No podemos confiar en los gobiernos que nos engañan sistemáticamente

Un principio fundamental en toda crisis es la confianza en el gobierno de turno. Sin ella, el conflicto está garantizado, y la verdad es que el gobierno Sánchez ha hecho lo imposible para crear desconfianza. Tanta, que permite ocultar las malezas del gobierno de la Generalitat, que por ejemplo tiene el dudoso honor de ser el segundo territorio donde ha muerto más gente mayor en las residencias. El gobierno español lo está haciendo de una manera que se ha convertido, como en su momento el PP, en una fábrica de argumentos favorables al independentismo.

Ahora, con la obligatoriedad de usar mascarillas, se pone de relieve el engaño al que hemos sido sometidos desde el primer momento. Después de que la consejera de Sanidad Alba Vergés, el ministro Illa y los asesores científicos del gobierno, empezando por el Dr. Simón, dijeran que las mascarillas eran innecesarias, si no contraproducentes, y esto en plena explosión del número de personas contaminadas en los meses de marzo y abril, ahora que apenas hay un nuevo contaminado cada 100.000 habitantes, se hace obligatorio lo que antes no lo era.

¿Cuál es la lógica de esta decisión? Una persona que vaya por la calle en Barcelona tiene escasísimas posibilidades de cruzarse con un portador, porque en principio no habrá más de 15 portadores en la ciudad, y de los cuales no todos se estarán moviendo, y tendrán una capacidad de contagio muy inferior a 1. ¡Y ahora hay que llevar mascarilla! Cuando eran 150 o 200 o más, y el R0 superaba de largo la unidad, no hacía falta. ¡Y luego dicen que velan por nuestra salud!

Ahora el Dr. Simón, sometido a la presión de los periodistas, ha reconocido que cuando decían que no eran necesarias, en realidad lo que sucedía era que no podían proveer el número suficiente de ellas, y por eso nos engañaban, en lugar de decirnos sencillamente la verdad y establecer un racionamiento que permitiera ir facilitando mascarillas a los que más lo necesitaban. Pero no, prefirieron tratarnos como menores de edad y no como ciudadanos que somos.

Este hecho y que han tardado más de dos meses en disponer de un artefacto tan simple como es este elemento de protección, descalifica la capacidad del gobierno para proteger realmente nuestras vidas, porque si no nos dice la verdad, nos es imposible reconocer la realidad en la que vivimos.

Sucede también un engaño similar con el número de muertes mezclado con una incapacidad profunda. Después de tantos y tantos días de mando único, el gobierno español es incapaz de ofrecer unas estadísticas dignas de este nombre en cuanto al número de muertos. ¿Tan difícil es conseguir homogeneizar los criterios de las autonomías? ¿Qué tipo de mando único es éste, que es incapaz de conseguir una estadística común para toda España?

El resultado es que no sabemos realmente cuánta gente ha muerto de coronavirus, a pesar de que cada día nos cantan las cifras y ahora el total oficial ya se acerca a los 28.000 muertos. Pero es obvio que esta cifra está lejos de la realidad, entre otras razones porque no incorpora las defunciones en las residencias o incorpora una mínima parte, y además no se conocen bien. Las cifras oscilan entre las 8.353 y las 18.426 personas muertas. Cifras, como se puede ver, extraordinariamente diferentes. Aunque lo más probable es que la segunda sea la real.

Esta dejadez en conocer este dato fundamental que, entre otras cosas, nos dice de la mortalidad del coronavirus, tiene una explicación política. El gobierno no tiene ningún interés en que se conozca el alcance de la mortandad y especialmente la que afecta a la gente mayor.

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A pesar de esta voluntad de tapar lo que ha sucedido, los hechos se imponen y en este momento se multiplican las denuncias de familiares contra el gobierno central y los gobiernos autonómicos, empezando por el de Cataluña, que ya incorpora 30 indagaciones por la vía penal. No se trata sólo de las familias afectadas, sino de la Fiscalía, que mantiene 374 investigaciones abiertas en todo el país. Con este amplio reguero de denuncias aparece de todo, desde la negativa bien conocida de trasladar al abuelo al hospital, muriendo en el geriátrico sin atención sanitaria, hasta aquellos casos en que el cadáver estuvo hasta tres días en la residencia sin que acudiera nadie del sistema de salud. Las protestas de los trabajadores de estos centros por falta de medicamentos es también otro de estos capítulos.

Todo ello clama con urgencia para un libro blanco sobre las políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia

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