El Banco de España ha hecho público un estudio de obligada lectura, La economía española ante el reto climático, que ofrece una panorámica muy concreta de las repercusiones que este fenómeno decisivo tendrá sobre la economía y la vida de las personas. Coincide prácticamente en el tiempo con el informe que ha presentado la AIReF sobre el Programa de Estabilidad que el gobierno ha presentado en la Comisión Europea.
Se trata de un documento muy crítico con las previsiones que hace el gobierno Sánchez. Pero más allá de este hecho lo que vale la pena señalar es que son instancias como el Banco de España y el AIReF, es decir, independientes de la política, las que están ofreciendo a la sociedad información sobre nuestro presente y nuestro futuro, de modo que podamos forjarnos criterios bien fundamentados. Estamos viviendo una profunda perversión de la política, donde mientras estas instancias independientes ponen en conocimiento de la sociedad lo que el gobierno debería hacer, este se dedica solo a hacer lo que cree que le da votos, con independencia de que corresponda o no a las urgencias o necesidades reales.
Pero, vayamos a lo que plantea el informe del Banco de España. Nos ofrece una visión del impacto que tendrá el cambio climático y sus consecuencias sobre el territorio en función de si el aumento de temperatura que se producirá en relación con las medias del período 1981-2010 es de 1’5°C , 2ºC o 3ºC. En los dos últimos casos es evidente que Rusia y los países nórdicos registrarían un cambio radical de sus condiciones ambientales, porque sería el territorio donde la temperatura registraría un mayor aumento. Este hecho puede tener para ellos consecuencias positivas, pero también puede acentuar el problema si se descongela el permafrost siberiano que liberaría grandes cantidades de metano a la atmósfera y aceleraría el cambio climático.
En cuanto a la península, los impactos más importantes se producirían en el centro, sur y Pirineo en cuanto a las temperaturas. También es muy remarcable la evolución de las precipitaciones, que mientras que aumentarían sustancialmente en Europa, caerían y mucho en la península sobre todo desde el centro hacia el sur, lo que crearía un serio problema y con consecuencias sobre los días con escasez de agua.
En este contexto Cataluña se vería básicamente afectada por la sequía, excepto el valle del Ebro que seguiría disponiendo de recursos sin especiales problemas.
Por tanto, primera conclusión: necesitamos una gestión y unas infraestructuras que prevean la escasez de recursos hídricos, el aumento de la evapotranspiración en el campo y la acentuación de la burbuja de calor en las ciudades. El impacto variará mucho según los sectores. Los más afectados serán, en primer lugar, el transporte, seguido de la agricultura, manufacturas y hostelería, es decir, básicamente el turismo. Los demás también registrarían cambios significativos, pero en menor medida. Por lo general cuanto más pequeña sea la empresa, más impacto negativo registrará, si bien esta característica debe cruzarse con la relacionada con el sector.
En este momento no existen políticas adecuadas ni desde el gobierno español ni desde la Generalitat que contemplen e intenten atenuar ese impacto.
Como puede constatarse, el efecto de la transición ecológica es asimétrico y esta característica se da también en los diferentes grupos sociales. Según el estudio “existen claros indicios de que los diferentes tipos de hogares puedan verse afectados de forma muy distinta por el proceso de transición ecológica… el previsible incremento en los precios de los bienes y servicios más contaminantes… probablemente incidirá de forma más acusada sobre los hogares con menos nivel de renta y aquéllas en las que el cabeza de familia tenga entre 35 y 45 años, los que residen en zonas rurales, los que tienen un menor nivel educativo o los que presentan un mayor número de miembros”. Por tanto, las familias de bajo nivel de renta, si, además, viven en zonas rurales, tendrán un impacto negativo mucho mayor. El problema se acentúa porque en el caso de España no existe ni política familiar ni políticas de desarrollo rural dignas de ese nombre por parte del estado.
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