La decisión de una mayoría de diputados de ERC, JxCat, Catalunya en Comú y la CUP de modificar arbitrariamente la forma de designar a los senadores que elige el Parlamento de Cataluña, vuelve a hacer evidente que las prácticas de la más alta institución catalana dejan mucho que desear desde el punto de vista de salvaguardar la democracia.
Todo viene a consecuencia de que, por razón del número de votos obtenidos, a Vox le corresponde designar un senador. Pero en la práctica de marginar a esta organización, estos partidos decidieron cambiar el procedimiento e imponer el resultado, no en función de la proporcionalidad, sino de la mayoría. De esta manera se rompía una norma que existe desde que los senadores autonómicos son elegidos. A esta operación no se le han querido añadir ni socialistas, ni Cs, ni PP.
No es la primera vez, ni mucho menos, que en el Parlamento se impone la dictadura de la mayoría simple para designar cuestiones que requieren mayorías amplias. Cabe recordar que la democracia no se fundamenta sólo en la decisión de la mitad más uno, sino que requiere también el respeto a las minorías y la búsqueda de consensos para cuestiones que se consideran muy importantes.
El precedente más decisivo de esta mala práctica se dio ya con los hechos de 2017 que culminaron con una declaración no declarada de independencia, una nueva figura del derecho político aportada por el independentismo catalán. En aquellas sesiones no sólo se rompió con la legalidad constitucional, sino que se liquidó el Estatuto de Autonomía por mayoría simple, cuando la misma legislación catalana pide una mayoría cualificada mucho más amplia. No tiene sentido que si los catalanes nos dotamos de una norma y exigían las tres quintas partes de los votos para modificarla, se pudiera emprender una decisión mayor, la de la independencia, con pocos diputados más de los que definen la mayoría absoluta. Este tipo de prácticas lo que en el fondo hacen es señalar la tentación totalitaria y también la debilidad de las fuerzas que la promueven, que demuestran de esta manera que no son capaces de obtener el apoyo necesario para la amplitud de los ciudadanos.
De manera casi simultánea con este hecho, se ha producido otro en el Parlamento, de carácter orgánico, pero que apunta en la misma dirección. La presidenta Laura Borràs ha decidido no cubrir la plaza de letrado mayor que está vacante. Esta figura, que existe desde el inicio del Parlamento catalán con su primer presidente Heribert Barrera, es muy importante porque dirige el trabajo del conjunto de letrados del Parlamento, los que garantizan la calidad jurídica de las normas y decisiones, y es el principal interlocutor jurídico con la presidencia.
Su ausencia significa que el equipo de letrados queda descabezado y no dispondrá de una dirección. Es evidente que esta decisión radica en que Laura Borràs no ha aprobado ninguna figura jurídica de peso suficiente para hacerse cargo de esta plaza y que estuviera dispuesta a correr el riesgo de saltarse una vez más la ley. Recordemos el papel importante que tuvieron los letrados, y especialmente el letrado mayor y el secretario general, en los conflictos anteriores sobre la independencia y sus reiteradas advertencias a la legalidad.
Para situar una referencia sería como si el Ayuntamiento de Barcelona no nombrase al secretario general porque le molesta que este le recuerde que hay normas que cumplir necesariamente. Todo ello degrada la imagen del Parlamento a ojos de la población de Cataluña y deteriora su prestigio como institución en el ámbito español y europeo, porque aparece como una especie de instrumento al servicio de las cambiantes manías e intereses de un grupo de partidos que lo usan, no como lugar privilegiado de representación de todos los catalanes, sino para sus particulares guerras partidistas.
Laura Borràs ha decidido no cubrir la plaza de letrado mayor. Su ausencia significa que el equipo de letrados queda descerebrado y sin dirección Share on X
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