Una acumulación de hechos conflictivos ha obligado al presidente del Gobierno a intervenir para rehacer las costuras de la coalición. Ha llamado al orden con una insólita nota pública de la Moncloa señalando que el Ministerio de Trabajo, con todo lo que hace referencia a la crisis del coronavirus, está supeditado al de Sanidad.
La nota ha sido forzada por la iniciativa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, de distribuir una guía entre las empresas en relación con el problema sanitario, sin coordinarlo con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Tampoco lo hizo con los sindicatos y las patronales, transmitiendo así una imagen de unilateralismo nada adecuado en las actuales circunstancias. Junto a la nota, Sánchez ha convocado la primera reunión de la comisión de la coalición, precisamente con el fin de reconstituir, al menos en imagen, una unidad dañada.
La verdad es que las diferencias entre ambas formaciones no son menores y empiezan a aflorar.
El abordaje del tema de la inmigración es sustancialmente diferente, pero, a pesar de la magnitud de esta cuestión, donde realmente ha estallado la división es en la ley orgánica llamada de libertad sexual y que, como está cargada de ideología, ha provocado tensiones incluso en el propio PSOE.
Por esta característica ideológica, el anteproyecto de ley es profundamente divisivo, y más allá del conflicto sobre la invasión de competencias ministeriales y autonómicas que ha llevado a cabo Irene Montero, y del otro conflicto que puede suscitar la indeterminación de figuras penales, ha conseguido a la vez abrir otro frente en el ámbito del feminismo, especialmente del feminismo del PSOE.
Y es que bajo el concepto de igualdad de género y de perspectiva de género, que mucha gente reduce a la idea de igualdad entre hombre y mujer, hay un entramado ideológico complejo que tiene interpretaciones profundamente contrapuestas y consecuencias inmensas. El anteproyecto de ley, tal como estaba preparado, era el caballo de Troya de la teoría queer, que postula la identidad de género como un derecho y que considera que una persona tiene derecho a elegir por su propia decisión cuál es el sexo al que pertenece con independencia de su sexo biológico. Esta afirmación tiene profundas implicaciones prácticas, por ejemplo en el proceso educativo de los niños o en los derechos de las personas o en las grandes instituciones sociales, como el matrimonio, la maternidad y paternidad y la familia.
Por su parte, el sector mayoritario del feminismo del PSOE se inscribe en el feminismo de género, es decir, la lucha de las mujeres contra el patriarcado y la subordinación que éste impone. Esta concepción afianza la condición femenina y considera que abolir este rol, como hacen las identidades de género, significa debilitar la lucha de las mujeres para alcanzar su plenitud. Esta diferencia provoca choques en muchos otros aspectos. En el de los vientres de alquiler, que las feministas de género rechazan, como lo hacen con la prostitución. Mientras que la posición de Podemos es de aceptación.
Es sorprendente que en un país de los más desiguales de Europa en lo fundamental, la dimensión económica, con un gobierno que se autocalifica de progresista y con un partido que quiere configurar la izquierda auténtica y no reformista, como es Podemos, la prioridad y el gran tema de debate no sean las políticas de redistribución o la participación de los trabajadores en la empresa, sino las cuestiones sexuales y si una mujer es una mujer o es otra cosa.
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