El País , incluida su presunta Defensora del Lector, Soledad Alcalde , escribe desde una supuesta supremacía ética que, en la práctica, traiciona los principios del periodismo. Su línea editorial, estrecha y marcadamente ideológica, le obliga a forzar la realidad para adecuarla a sus objetivos. Esto es exactamente lo contrario de informar. Apenas cuenta con un par de colaboradores –como la brillante Ana Iris Simón– que van por libre y que actúan como coartada de un pluralismo inexistente bajo la férrea ortodoxia del medio.
El pasado sábado, este diario publicaba un artículo firmado por el periodista Álvaro Ruiz , en el que se afirmaba que «la extensísima investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia calculó que había en España unas 440.000 víctimas de pederastia en el ámbito eclesial». Esta afirmación del periodista de El País es una fake news de proporciones catedralicias —como la Sagrada Família—, y además ha sido desmentida por el propio presidente de GAD3, Narciso Michavila, cuya empresa realizó la encuesta para este informe. Michavila calificó esta cifra de «delirio estadístico». Sin embargo, y a pesar de que la Defensora del Lector ha recibido numerosos escritos advirtiendo que se trata de un dato falso, una cifra que El País ha fabricado y difundido sin base alguna, la siguen repitiendo.
Vamos por partes. En primer lugar, en ningún sitio del Informe del Defensor del Pueblo aparece esta cifra de 440.000 víctimas. De hecho, el informe no proporciona ningún dato global en valores absolutos. Se alimenta de dos fuentes completamente distintas —que no se comparan entre sí en las conclusiones, con buen criterio, puesto que hacerlo pondría en evidencia su falta de coherencia interna.
Primera fuente
La primera fuente son los casos documentados directamente por el Defensor del Pueblo a través de entrevistas. Fueron 445 casos recogidos en su informe de 2023, abarcando un período de casi 80 años, lo que da una media anual inferior a seis casos. Además, según el mismo informe, el 75% de estos abusos ocurrieron entre 1960 y 1990; solo el 25% restante -una cifra muy reducida- corresponde a los últimos 30 años.
Tras la publicación del informe, se han añadido más casos, pero sigue tratándose de una base de datos pequeña, más centrada en el pasado que en la realidad del siglo XXI.
Para hacerse una idea del poco volumen de estos datos, basta destacar que, según el Ministerio del Interior, en el 2023 se registraron más de 9.300 delitos contra la libertad sexual de menores. Otro dato revelador: El País dispone de su propia base de datos sobre pederastia en la Iglesia, pero apenas coincide en un 13% con los casos recogidos por el Defensor del Pueblo. Una discrepancia de esa magnitud no puede pasar desapercibida.
Segunda fuente
La segunda fuente del informe es una macroencuesta realizada por GAD3 con 8.000 entrevistas. Esta gran muestra -con un margen de error de +/-1,1%- se diseñó precisamente para intentar compensar la escasez de testigos reales obtenidos. Sin embargo, solo se registraron 48 agresores religiosos (un 0,6% del total de entrevistados), la única cifra clara del estudio. En otro apartado se menciona un número total que, añadido a los 48, da 91 personas vinculadas a instituciones religiosas, pero no se detalla cuántas de ellas formaban efectivamente parte de la Iglesia católica, ni cuántas pertenecían a otras confesiones. El informe admite que este grupo es heterogéneo. Además, como ya se ha dicho, los casos recogidos abarcan un período de ocho décadas.
Podemos afirmar, por tanto, que los datos contrastados se reducen a 48 religiosos y un total de menos de 91 personas con algún tipo de vínculo eclesial. Esto es todo lo que el informe permite afirmar con rigor.
A partir de esa base tan limitada, El País extrapoló la cifra de 440.000 víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia, aplicando una chapucera regla de tres. Lo grave es que el diario omitió que, con esta misma metodología y utilizando los propios datos de la encuesta, el número total de menores que habrían sufrido abusos sexuales en España ascendería a más de 4,6 millones.
La gran pregunta es: ¿por qué El País pone el foco exclusivamente en las 440.000 presuntas víctimas eclesiales y omite hablar de los otros más de cuatro millones?
Como señaló Michavila, el delirio estadístico es evidente: si estas 440.000 víctimas fueran reales y acumuladas a lo largo de 80 años, implicaría una media anual de 5.500 casos solo en el ámbito eclesial. Sin embargo, según el Ministerio del Interior, en 2013 se registraron 3.364 víctimas de abusos sexuales a menores en total. Es decir, el supuesto número de víctimas atribuido a miembros del clero sería superior al total de casos registrados en toda la sociedad.
Más insólito aún: si aplicamos el mismo método de extrapolación utilizado por El País, la media anual del total de víctimas menores de edad en España alcanzaría las 57.500. Esto supone más del doble del total de abusos sexuales –a menores y adultos– notificados oficialmente en 2023.
Todos estos datos proceden de un libro recientemente publicado por Sekotia de Almuzara libros: La pederastia en la Iglesia y la sociedad. El gran chivo expiatorio de Josep Miró i Ardèvol, que es el único estudio que profundiza en este tema tan encubierto por las instituciones y la propia sociedad de la violencia sexual en menores, y donde se recogen y analizan todas las fuentes disponibles, en un análisis exhaustivo.
Pepa Bueno, directora de El País, Soledad Alcalde, Defensora del Lector, el periodista Álvaro Ruiz, autor del artículo, y todos los responsables editoriales involucrados en esta publicación, saben perfectamente que lo que escribieron no es cierto. Lo saben porque ha sido desmentido por lo sucedido. Y si están dispuestos a manipular cifras tan fáciles de verificar, ¿qué no estarán haciendo con informaciones mucho más difíciles de contrastar?
Si están dispuestos a manipular cifras tan fáciles de verificar, ¿qué no estarán haciendo con informaciones mucho más difíciles de contrastar? Compartir en X
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