A medida que se van conociendo los documentos que regularán la concesión de las ayudas y préstamos por parte de la Comisión Europea, se van perfilando unas exigencias que, no por ser absolutamente razonables, dificultarán mucho la gestión española. Hasta ahora el gobierno Sánchez había tendido a presentarnos las conclusiones de las ayudas como un camino de rosas. No se imponía ninguna condición. Sólo había que presentar proyectos en un ámbito temático muy amplio (digitalización, economía verde, etcétera) y «tira que te vas». La realidad es muy diferente. En términos precisos, es ésta:
«Los Estados miembros deberán examinar el paquete completo de recomendaciones específicas dirigidas a ellos por el Consejo, en particular las de los ciclos de 2019-2020». Esto traducido significa que España deberá presentar un programa integral juntamente con los productos que:
- Quede preservada la sostenibilidad del sistema de pensiones.
- Fortalecido el marco presupuestario.
- Mejorada la situación de la contratación indefinida.
- Ponga fin a la fragmentación de las ayudas al desempleo.
- Abordado el abandono escolar.
- Corregidas las disparidades educativas entre autonomías.
- Evaluadas la investigación y la innovación.
- Evaluadas la eficiencia del gasto.
- La Ley de Garantías de la Unidad de Mercado.
Todo esto son deberes que deben formar parte del programa.
Además, este sufrirá un examen de acuerdo con siete puntos y tendrá una calificación para cada punto: A (si lo cumple bien), B (si el cumplimiento es parcial) y C (si no lo logra). Los siete puntos a clasificar del plan de inversión y reforma son los siguientes:
- Digitalización.
- Si el impacto del plan es duradero.
- La mejora potencial del crecimiento.
- La creación de empleo y la resiliencia social.
- Los costes de las inversiones.
- La coherencia entre inversiones y las reformas apuntadas más arriba.
- El plan de implementación, incluido el calendario de las inversiones con sus metas y objetivos.
El problema para un país es que para recibir los fondos no puede tener ninguna calificación C, ni más calificaciones B que A (máximo tres calificaciones B), y además debe conseguir una calificación A en el punto de la transición verde o el impacto duradero. Hay que recordar que España no se ha caracterizado hasta ahora, ni en el uso de los fondos europeos, por una gran eficacia administrativa. Y por lo tanto el interrogante que se cierne es muy importante. En el último periodo sólo logró ejecutar el 40% de los recursos de los que disponía.
Es posible que el listón que impone la Comisión Europea sea rebajado en el Parlamento. Una idea en este sentido es que, para cada uno de los epígrafes que no registre una A le sean retirados el 5% de los fondos, lo que haría que, aunque el examen fuera mal, el país en cuestión pudiera llegar a disponer de más de la mitad de los fondos.
Veremos en qué para todo esto, pero en todo caso es evidente que lo mejor que puede hacer el gobierno y el conjunto de los liderazgos económicos de la sociedad española es ponerse las pilas si no se quiere que todo termine en una gran frustración.
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