El Gobierno presenta una ley para limitar la dependencia de la publicidad institucional, pero fija el límite en un generoso 35 %. En un país donde la aritmética es el último refugio de la retórica, el resultado parece menos revolucionario de lo anunciado.
Hay leyes que nacen con vocación épica y mueren en la contabilidad. Esta nueva Ley de Publicidad del Sector Público pertenece a esa estirpe. Se anunció como un instrumento para blindar la independencia de los medios y garantizar la transparencia. Sonaba casi a desamortización moral. Pero cuando uno examina la letra pequeña —que es donde se esconde la verdad y, a veces, el presupuesto— descubre que el límite establecido es del 35 % de la cifra de negocios de cada medio.
Treinta y cinco por ciento
Conviene detenerse un instante en la cifra. En cualquier manual elemental de gestión empresarial, una compañía que depende en más de un tercio de un solo cliente no es independiente: es cautiva. No hace falta dramatizar; basta con sumar.
La cuestión, además, no es solo porcentual, sino conceptual. ¿Ese 35 % se aplica a cada cabecera —un periódico, una radio, una televisión— o al conjunto del grupo? ¿Se calcula sobre la facturación total o únicamente sobre los ingresos publicitarios? ¿Y qué ocurre con las grandes empresas participadas por el Estado? ¿También cuentan, o entran en el limbo estadístico?
La ley promete independencia, pero el límite parece elegido con una prudencia exquisita: una cifra lo suficientemente alta como para no alterar las costumbres del sector. Una cifra que, según los datos históricos, rara vez ha sido superada por los grandes grupos tradicionales. Es una limitación que limita poco. Una dieta que permite repetir postre.
Naturalmente, ningún medio de cierta dimensión ha protestado. Protestar contra un 35 % sería como discutir una herencia. Hay silencios que se explican solos.
Si la voluntad fuera verdaderamente preservar la autonomía, el tope no debería superar el 10 % o, siendo generosos, el 15 %. Pero eso abriría escenarios incómodos, especialmente en la prensa impresa, cuya fragilidad económica es conocida. Y la política, cuando puede elegir entre la pureza y la estabilidad, suele preferir la segunda.
El asunto se complica cuando se consideran otras vías de financiación pública: convenios, subvenciones, campañas institucionales vehiculadas por agencias, aportaciones autonómicas o municipales. Si la ley no integra estos flujos en un cómputo global, el límite será una ilusión contable.
Para que la transparencia no sea un eslogan, los balances de los medios deberían publicarse con un nivel de detalle suficiente para conocer con precisión la proporción real de ingresos públicos. Sin esa información, todo se reduce a una discusión teórica.
La pregunta esencial —la única verdaderamente incómoda— es cuánto han recibido hasta ahora. Si la ley no incorpora una memoria histórica de aportaciones públicas, la reforma nace sin contexto y, por tanto, sin capacidad crítica.
Al final, la aritmética es implacable. Cuando el cliente paga más de un tercio de la factura, la independencia deja de ser un principio y pasa a ser una aspiración retórica. Y en España, la retórica siempre ha sido más abundante que la contabilidad.
Para que la transparencia no sea un eslogan, los balances de los medios deberían publicarse con un nivel de detalle suficiente para conocer con precisión la proporción real de ingresos públicos Compartir en X
Cargando ...
