimo, posiblemente más, que necesitan la continuidad de la política de Colau y, por tanto, son un voto fiel.

Esta línea política no se hace evidente en toda su dimensión en el análisis de la situación de Barcelona, ​​pero es un componente importante y dotado de una dinámica de crecimiento que lo convierte en un hecho político de primera línea.

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