Académicos y ex políticos, más de 350 personas de todos los ámbitos, expresan su preocupación por el deterioro de la situación política en España y la crisis institucional por medio de una declaración pública que concluye con un apoyo al rey. Entre los firmantes hay 50 catedráticos de universidad, una treintena de embajadores, empresarios, periodistas, profesionales de la cultura y más de un centenar de responsables políticos del PP, la UCD y el PSOE. Entre los firmantes se encuentran Javier Rupérez Rubio, Jordi Casas Bedós, y Eugenio Nasarre, entre otros. Reproducimos el manifiesto a continuación:
«Exhortamos a todos los poderes respeto al rey
Los firmantes, integrantes de todos los ámbitos de la sociedad civil, entre los que se encuentras exdiputados y exsenadores pertenecientes a diversas formaciones políticas, que han desarrollado su actividad parlamentaria en diferentes legislaturas desde 1977, empresarios, catedráticos, diplomáticos, … preocupados por las dificultades de las relaciones políticas e institucionales por las que atraviesa España, en un momento de extrema gravedad para los ciudadanos, debido a la pandemia que amenaza la salud y a los negativos efectos que la misma tiene sobre el futuro del bienestar alcanzado por los españoles, hacemos un llamamiento a los poderes públicos para restablecer la concordia democrática en torno a los principios proclamados en la Constitución y en el ordenamiento jurídico vigente. Por ello,
Apremiamos a los responsables políticos a restituir la colaboración leal entre los poderes públicos y a recuperar el respeto debido legalmente entre las instituciones que conforman la estructura de nuestro sistema democrático, factores que han sido esenciales para la convivencia durante las últimas décadas.
Apelamos al Gobierno de España para que ponga fin a sus discrepancias internas y evite las divergencias expresadas en declaraciones públicas, en especial las realizadas por algunos de sus miembros contra la Jefatura del Estado, ya que esas manifestaciones vulneran gravemente la voluntad del pueblo español que aprobó la Constitución, en la que se establece la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español.
Exhortamos a todos los poderes públicos, en particular al Gobierno de España, para que respeten al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, cuyas funciones constitucionales deben ser facilitadas. Excluirlo de actos institucionales en los que su participación ha sido una constante en los años anteriores, es una forma de proceder que va contra los propios actos del Gobierno.
Reclamamos a todas las instituciones el máximo respeto a los principios del estado social y democrático de derecho, en especial al principio de legalidad y exigimos su estricta sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tal como establece su artículo 9.1.
Instamos al Gobierno de España a que actúe de manera firme y terminante contra los comportamientos que desde determinadas instituciones autonómicas siguen intentando desestabilizar la democracia y, con ello, erosionando el sistema autonómico y la unidad de la Nación española, así como los principios de autonomía, integración y solidaridad establecidos en el artículo 2 de la Constitución.
Requerimos a los poderes públicos la defensa de los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político en todos los territorios que integran la Nación, para acabar con la limitación y restricción injustificada de los derechos fundamentales y las libertades públicas proclamados en la sección primera, del capítulo segundo, del título primero de la Constitución.
Exigimos de todos los poderes del Estado un urgente y firme compromiso para coordinar las administraciones y sus recursos, particularmente los sanitarios, de manera que les permita velar eficazmente por la salud de todos los ciudadanos y detener la expansión de la pandemia y de sus secuelas socio económicas. Igualmente pedimos a los partidos políticos que centren sus esfuerzos en alcanzar los acuerdos necesarios para atender a los españoles, dejando a un lado sus intereses políticos y electorales.
Urgimos de los poderes del Estado que todas sus actuaciones y decisiones sean acordes con la Constitución, poniendo fin a su utilización espuria para lograr fines distintos de los que exige la democracia.
Instamos a todos los partidos políticos, en especial a sus dirigentes, a que recuperen urgentemente la sensatez y el espíritu de mutuo respeto y concordia que le son exigibles, poniendo fin a estériles actitudes e iniciativas que dividen y enfrentan de forma preocupante a los ciudadanos. En este sentido, recordamos que las formaciones partidarias son cauce de participación y expresión del valor superior del pluralismo político, no instituciones para la agitación y la crispación social.
Por último, tras reiterar nuestra más profunda preocupación por la actual situación de España, queremos mostrar nuestro decidido apoyo a S. M. El Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado democrático, al igual que a todas las instituciones contempladas en la Constitución, en cuyos principios y valores se han fraguado la libertad, la paz y el progreso que hemos disfrutado los españoles durante estas últimas décadas, tras la aprobación de nuestra norma fundamental.»
