Armengol, Ábalos, Sánchez, Koldo, y seguramente habrá más afectados por el problema de querer hacer un negocio ilícito en plena tragedia de la pandemia. Unos estarán afectados porque se han lucrado delictivamente y otros lo serán por responsabilidades políticas que significa también morales. Que todo esto suceda ahora tiene mucha justicia poética. Un concepto éste, que se remonta a la antigua Grecia y que de hecho está presente en muchas tradiciones religiosas. Se refiere a la idea de que las personas reciben finalmente lo que merecen, sea bueno o malo, porque existe un orden moral en el universo, una ley en la que al final o antes se hace justicia.
Porque la verdad es que esa gran tragedia que tuvo su epicentro en el 2020 y parte del 2021 con la cóvid, y que dio lugar a todo tipo de excesos, nunca ha querido ser examinada por el poder, sea de unos o de otros. Y no es que no hubieran motivos para ello.
Constatamos dos. Uno, económico, precisamente el relacionado con el escándalo actual. En ese momento el gobierno de España gastó más de 1.000 millones de euros, 544 millones sólo en mascarillas, y eso ya explica cómo es posible que se produjera este gran negocio. Se sabe que en las compras hubo unas diferencias de precio brutal, desde las que van de 0,03 euros por unidad a 0,86, es decir, 28 veces más caras, pese a ofrecer el mismo tipo de protección. También con las FFP2 las diferencias fueron de 2 a 1. Recordemos que las mascarillas se vendían al público a 0,96 euros. España utilizó un fondo especial de 1.000 millones para la adquisición de material sanitario.
Revisar a balón pasado y con tranquilidad cómo se habían hecho todos estos procesos de compra y qué experiencias podían extraerse que mejoraran la situación de cara al futuro, parecía una necesidad evidente, pero no se hizo.
Pero es que aún es más grave que nada se revisara de la acción sanitaria a pesar de la tragedia, el número de muertos ha sido la mayor tras la Guerra Civil. Según World of Data, una de las fuentes más fiables en el análisis de datos, el exceso de mortalidad de la Covid, ha significado una tasa de 364,54 muertes por cada 100.000 habitantes. Lo que equivale a algo más de 1 muerto cada 3 personas. Si además se considera que la mayoría se producían en el grosor de la población de más de 75 años, podemos ver qué necesario era revisar lo ocurrido y aprender de la experiencia de cara al futuro. Pero nada de esto se hizo.
Se declararon reiterados estados de alarma que después el Tribunal Constitucional consideró que eran contrarios a la Constitución española. Vivimos meses y meses que en aras de la seguridad estábamos bajo un régimen policial, en el que el Congreso y el Senado, primero estaba suspendido y más tarde reducido a la mínima expresión. Todo esto ocurría porque España no disponía de una ley específica para afrontar epidemias masivas. Continuamos sin esta ley, a pesar de las promesas.
No se hizo ninguna comisión parlamentaria para estudiar el pasado, ni ningún libro blanco para extraer enseñanzas, ni se llamó a una comisión de expertos para que se pronunciaran; más aún, nos enzarzaron con una comisión de expertos fake. El ministro de Sanidad de entonces, Salvador Illa, se convirtió en una especie de superpolítico, que continúa con un gran predicamento, aunque es evidente que son responsabilidad política sus grandes errores que se cometieron entonces, pero tuvo su habilidad de deslizarse sobre las olas.
Ahora se producen hechos como el de un responsable del aparato socialista como Koldo, incriminado. Ábalos, liquidado políticamente por sus compañeros de partido y de modo especial por el hombre que contribuyó decisivamente a promocionarle, Pedro Sánchez. Y ahora, por si fuera poco, se añade la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que recordemos es la segunda autoridad del estado.
En este caso el escándalo se ha montado porque, por un lado, rechazaron como defectuosas las mascarillas proporcionadas por las empresas vinculadas a Koldo cuyo dictamen determinaba que no reunían condiciones, y poco después solicitaron fondos europeos para pagar estas mascarillas acreditando que estaban en perfectas condiciones. Tiene esa cuestión muy mala pinta. No sólo porque afecta a la segunda autoridad del Estado, sino porque implica a la UE y, de hecho, la comisión antifraude ya ha entrado en la materia. De confirmarse que se certificaron unas mascarillas que previamente se habían dado como defectuosas, el delito será evidente, y en todo caso la presidenta del Congreso tiene difícil continuar en su cargo.
Toda esta justicia poética acumulada en los desastres de la coalición de gobierno y su espectacularidad hacen pensar que existen muchas coincidencias con el fin de etapa de Felipe González. Él también llegó al gobierno, a diferencia de Sánchez, ganó, pero por poco, si bien al final la acumulación de corrupción y quiebras políticas le condenaron a su dimisión.
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