Las explicaciones del gobierno ante la nueva y clamorosa subida de las tarifas eléctricas, muestra la naturaleza viciosa, es decir, contraria a la virtud, de las políticas públicas que practica.
La realidad pura y dura es que, la factura de la electricidad se ha incrementado desde el 1 de junio un 41% de media en los tramos de mayor consumo, según los datos facilitados por la OCU. El precio se mantiene más o menos igual en el periodo llano, y parece reducirse, o mantenerse igual que antes en las horas de menor demanda. Pero esta observación es de pocos días y hace falta ver la evolución, que será sin duda al alza. El propio gobierno ha calculado que ingresará hasta 2.200 millones por esta causa, el doble que el año anterior.
El beneficiario es el gobierno
¿Pero por qué crece la factura? La causa principal es muy concreta. Obedece al extraordinario incremento que ha registrado el precio de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Es el conocido como Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), por sus siglas en inglés. En realidad, estamos pagando uno de los costes de la transición energética, que forma parte del programa de gobierno y del proyecto europeo. Ir hacia una sociedad más “verde” tiene un coste para todos los ciudadanos. Este principio debe ser bien asumido y explicado,pero en lugar de informar el gobierno solo siembra confusión.
Asumido el coste en beneficio del medio natural, la cuestión clave, la política, es debatir y decidir cómo se distribuye. Y esto es lo que se nos está hurtando, de manera que a la hora de la verdad siempre acabamos pagando los mismos. Es el caso de las tarifas eléctricas.
La aceleración de la descarbonización ha supuesto un espectacular incremento del coste de las emisiones de CO2. Un 150% este último año. Y, naturalmente, como una buena parte del mix de producción eléctrica genera dióxido de carbono, el batacazo en la factura se nota. Pero en lugar de explicarlo, el gobierno de Sánchez se escuda detrás de unos fantasmagóricos “mercados internacionales”, ante los que no puede hacer nada.
Pero se trata de una explicación fraudulenta. Estos mercados internacionales no existen. Es la Unión Europea quien regula el mercado de las emisiones, de manera que los precios no se mueven libremente, sino que se mantienen en bandas predefinidas por Bruselas. Pero una serie de políticos comunitarios, y entre ellos y de una manera destacada Pedro Sánchez, han estado exigiendo la aceleración de la transición energética. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones. En 2018, en 2020 y todavía repitió hace pocas semanas. La consecuencia es, que cuanto más deprisa se quiera ir por esta vía, más ha de crecer el coste de las emisiones.
Por tanto (1) son los gobiernos quienes lo desencadenan. (2) En el caso español el resultado le depara 1.100 millones de euros más, que salen de nuestros bolsillos. Lo justo sería que nos devolviera este importe aplicado a reducir la factura de la electricidad, de manera que la parte regulada se reduciría un 7,5% y la factura final un 4%. Pero eso es precisamente lo que el gobierno no quiere hacer. Después ayudará a la pobreza energética con un 0’2% de su beneficio extra y pedirá que le aplaudamos por como construye el “escudo social”.
El escándalo del IVA
Pero no termina aquí el fraude, sino que se multiplica con el IVA. El que el gobierno de España aplica a la electricidad corresponde al nivel más elevado de Europa. El 21%, tres puntos superior a la media de una muestra de 21 países de la Unión Europea, en la que este tipo de impuesto se encuentra en el 18%, según la Agencia Internacional de la Energía. La comparación con nuestros vecinos es todavía más escandalosa. En el Reino Unido este IVA es del 5%, en Francia del 5,5%, en Italia del 10% y en Alemania, que es de los caros, llega hasta el 19%.
¿Por qué pagamos tanto por el IVA? Porque así lo desea el gobierno. El castigo a la población con menos ingresos, la causa última de la pobreza energética viene en gran medida de ahí. ¿Pero alguien ha oído a Unidas Podemos tratar de esta cuestión? Claro que no. Se trata de alardear de ínfimas ayudas, las migajas de la mesa de Epulón, y no de abordar la cuestión. Con un IVA como el italiano y el retorno de los 1.100 millones de más que ingresará el gobierno, pagaríamos de media un 15% de menos de factura eléctrica.
Los impuestos eléctricos son una gran fuente de ingresos para el gobierno. Este año prevé ingresar 11.374 millones de euros, de los cuales 6.322 millones, corresponden a aquel impuesto. ¿Por qué en España el agua tiene un IVA del 10%, el mismo que Italia, pero aquí para la electricidad es el doble, mientras que en la vecina península, tiene el mismo tipo del 10%, que es lo lógico?
El IVA, es técnicamente un impuesto neutro, pero desde el punto de vista socioeconómico, es un impuesto regresivo, porque castiga más a las rentas inferiores. Y eso, evidentemente, también ocurre con la electricidad. La conclusión es obvia: menos discurso sobre la pobreza energética y el escudo social y más reducción del IVA.
El estudio Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles calcula, que las rentas inferiores, las comprendidas entre 23.723 y 11.584 euros, que corresponden al primer quintil, son las que pagan por IVA e impuestos conexos, el máximo con relación a sus ingresos, el 14,66%. Pero para las que se sitúan en el “top” de ingresos, el centil máximo, situado a partir de 133.721 euros, solo representa el 4’06%. Quienes menos ingresan pagan tres veces y media más. Entre ambos extremos, la evolución siempre es la misma: a menores ingresos más impacto del IVA sobre la renta.
¿Se puede modificar el IVA que es un impuesto de regulación europea? Claro que se puede. Por ejemplo, en 1995 el ejecutivo socialista suprime el impuesto del 35% sobre determinados bienes de lujo.
En realidad, una de las mejores políticas sociales que se pueden hacer en España, es una revisión a fondo del IVA, para que su tipología favoreciera a quienes menos ganan con el fin de mejorar su renta familiar disponible.
Artículo publicado en La Vanguardia